Un informe del Departamento de Estado publicado en marzo señala al gobierno venezolano de facilitar las operaciones de narcotraficantes. Y desde 2017 se van sumando casos sustentados en la llamada "Ley Kingpin"
El informe sobre “La estrategia internacional de control de estupefacientes” del Departamento de Estado de Estados Unidos correspondiente a 2021, publicado a finales de marzo de este año, describe al gobierno de Nicolás Maduro como un Estado que sufre de una “corrupción endémica”. El documento señala que “facilita las operaciones de las organizaciones narcotraficantes. Las bandas originarias del sistema penitenciario, conocidas como pranes, así como los colectivos armados del régimen, que están profundamente involucrados en el tráfico de drogas, al igual que los servicios militares y de seguridad del régimen”.
Si bien ha habido conversaciones de acercamiento entre representantes de EEUU y el gobierno de Nicolás Maduro, que apuntan a aliviar algunas sanciones financieras, difícilmente esos posibles acuerdos puedan borrar o suprimir los procesos judiciales basados en las actividades ilícitas de miembros o ex funcionarios del gobierno, empresarios relacionados, testaferros y familiares que han incurrido en delitos de corrupción, lavado de dinero o directamente vinculados al narcotráfico.
La carta en la que 25 venezolanos le piden al presidente de EEUU suspender las sanciones financieras apunta principalmente a lo referente a las operaciones legales del gobierno. Solicitan el regreso de “las petroleras occidentales y otras empresas privadas para rejuvenecer el sector petrolero venezolano”, con lo cual creen se generarán empleos y se promoverá la producción local.
En la carta a Joseph R. Biden le indican que “con el regreso de las empresas occidentales, la producción de petróleo venezolano puede aumentar significativamente. El petróleo venezolano, que hasta ahora ha sido vendido exclusivamente a China con importantes descuentos, debe estar disponible en los mercados estadounidenses y mundiales para contrarrestar los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania”.
Esa solicitud no incluiría la suspensión de los cientos de casos que se procesan en tribunales de EEUU por lavado de dinero o narcotráfico, en la que hay conexiones con la industria petrolera, la minería ilegal y otros negocios que por corrupción están siendo investigados o procesados en tribunales internacionales y de EEUU.
Más allá de ese punto, la separación de poderes existente en EEUU impide que desde el Ejecutivo se pueda “ordenar” la suspensión de una medida judicial una vez que se ha iniciado un proceso por delitos internacionales. Sin embargo, hay leyes que permiten a su presidente actuar contra capos del narcotráfico y sus socios cuando sus operaciones amenazan la seguridad o estabilidad política y financiera del país.
Desde el año 2017 EEUU ha realizado unas 350 designaciones relacionadas con operaciones desde Venezuela, basadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, indica el informe. Además, es de recordar que en marzo de 2020, Estados Unidos anunció cargos penales contra Nicolás Maduro y miembros de su entorno por actividades relacionadas al narcotráfico.
Según la Casa Blanca, la “Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos” o “Ley Kingpin” tiene como objeto negar a los narcotraficantes extranjeros, a sus negocios y sus agentes, el acceso al sistema financiero de EEUU y prohibir todo comercio y transacciones entre los traficantes y las empresas e individuos estadounidenses.
La Ley Kingpin autoriza al presidente a tomar estas medidas cuando determina que una persona extranjera juega un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes. El Congreso modeló la Ley Kingpin sobre el programa de sanciones efectivas que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) administra contra los carteles de la droga, de conformidad con la Orden Ejecutiva 12978 emitida en octubre de 1995 bajo la autoridad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Por su parte la IEEPA autoriza al presidente “para hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria, que tenga su origen en su totalidad o en parte sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional, la política exterior, o economía de los Estados Unidos, si el presidente declara una emergencia nacional con respecto a dicha amenaza”. Bajo esta autoridad el presidente puede “investigar, regular o prohibir cualquier transacción en divisas”, e “investigar, regular, dirigir y obligar, anular, prevenir o prohibir, cualquier exportación de cualquier propiedad en que cualquier país extranjero o un ciudadano extranjero del mismo tenga algún interés”.
La IEEPA otorga al presidente amplia autoridad sobre transacciones financieras y propiedades en las que cualquier país extranjero, cualquier ciudadano o nacional de un país extranjero, o cualquier otra persona que ayude al país extranjero, tenga algún interés, siempre que el presidente declare primero una emergencia nacional.
De manera que si bien el jefe de Estado estadounidense tiene potestad para actuar frente a casos graves de delitos de narcotráfico y corrupción, hay procesos que solo pueden resolverse por acuerdos establecidos dentro de los tribunales, como ha sido el caso de importantes figuras del chavismo que ya han negociado con las autoridades, pagando parte de la condena y entregando sus fortunas adquiridas por corrupción o vínculos con operaciones ilícitas.
En cuanto al tema del narcotráfico, según el Departamento de Estado, la cooperación en el control de drogas entre Venezuela y EEUU ha sido limitada desde 2005, cuando los funcionarios se negaron a firmar una agenda negociada al Memorando de Entendimiento de 1978 sobre Cooperación en Narcóticos. Señala el informe que el régimen de Nicolás Maduro no hizo ningún esfuerzo significativo para combatir la actividad ilegal de las drogas o enjuiciar a los funcionarios corruptos o presuntos narcotraficantes, incluidos los sancionados por el gobierno de EEUU.
Considera el Departamento de Estado que Venezuela es un importante país de tránsito de cocaína por vía aérea y marítima. La mayoría de los vuelos sospechosos de tráfico de drogas parten de estados fronterizos con Colombia, principalmente Zulia.
Indica que el tráfico por transporte marítimo incluye el uso de grandes contenedores de carga, embarcaciones pesqueras y lanchas rápidas. Hay indicios de conexiones entre narcotraficantes y grupos de traficantes de personas, particularmente en las rutas marítimas entre Venezuela y las islas de Aruba, Bonaire, Curazao y Trinidad y Tobago.
En el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, bandas venezolanas llamadas “sindicatos” trabajan con grupos armados brasileños para traficar drogas y minerales extraídos ilegalmente como el oro. Hay informes sobre la presencia de grupos terroristas colombianos activos en la minería ilegal y el tráfico de drogas y armas en Bolívar y Amazonas, lo que obliga al desplazamiento de las comunidades indígenas. A lo largo de la frontera con Colombia, las bandas venezolanas trafican drogas desde el departamento del Norte de Santander. Estos grupos armados irregulares se han aprovechado de los migrantes que utilizan rutas ilegales para cruzar la frontera, a veces reclutándolos para el contrabando de drogas.
Sostienen que las drogas ilícitas que transitaron por Venezuela en 2021 a través de aviones fueron en gran medida a México y América Central, mientras que las que estaban a bordo de embarcaciones marítimas transitaron por el Caribe o el Atlántico para su entrega a los mercados de EEUU y Europa.
Sobre los grupos armados, se ratifica que las organizaciones narcotraficantes colombianas, incluidas las facciones disidentes de las FARC, el ELN y otros grupos criminales, facilitan el envío de drogas ilícitas a través de Venezuela. Estos grupos armados que tienen presencia regular en los estados fronterizos venezolanos como Zulia, Apure, Táchira, Bolívar y Amazonas han expandido su influencia a Mérida, Trujillo, Barinas, Lara, Portuguesa, Aragua, Guárico, Monagas Anzoátegui, Delta Amacuro, Falcón , y el Distrito Capital.
Sobre los anuncios de incautaciones de drogas, arrestos y destrucción de pistas de aterrizaje ilícitas, consideran que las cifras ofrecidas por Venezuela son poco confiables. Según la Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela (SUNAD) en 2021 se lograron incautar 51 toneladas de droga proveniente de Colombia, especialmente en los estados Zulia, Táchira y Apure, la más alta incautación en los últimos en 10 años.
Según el Departamento de Estado, para agosto de 2020, en operaciones de EEUU en decomisos de drogas que fluyen desde Venezuela, se incautaron unas 100 toneladas métricas de cocaína por un valor aproximado de 3 mil millones de dólares.
Venezuela no es miembro del Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional a través del cual los países de América comparten información sobre sospechas de narcotráfico con EEUU y socios regionales. Las autoridades venezolanas no comparten pruebas sobre la destrucción de drogas ilícitas con los funcionarios estadounidenses, indica el informe.
Los informes que maneja el Departamento de Estado sobre Venezuela en materia de drogas y corrupción, hacen complejo un acercamiento entre ambos gobiernos, no solo por los 350 procesos por narcotráfico y corrupción que se ventilan en los tribunales estadounidenses, sino por la postura internacional que han ratificado Maduro y altos jefes del chavismo a favor de la invasión de Rusia a Ucrania.
El principal asesor de la Casa Blanca, Juan González, ratificó recientemente la postura oficial del gobierno de Biden según la cual Estados Unidos no está dispuesto a levantar las sanciones que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro, a menos de que haya avances en los diálogos en México.
Por el momento, el gobierno de Maduro no tiene intenciones ni necesidad de volver a México. Las sanciones económicas no afectan a lo interno la vida de la élite política y económica del régimen. Maduro ha dicho que el diálogo será en territorio venezolano. Eso lo ratificó Jorge Rodríguez al señalar que hay un proceso de diálogo en evolución. “El mismo presidente Maduro convocó a las distintas fuerzas políticas que hacen vida dentro de la oposición venezolana para tener un contacto directo», expresó Rodríguez este 20 de abril, en una sesión ordinaria del Parlamento.
Por su parte, los socios financieros del gobierno de Maduro que tienen procesos en los tribunales estadounidenses e internacionales han terminado negociando su libertad a cambio de información y la entrega de parte de las fortunas adquiridas. La lista de ex funcionarios sigue creciendo y sigue la expectativa sobre el destino del caso de Alex Saab, un importante socio del gobierno de Maduro.
El alivio de las sanciones, establecido en octubre pasado, sólo se renovará si el gobierno de Maduro permite que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, según el Departamento de Estado. Esa posibilidad ya fue descartada de plano por el chavismo que además advierte que no aceptará injerencias extranjeras en Venezuela. Migrantes caen en el ojo de la confrontación.
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dijo este martes que a pesar de la decisión sobre el "gobierno interino", Estados Unidos reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 y no a Nicolás Maduro
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió que la reciente desestimación de cargos penales contra un grupo de presos políticos no resuelve la crisis de fondo por la que atraviesa Venezuela. Insistió en que no hay condiciones mínimas para unas elecciones libres en el país ni para recibir una misión creíble de observadores internacionales.
