Venezuela

“Soy el diablo, soy la ley en esta mierda": denuncian grave incidente con las FAES en Táchira

El pasado viernes 22 de enero funcionarios de las FAES irrumpieron en una feria de comida en San Cristóbal. Testigos y víctimas denuncian que fueron golpeados, insultados, amenazados con armas de fuego y algunos de ellos sometidos a torturas físicas y psicológicas. Se menciona a un supuesto hijo de Freddy Bernal como uno de los protagonistas de los hechos

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FAES la vega

Consternación y repudio han causado en el estado Táchira los sucesos registrados la noche del pasado viernes 22 de enero en una feria de comida ubicada en la parte alta de San Cristóbal, en los que al menos nueve funcionarios identificados como de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, arremetieron en contra de un grupo de ciudadanos a quienes insultaron, golpearon, amenazaron y detuvieron por varias horas.

En silencio se mantenía el suceso hasta que la mañana del pasado lunes 25 de enero las víctimas decidieron denunciar los atropellos ante la Fiscalía 20 del Ministerio Público con competencia en Derechos Fundamentales del estado Táchira. La denuncia quedó suscrita bajo el número MP-15420-2021.

El empresario Nicola Digioia y la médico pediatra Laura Hurtado, en videos que se han hecho virales, contaron la manera cómo un grupo de hombres ingresaron a locales de la feria conocida como Suramérica Food Truck de manera arbitraria, con armas largas, exigiendo a propietarios y clientes que entregasen los teléfonos celulares, pues según ellos estas personas habrían registrado en videos un altercado que se registró minutos antes en la calle adyacente al establecimiento comercial, con otro ciudadano.

Tanto Hurtado –hija del dueño de uno de los restaurantes- como Digioia –propietario de un establecimiento- señalaron en sus respectivas denuncias que entre los funcionarios se encontraba Tamani Bernal, supuesto hijo del designado “protector del Táchira”, Freddy Bernal, quien de manera insistente pedía a las víctimas entregar los teléfonos móviles.

“Me pidió el teléfono y al negarme me golpeó en la frente, otro me tomó por la espalda, me ahorcaba con el brazo y ahí me desplome, me caí al piso”, relató Nicola Digioia.

La pediatra Laura Hurtado denunció que al acercarse a indagar sobre la arremetida de los funcionarios de las FAES, “uno de ellos sacó una granada y me la puso en la cabeza y dijo que la iba a explotar. Me quitó el teléfono y sin mediar palabra lo lanzó contra el pavimento. Golpearon al vigilante porque les decía que no podían actuar así. Me agarraron por el cabello, me lanzaron al suelo y recibí un golpe”.

En el relato de Hurtado se explica que un hombre, aparentemente hijo de Freddy Bernal, la tomó por el cuello y la intentó ahorcar, y además la amenazó con ir presa porque a él le daba la gana.

“Necesito que me ayuden para que estas situaciones no sigan pasando en el Táchira, donde los funcionarios de estos organismos hacen lo que les da la gana. Hoy fui yo y estoy contando la historia, pero mañana puede ser peor. Necesito que esta información llegue al Fiscal General de la República, que esa persona que aparentemente es el hijo de Freddy Bernal responda”, dijo Hurtado.

Los hechos

Con asombro y aun temiendo por su vida, Nicola Digioia, recordó que los funcionarios de las FAES, entraron en el negocio tirando sillas, mesas y les propinaron una golpiza a varios de los presentes.

“Nos hirieron física, verbal y psicológicamente con armas de fuego, granadas, armas de guerra y me llevaron preso, me rompieron la frente y me hicieron morados por todos lados, luego reían. En mi vida nunca había visto granadas, solo en películas”, narró Digioia.

De acuerdo a las denuncias, los funcionarios de las FAES montaron en una de sus camionetas marca Hilux a Nicola Digioia y a Jean Carlo Bustos –otro propietario de un local de comida- además de a uno de los empleados. Los llevaron a la sede del cuerpo policial en la zona de Paramillo allí les privaron de libertad durante horas.

Una vez en la sede policial –señalan- continuaron las amenazas y los actos de intimidación. Digiola cuenta que le rociaron alcohol en los ojos y dentro de la nariz y lo obligaron a escribir y firmar una declaración que ellos mismos le dictaron.

“Las declaraciones fueron tomadas de acuerdo a lo que ellos querían que yo escribiera. Fue una declaración falsa en donde se responsabilizaba al señor vigilante de lo sucedido. Cuando la verdad es que él tuvo que escapar corriendo y lanzarse de un segundo piso y quebrarse las piernas para evitar males mayores”.

“Soy el diablo, soy la ley en esta mierda. Nadie pasa por encima de mí”, eran las palabras que repetía uno de los funcionarios, de acuerdo a las denuncias.

Bajo amenaza de que no trascendiera lo sucedido dejaron en libertad a Digioia y a las demás personas durante la madrugada del 23 de enero. El comerciante Nicola Digioia asegura que antes de dejarlo salir, el presunto hijo del enviado político de Maduro al Táchira, lo abrazó, y le dijo: “amigo, somos amigos. Mañana vamos a comer a su tatuara”.

La noticia trascendió

Varias han sido las reacciones a propósito de lo sucedido.

Representantes de FundaRedes, ONG defensora de los derechos humanos, denunciaron el hecho y lo consideran alarmante.

“La situación se generó porque presuntamente algunas personas tomaron fotografías de un hecho que se registró a las afueras de una feria de comida en San Cristóbal. Los funcionarios ingresaron a los locales y arremetieron en contra de las personas que allí se encontraban. No midieron las fuerzas e incluso algunos que han sido identificados en las redes sociales colocaron granadas en cabezas y pechos de las personas”, dijo la abogada Clara Ramírez, gerente de derechos humanos y documentación de FundaRedes.

El presidente de FundaRedes, Javier Tarazona, dijo que ya el Ministerio Público conoce la situación por ser “noticia criminal”, basada en los testimonios de la pediatra Laura Hurtado y el empresario tachirense.

“Emplazamos al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, establecer responsabilidades y ejercer funciones de control y protección. Hacemos responsables al Estado venezolano de la integridad física de estos ciudadanos”, dijo Tarazona.

El periodista Obeyser Prada, reseñó en su cuenta de Twitter que “no es primera vez que ocurre el cruento abuso de autoridad por parte de este grupo de FAES liderado por Bernal hijo. En una oportunidad en una reconocida discoteca ingirieron licor en abundancia, luego no quisieron pagar el consumo y desataron una riña desenfundando sus armas”.

En un hilo abierto en la red social continuó Prada relatando que “otro caso sucedió en un restaurant de carnes en Av. 19 de abril, (San Cristóbal) donde un hombre tropezó con Bernal hijo mientras iba al baño. Varios compañeros uniformados de Bernal esperaron al señor a la salida del local y lo molieron a palos. Exponen algunos presentes que se reían del hecho”.

El hombre apaleado y que fue dejado casi inconsciente, resultó ser el jefe del DGCIM del estado Mérida, reveló Prada.

“Pese a que fue un alto funcionario, no hubo denuncias y al parecer el papá Bernal arregló todo para callar semejante exceso”, señaló el periodista.

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