Humans Right Watch y Johns Hopkins: "Es imposible que solo haya 1.000 casos de COVID-19 en Venezuela"

Por baja fiabilidad de las pruebas, por la escasez prolongada de agua en hospitales y por la persecución de médicos y periodistas que niegan la versión oficial, la organización Humans Right Watch y los centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos, dudan de la cifra de 1.121 casos y 10 fallecidos por COVID-19 que da el gobierno de Nicolás Maduro.

Estas organizaciones de derechos humanos presentaron hoy, martes 26 de mayo, un informe en el que reclaman a la comunidad internacional ayuda urgente para que Venezuela pueda enfrentar la pandemia.

«La absoluta falta de preparación del sistema de salud venezolano para la llegada de la pandemia de COVID-19 agudiza el riesgo para la salud de los venezolanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad», refirió el informe.

Para Humans Right Watch, conocida por sus siglas HRW, la cifra real de contagios y decesos por COVID-19 en Venezuela debe ser «mucho mayor».

«La escasa disponibilidad de pruebas fiables, la falta de transparencia de la administración e incluso la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial» son las razones que ofreció el director para las Américas de Humans Right Watch.

Vivancos, en videoconferencia, declaró: «Estamos ante una situación gravísima. La falta de agua en hospitales ya era un enorme problema para el colapsado sistema de salud venezolano antes de la pandemia. Ahora, los médicos no tienen agua para lavarse las manos, que es una de las medidas básicas para prevenir el contagio».

Mucho más de lo admitido

El gobierno de Maduro se ufana de ser el país con mayor número de pruebas hechas. Esto ha sido cuestionado varias veces por especialistas nacionales e internacionales. Entre ellos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y la ONG Transparencia Venezuela. El punto más cuestionado es que un bajísimo porcentaje de esas pruebas son del tipo más fiable, el PCR.

Al decir del director de Humans Right Watch, «las autoridades (del gobierno de Maduro), fieles a lo que se hace en dictadura, se preocupan más por ocultar cifras y perseguir a quienes denuncian la realidad en el país, incluyendo médicos y periodistas, que en contener la pandemia».

Agregó que no saben cuántos casos hay en realidad, pero sí que, en el contexto que se documenta, es imposible que sean solo 1.000 casos, como sostienen las autoridades.

Exponen que «la negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades (venezolanas) debilita significativamente su capacidad de respuesta ante la pandemia».

Lo que oculta el gobierno

Las condiciones de vida en Venezuela son paupérrimas. La disponibilidad de agua es un grave problema de salud pública.  También, el hacinamiento, registrado a través de muchas fotos y videos, en zonas populares y en cárceles, hace que el coronavirus se extienda con rapidez.

En su informe, Humans Right Watch es contundente: el sistema de salud venezolano está colapsado.

“La crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud generan una peligrosa situación, que favorece una rápida propagación del virus en la población en general. Sufren condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales”, afirmó Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad estadounidense Johns Hopkins y de los Centros Johns Hopkins.

Estar sin agua es la forma de vida

La situación de los hospitales es bien conocida por HRW. Entre diciembre y enero, entrevistaron a trabajadores de la salud de 14 hospitales públicos de Caracas y de cinco estados de todo el territorio: Anzoátegui, en el Oriente; Barinas y Lara en el centro; Bolívar al sur y Zulia, en el Occidente, en la frontera con Colombia.

Lo más preocupante, para ellos, es la falta de un servicio público vital, como es el agua. «Preocupa especialmente que sea habitual la escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene».

La falta de agua es prolongada en el tiempo en Venezuela. En Caracas, hay urbanizaciones residenciales completas que desde hace más de seis años solo reciben agua dos veces por semana. En las barriadas la situación es peor. Pueden estar meses sin que salga agua por los grifos.

El gobierno de Nicolás Maduro nunca ha hecho inversiones serias para subsanar esta situación. Tampoco parece tenerlo en sus planes. Recientemente, prefirió comprar, a dos empresas mexicanas, mil camiones cisternas (con capacidad de 30 mil litros) para repartir agua en forma itinerante, en lugar de mantener y reparar los sistemas que surten de agua al país.  Cada vez que las reparte, se forman aglomeraciones que incumplen totalmente el distanciamiento social recomendado contra la COVID-19.

Así de provista Venezuela para la contención del #SARS_CoV_2 https://t.co/uftU25wEm6

— susana raffalli a (@susanaraffalli) May 26, 2020

Curar sin agua

En los hospitales es peor aún. En la encuesta realizada por Humans Right Watch, 64,2 %de los trabajadores de salud informaron un acceso intermitente al agua potable entre el 27 de febrero y el 1° de marzo. Y, más grave, 31,8 % admitieron que nunca tienen agua potable.

«En algunos hospitales en zonas remotas, los cortes de agua han durado semanas e, incluso, meses. Los pacientes y el personal de la salud se ven obligados a llevar su propia agua para consumo, para lavarse las manos antes y después de procedimientos médicos, para limpiar insumos quirúrgicos y hasta para descargar los inodoros. Por la falta de acceso al agua, los proveedores sanitarios no pueden lavarse las manos, lo cual es crucial para contener la propagación de la COVID-19», sentenciaron en el informe.

Citan a la Red Nacional Médicos por la Salud, que asegura que el porcentaje de hospitales públicos venezolanos con acceso intermitente al agua creció de 28 % en 2014, a 69 % en 2016. En 2019, 70 % dijo tener acceso intermitente al agua y 20 % informó no tener ningún acceso.

Agregan que la enfermedad también podría transmitirse con rapidez en barrios populares y en cárceles sobrepobladas, debido a la falta de garantías básicas de salud pública y el deficiente acceso al suministro de agua.

«Las condiciones de pobreza, hacinamiento habitacional y desnutrición en las que se encuentran muchos venezolanos son el ámbito ideal para que se propaguen enfermedades infecciosas», resumen.

Los peores hospitales

El agua no es lo único que falta en los hospitales. Escasean productos de higiene, artículos de protección contra la COVID-19, insumos médicos y fármacos.

«El sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la COVID-19», insiste HRW.

Los profesionales médicos y de enfermería entrevistados por la organización de derechos humanos dijeron que no hay jabón ni desinfectante en sus hospitales. Con la hiperinflación y la devaluación de los salarios, cada vez les resulta más difícil llevar sus propios insumos, como jeringas o guantes. Durante años, los propios médicos y enfermeras han financiado la atención que ellos mismos proveen a los enfermos.

Humans Right Watch encuentra coincidencias entre sus planteamientos y otras denuncias. El 21 de mayo de 2020, Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas hizo un sondeo en 16 centros de salud. Denunció escasez de agua en 8, de guantes en 7, y de jabón y desinfectante en 15. En 8 tampoco había tapabocas y en 13 los reutilizaban.

Otra revisión realizada por la presidencia interina de Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por 53 países, reveló que para el 16 de mayo 57,14 % sufría escasez de guantes, 61,9 % de tapabocas, de 76,1 % de jabón y de 90,4 % de desinfectante.

«La escasez de medicamentos e insumos médicos, la interrupción del suministro de servicios públicos básicos en centros de salud y la emigración de trabajadores sanitarios han provocado una reducción progresiva de la capacidad de proveer atención médica. Venezuela está entre los últimos lugares del Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019, ubicándose entre los países menos preparados para una epidemia.

El virus, de aquí para allá

La peregrinación de venezolanos, saliendo y entrando, es otro punto que preocupa mucho a las organizaciones de derechos humanos.

«El éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de los que ingresan y salen del país producto de la pandemia, agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela», explican en el informe.

A esto, la profesora de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Katheleen Page, agregó que «la imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de COVID-19 podría provocar que más personas intenten huir del país, lo que desbordaría los sistemas de salud de los países vecinos, poniendo en peligro ampliamente la salud en la región».

Llamado urgente a la ONU

Tanto Humans Right Watch como los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins exigen a las Naciones Unidas y a otros gobiernos que actúen con urgencia para proveer de ayuda humanitaria a Venezuela.

Se dirigen específicamente al secretario general, António Guterres, y al coordinador de Socorro de Emergencia de Naciones Unidas, Mark Lowcock. También al Grupo de Lima y a los gobiernos de Estados Unidos y de Europa.

«La vida de muchos venezolanos depende de que el secretario general de la ONU lidere una respuesta humanitaria urgente y a gran escala, y de que las democracias preocupadas por Venezuela den prioridad a presionar a Nicolás Maduro, el principal responsable, para que permita el acceso de esta respuesta humanitaria», demandaron.

La ayuda necesaria

Los objetivos son que se permita el pleno acceso del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sus socios, que los trabajadores humanitarios locales e internacionales brinden asistencia humanitaria y que se tenga acceso a todos los hospitales y centros de salud para proveer insumos y asistencia.

También se requiere que se permita a los profesionales de la salud y a los trabajadores humanitarios realizar su trabajo sin represalias y cerciorarse de que puedan desplazarse libremente por toda Venezuela, incluso durante la cuarentena, emitiendo salvoconductos y asegurando que tengan un acceso prioritario a la gasolina. La escasez de combustible en Venezuela es de extrema gravedad y lo poco que hay se destina a militares y altos funcionarios del gobierno. Los médicos están obligados a hacer fila toda la noche y muchas veces no pueden surtirse.

Por último, pidieron a Estados Unidos que no tome represalias contra países, organizaciones o personas que financien o provean asistencia humanitaria a Venezuela en este periodo de crisis de salud pública. Exhortan a establecer procedimientos para que empresas y organizaciones puedan enviar esa ayuda sin controles excesivamente burocráticos ni demoras innecesarias. Y solicitan que se apoye activamente un «esfuerzo humanitario robusto», liderado por la ONU, a favor de los venezolanos.