El caso de Nicmer Evans se suma a otras 16 personas imputadas por esta ley aprobada por la asamblea chavista, considerada ilegal por la Asamblea Nacional y las ONG, que castiga a quienes protestan, emiten mensajes por redes sociales o cubren noticias que incomodan al régimen
La detención del disidente del chavismo, Nicmer Evans, ocurrida el lunes 13 de julio, acusado por “promoción o incitación al odio”, se suma a una cadena de arrestos considerados arbitrarios a partir de esa “ley” aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 8 de noviembre de 2017. Por la llamada ley contra el odio, considerada ilegal por el Parlamento y por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), disentir de una autoridad, reclamar un derecho o emitir un mensaje que disguste en redes sociales puede ser un boleto a la cárcel.
El mecanismo de la ley contra el odio se ha utilizado fundamentalmente para cercenar la libertad de expresión, reprimir a la oposición y aplacar las protestas que se registran en todo el país por alimentos y servicios públicos, señala la ONG Espacio Público (EP).
Mientras el nuevo informe publicado el 14 de julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, condena el uso político de la justicia en Venezuela que se ejecuta desde el Tribunal Supremo, las detenciones se han incrementado, especialmente, a partir de la cuarentena aplicada por la pandemia de covid-19.
Los temas vinculados a protestas por falta de servicios públicos y los relacionados con la pandemia son particularmente sensibles para el gobierno. En la lista de detenidos no solo se cuentan periodistas. También médicos, enfermeras o familiares que protestan alguna situación irregular o simplemente emiten una opinión contraria a las informaciones oficiales emitidas por sus voceros.
De acuerdo a los registros de Espacio Público, solamente en junio se produjeron 28 detenciones que afectan la libertad de expresión. De ellas casi la mitad (43%) son periodistas, seguidos por trabajadores de la prensa y de plataformas web.
Espacio Público indica que 15 periodistas detenidos en junio realizaban coberturas de calle en distintos hechos noticiosos relacionados con la crisis de la gasolina y por mensajes enviados en redes sociales.
Desde que se aprobó esta ley contra el odio, 16 personas han sido detenidas y acusadas, desde periodistas hasta ciudadanos comunes que se expresan desde las redes sociales.
Entre las primeras detenciones que se produjeron por la ley contra el odio recordamos que el 3 de enero de 2018, Ronald Güemes y Erika Palacios fueron los primeros procesados por la Ley contra el Odio. Ambos fueron detenidos en Naguanagua, estado Carabobo, cuando se desarrollaba una protesta vecinal contra el gobierno.
Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal Carabobo, denunció que la imputación se basó en declaraciones de funcionarios policiales que indicaron que estos manifestantes habían expresado mensajes contra Nicolás Maduro.
El 30 de enero de 2018, el Sindicato Nacional de la Prensa (SNTP) denunció que la directora y el editor del periódico Región Oriente en Cumaná, estado Sucre, fueron citados por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a declarar a raíz de una denuncia realizada por la publicación del 11 de enero de un artículo del diario, que informaba que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) advertía al gobierno de Maduro que habría razones para que en el país se presentara un estallido social como el del Caracazo; por la inflación, caída de los precios del petróleo y desabastecimiento.
El médico José Alberto Marulanda fue apresado el 20 de mayo de 2018 por oficiales de la DGCIM. A pesar de ser civil, cuatro días después fue presentado ante tribunales militares, el 24 de mayo, en Fuerte Tiuna, para ser imputado por los delitos de instigación al odio y traición a la patria. Abogados del Foro Penal han explicado que la detención del traumatólogo ocurrió por mantener una relación sentimental con una oficial de la Armada Nacional.
El 12 de septiembre de 2018, dos bomberos del estado Mérida, Ricardo Prieto, de 41 años y Carlos Varón, de 45 años, fueron arrestados por oficiales de la DGCIM después de publicar un video en el que uno de los funcionarios de la estación conducía a un burro a través de las instalaciones, haciendo alusión al Presidente.
Cuatro días después, el juez segundo de Control de Mérida, Carlos Márquez, ordenó que fueran juzgados por violación de la Ley contra el Odio.
Los abogados de los acusados aseguraron que los bomberos lo hicieron como una broma; que les costó la expulsión de sus cargos.
Entre los casos recientes destaca el del periodista Darvinson Rojas, quien la noche del 21 de marzo fue sacado de su casa, ubicada en Mamera, Caracas, por 15 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sin orden judicial. También se llevaron detenidos a sus padres, Mirian Sánchez y Jesús Rojas, a quienes liberaron una hora después.
Al periodista le imputaron los delitos de instigación al odio e instigación pública, basándose en un tuit que publicó el 20 de marzo, a las 10:29 pm, en el cual hacía la distinción de los casos de covid-19 confirmados por el gobierno y cinco adicionales por alcaldes. La audiencia fue realizada la noche del 23 de marzo con un defensor público.
Luego de 12 días preso en el comando de las FAES, en Caricuao, el comunicador social fue excarcelado el 2 de abril.
Otra víctima fue la periodista y coordinadora del portal digital 800 Noticias, Luisa «Mimí» Arriaga, detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su residencia en El Hatillo, el jueves 18 de junio.
A su caso se sumó la detención de su colega Marco Antoima por orden del Tribunal 47 de Control. Ambos comunicadores fueron vinculados con el manejo de cuentas anónimas en redes sociales para presunta difamación y extorsión; junto a otros dos periodistas que están fuera de Venezuela: Rita Di Martino y Rafael Garrido.
El 22 de junio, el Colegio Nacional de Periodista (CNP) y el SNTP informaron que Arriaga y Antoima cumplirán arresto domiciliario y medidas cautelares.
Nuestro presidente Tinedo Guía en nombre del CNP rechaza la medida de arresto domiciliario dictada contra los periodistas Luisa Mimi Arriaga y Marco Antoima.. pic.twitter.com/xpVqYnNLBH
— cnpven (@cnpven) June 22, 2020
El Tribunal 47 les imputó el delito del artículo 20 de la ley contra el odio, por la supuesta vinculación a la cuentas @VVSinCensura y @VVPeriodistas desde donde, según alegan las autoridades, se difunden mensajes contra autoridades del gobierno.
Durante 2020, Espacio Público ha reportado y documentado 623 violaciones al derecho de la libre expresión; de las cuales 243 corresponden a intimidación, siendo los periodistas las víctimas más frecuentes.
Según cifras verificadas por la ONG Foro Penal, las detenciones por motivos políticos han aumentado significativamente en los cinco primeros meses de 2020. Entre el primero de enero y el 30 de mayo, hubo 235 personas arrestadas por motivos políticos. En mayo fueron 119 arrestos; 69 más que en el mes anterior.
El Foro Penal también indica que de 211 detenciones reportadas entre el 8 de marzo al 31 de mayo, 80 de ellas han sido producto de protestas ocurridas en varios estados del país, debido a las fallas masivas y racionamiento de los servicios básicos, tales como: agua, electricidad y gas y protestas por la escasez de combustible.
El Foro Penal pudo observar otras causas de detención, ocurridas durante el período de cuarentena y el estado de alarma decretado:
La detención de Evans, que se realizó con orden judicial, generó reacciones disímiles ya que se trata de un dirigente que apoyó a Hugo Chávez y que dentro de la filas del chavismo se convirtió en una voz crítica al “proceso”.
Más tarde, en 2008, participó en la corriente interna denominada Marea Socialista y rompió con el PSUV tras la enfermedad y muerte de Chávez al cuestionar el carácter autocrático impuesto por Maduro.
El 4 de julio de 2017 anunció su ruptura con Marea Socialista; a pesar de que ésta también se había distanciado del PSUV.
Evans se alineó con opositores y se unió al Frente Amplio Venezuela Libre que agrupaba a amplios sectores de la oposición democrática al que acompañó hasta diciembre de 2019. Se retiró por desacuerdos y creó el Movimiento por la Democracia y la Inclusión.
Una columna escrita por el politólogo detenido, publicada en The New York Times el 27 de agosto de 2019, sintetiza con claridad el pensamiento del ex militante del chavismo y las razones de su ruptura con el “madurismo”.
En ese trabajo, Evans se dirige al chavismo que no ha caído en la corrupción y mantiene ideales de una Venezuela democrática, y lo insta a reconocer el error de haber creído en el chavismo, transformado en un modelo autoritario. En el artículo de opinión bajo el título “Creí en Hugo Chávez y fue un error” expresa: “la historia, veinte años después de que Chávez llegara al poder, demuestra lo equivocados que estábamos yo y muchos venezolanos que nos considerábamos chavistas, muchos de los que lo asesoraron, de los que lo defendimos y justificamos en privado y en público, de los que votamos por él”.
En el escrito Evans llama a recapacitar señalando: “Tanto las fuerzas armadas y el sector del chavismo que aún respalda a Maduro deben dar el paso que yo y tantos venezolanos que alguna vez creímos en Chávez hemos dado: sentir empatía por el sufrimiento de los venezolanos de a pie, 4 millones de los cuales han tenido que salir del país junto a aquellos que se han exiliado por oponerse al chavismo y a la dictadura de Maduro. Es un proceso complejo, exige mucho de nosotros reconocer una equivocación, pero debemos intentarlo. Es hora de romper con Chávez y su heredero Maduro”.
“El chavismo tiene la posibilidad de sobrevivencia si admite sus tropiezos y redefine su proyecto político. Solo así ese sector, aún poderoso pero leal al dictador, podrá sumarse a la reconstrucción de Venezuela cuando vuelva la democracia”, escribió en el artículo señalado.
A partir de la muerte de Chávez, la disidencia interna en el chavismo y dentro de la FANB ha sido mucho más marcada. En ella se han manifestado públicamente exministros, altos oficiales, dirigentes políticos, militares y hasta efectivos de los servicios de inteligencia. Ello refleja que el chavismo, a pesar de llevar una política de extrema vigilancia sobre sus cuadros políticos y funcionarios y castigar cualquier diferencia, no es un aparato blindado contra la división.
La represión contra la disidencia chavista ha sido particularmente severa. Algunos pagan su postura en las cárceles; otros desde el exilio combaten a Maduro. Casos como el del mayor general Clíver Alcalá Cordones y el ex tesorero de la Nación, Alejandro Andrade rinden cuentas en los tribunales estadounidenses y un exministro falleció estando detenido. Desde luego existen también dirigentes procesados por corrupción en tribunales internacionales que negocian con las autoridades de esos países.
Desde la oposición no ha habido una política para engranar con parte de esa disidencia de manera que haga más efectivo el mensaje a lo interno del PSUV. La polarización y el resentimiento, por el pasado de la mayoría de estas figuras del exchavismo, conllevan a apartarlos de un proceso de cambio que genere nuevas alianzas con descontentos de las filas del partido oficialista.
La mayoría de los sectores opositores rechazaron la detención de Evans, que consideraron arbitraria, pero gran parte fijó distancia por su pasado político.
Poco antes de entregarse, ratificó que mantenía su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. También expresó lo siguiente:
“Yo fui chavista, pero nunca lo fui para esto. Yo fui chavista y nunca lo fui para atentar en contra de la gente (…). Fue para que hubiese más libertad. Pero hubo un engaño, hubo un fraude y sobre ese fraude convoco a la gente que nos unamos para el restablecimiento de la democracia”
La acción en contra del director del portal Punto de Corte (que está bloqueado actualmente) evidencia que a quienes rompen con el gobierno de Maduro, tarde o temprano les cobran lo que consideran una traición.
Pero esa medida puede tener un efecto contrario, tal como lo expresó el politólogo John Magdaleno: “El caso Nicmer Evans puede ser un hito para comunicarle a las bases del chavismo descontento: ¡Demos la pelea juntos!”.
Los retos dentro del ejercicio del periodismo en Venezuela se acrecientan cada vez más: son constantes las amenazas, cierre de medios, prisiones arbitrarias de periodistas, en una continua violación de Derechos Humanos.
A Guevara se le imputaron los siguientes delitos: «terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria». El encargado de evaluar el caso del exdiputado sería el juez cuarto con competencia en materia de Terrorismo, Mascimino Márquez
A las 5 pm, nueve horas después de su detención arbitraria por parte de militares venezolanos, fueron liberados periodistas de NTN24 y activistas de Fundaredes. Los soltaron sin proceso ni medidas cautelares pero también sin sus teléfonos celulares ni sus cámaras
