El tercer informe de la Misión internacional independiente fue presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nuevamente, es demoledor: establece y refuerza la existencia de un patrón de violencia de Estado contra la población civil. Y denuncia que los responsables siguen en sus cargos
El tercer informe de la Misión internacional independiente de determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela no registra mejora alguna en materia de respeto a los derechos humanos por parte del Estado venezolano: todo lo contrario.
El primer documento presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2020 estableció que había «motivos razonables» para creer que en los casos analizados había razones suficientes como para apuntar a crímenes de lesa humanidad y en el segundo informe, presentado el 16 de septiembre de 2021, la Misión «llegó a la conclusión de que el sistema de justicia contribuía directamente a perpetuar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y de los delitos, e impedía a las víctimas acceder a recursos legales y judiciales efectivos, y, en ciertos casos, contribuía a la política de Estado de aplastar a la oposición».
En el nuevo documento difundido este martes 20 de septiembre, dejan claramente establecidos los principales aspectos que todavía preocupan sobre Venezuela:
«La Misión sigue preocupada por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo:
No queda por fuera de la lupa el sistema judicial: «Las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia siguen siendo un motivo de especial preocupación para la Misión. Las reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma parcial —en el mejor de los casos— y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad».
Y la Misión destaca otra grave irregularidad que se ha denunciado muchas veces: «En septiembre de 2021, la Asamblea Nacional también modificó el Código Orgánico de Justicia Militar, estableciendo que ningún civil puede ser juzgado por tribunales militares. La Misión, sin embargo, lamenta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de diciembre de 2021 que permite que los tribunales militares sigan ejerciendo la jurisdicción sobre personas civiles, con el único requisito de que medie un auto motivado por parte de un juez militar».
En este tercer periodo de estudio sobre la situación venezolana la Misión de Naciones Unidas profundizó sobre dos aspectos acerca de los cuales había advertido previamente:
«a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno y, b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción de oro en el estado de Bolívar».
En dos puntos, el informe de la Misión deja por sentado los antecedentes:
«En su informe de 2020, la Misión llegó a la conclusión de que había motivos razonables para creer que las violaciones y los delitos cometidos en la República Bolivariana de Venezuela formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en el contexto de una política de supresión de la oposición al Gobierno. La Misión identificó seis estructuras principales responsables de la comisión de violaciones de los derechos humanos y delitos comprendidos en el mandato de la Misión.
Entre estas estructuras se encontraban los servicios de inteligencia militar y civil del Estado venezolano, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La Misión concluyó en 2020 que individuos de distintos niveles institucionales y jerárquicos de ambos organismos estaban involucrados en esas violaciones y delitos, con el fin de reprimir la oposición real y percibida al Gobierno».
Y este es el panorama general de lo que encontraron: «Los delitos y violaciones cometidos por miembros del SEBIN y de la DGCIM ̶ que, como se señala en el informe de la Misión de 2020, constituyen crímenes de lesa humanidad ̶ revistieron especial crueldad y se cometieron contra personas indefensas. Personas opositoras al Gobierno, reales o percibidas, y sus familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y a violencia sexual y de género. Ciertamente, los últimos periodos más álgidos de detenciones ilegales seguidas de tortura se registraron en 2019. Esto se debe a que, con el tiempo, debido a la brutalidad en la ejecución del plan, la disidencia política ha sido en gran medida reprimida. Todo ello, sumado a los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la protesta generó, como resultado, una disminución general de las denuncias de este tipo de incidentes».
Pese a las advertencias, poco o nada cambió para bien: «Varios individuos sospechosos de delitos y violaciones de los derechos humanos continúan trabajando en puestos relevantes dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), algunos de los cuales obtuvieron ascensos en 2022. Varios casos se refieren a hechos cometidos recientemente, como en el segundo semestre de 2021 y principios de 2022».
Para quienes aun tienen dudas sobre los niveles de penetración de Cuba, el punto 33 del informe de la Misión de Naciones Unidas dice: «Varios exfuncionarios de la DGCIM manifestaron a la Misión que agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM. La Misión revisó además los acuerdos confidenciales escritos entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba, en los que se otorgaba formalmente al Gobierno cubano un rol en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y en la formación de oficiales. Estos acuerdos se remontan a 2006 y la cooperación continuaría vigente».
Y más adelante, entra en detalles:
«Además de sus celdas de detención en Boleíta, la DGCIM cuenta con una red de centros clandestinos de detención (conocidos como “casas de seguridad”) en toda la República Bolivariana de Venezuela donde las personas detenidas son llevadas para ser interrogadas y sometidas a tortura y violencia sexual. Estos centros clandestinos eran administrados por la DAE. La Misión ha documentado múltiples casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente o sometidas a desapariciones forzadas de corto tiempo y mantenidas incomunicadas fuera de la supervisión legal en las casas de seguridad»
«La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIM, desde 2014 hasta la actualidad. Los actos de tortura se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes. Las sesiones de tortura podían durar días o semanas. Por lo general, se torturaba a las personas detenidas durante los interrogatorios que tenían lugar inmediatamente después de la detención, pero en algunos casos se torturó a algunos detenidos durante períodos superiores».
«La DGCIM recurría a una serie de métodos de tortura tales como palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la “tortura blanca”. Las sesiones podían provocar lesiones físicas graves y/o permanentes, así como graves traumas psicológicos y depresión. La Misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGCIM».
Los testimonios recabados refuerzan otro elemento: «Los funcionarios de la DGCIM también perpetraron actos de violencia sexual o de género contra militares y civiles detenidos durante los interrogatorios para obtener información, degradarlos, humillarlos o castigarlos. Dichos actos incluían la violación, las amenazas de violación a las personas detenidas y/o a sus familiares, la desnudez forzada, los tocamientos de los órganos sexuales, las descargas eléctricas o los golpes en los órganos reproductivos y las amenazas de mutilación de los genitales»
Desafortunadamente, no solo es la DGCIM: «La Misión investigó casos, que involucran a 90 víctimas, en los que el SEBIN arrestó, detuvo y sometió a personas a tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos y delitos entre 2014 y la actualidad. Los periodos que registraron un mayor número de detenciones en El Helicoide del SEBIN tuvieron lugar en 2016, 2017 y 2018».
«Una vez bajo arresto, era práctica común que el SEBIN mantuviera a las personas detenidas incomunicadas durante horas, días o semanas, lo que a veces equivalía a desapariciones forzadas de corto tiempo. Un exagente del SEBIN le dijo a la Misión que el SEBIN también mantenía varias casas de seguridad en todos los estados del país, que se utilizaban como centros clandestinos de detención. Los agentes del SEBIN interrogaban rutinariamente a las personas detenidas sin la presencia de abogados y se negaban a aceptar sus solicitudes de comunicarse con ellos u ellas. Varias personas detenidas fueron obligadas, bajo coacción, a firmar o filmar declaraciones en las que se incriminaban por delitos que alegan no haber cometido».
El patrón se repite: «La tortura y los malos tratos solían llevarse a cabo en los primeros días de detención, antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal, mientras la persona detenida estaba incomunicada. Los actos solían cometerse durante los interrogatorios, para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y redes sociales, o para obligar a las personas a incriminarse a sí mismas o a otras, en particular a los líderes de la oposición de alto perfil. Exempleados del SEBIN dijeron que la tortura era ordenada directamente por el presidente Maduro, por las y los directores de línea o por el director general. El SEBIN recurría a una serie de métodos de tortura, como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión, así como amenazas de muerte y violación, u otras formas de tortura psicológica».
En los casos conocidos e investigados por la Misión y que forman parte de este informe, se establecen responsabilidades individuales en toda la cadena de mandos de los dos cuerpos de seguridad. Y un patrón:
«El presidente y otras autoridades de alto nivel participaron en las reuniones de coordinación y, posteriormente, ordenaron directamente la realización de acciones contra objetivos específicos por parte de las dos agencias de inteligencia.
La focalización en víctimas de un perfil específico, o en sus familiares, que incluía: personas que habían criticado al Gobierno; personas que alcanzaron prominencia o representaron una amenaza particular para el Gobierno, o personas que participaron en supuestos intentos de golpes de Estado para derrocar al Gobierno.
Las detenciones fueron precedidas por periodos de actividades de inteligencia orquestadas, incluyendo operaciones de vigilancia, escuchas telefónicas y seguimiento electrónico.En varios casos, la DGCIM y el SEBIN cooperaron con otras fuerzas militares y policiales, lo que indica una coordinación a un nivel mayor de jerarquía.
Los arrestos y las detenciones por parte de la DGCIM y el SEBIN se caracterizaron por graves irregularidades, como el uso de tácticas de seducción, los intentos deliberados por parte de funcionarios del Estado de enmascarar sus identidades, la fabricación y colocación de pruebas falsas y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, lo que generó miedo y sensación de impotencia.
El suministro del material, el apoyo logístico y los recursos humanos necesarios para las operaciones de seguridad e inteligencia requirieron la implicación de las autoridades al más alto nivel.
El uso sistemático de métodos crueles de tortura contra las personas detenidas y los intentos de coaccionarlas para que proporcionen información y hagan confesiones falsas.
La manipulación del sistema de justicia para facilitar las detenciones arbitrarias y otras violaciones, así como para proteger a los agentes de inteligencia de los procesos judiciales.
Los funcionarios que practicaban la tortura eran ascendidos y/o recompensados por otros medios.
Frecuentes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno sobre las personas detenidas ya sea antes, durante o poco después de las detenciones, lo que indica la existencia de un plan común».
La Misión se permite una radiografía: «Internamente, tanto el SEBIN como la DGCIM son entidades que funcionan y están organizadas con cadenas de mando bien establecidas. Los funcionarios de alto nivel responden al presidente, a Diosdado Cabello, u otros funcionarios de alto nivel. Para garantizar el cumplimiento de las órdenes, el SEBIN y la DGCIM mantienen un acervo suficiente de individuos disponibles, reclutados entre aquellos propensos a cometer detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo actos de violencia sexual y de género. La selección tiene en cuenta la forma en que reaccionan ante las prácticas violentas. En el SEBIN, el personal de nivel inferior suele ser muy joven y proviene de comunidades vulnerables y marginalizadas. Además, se mantiene un sistema de recompensas (ascensos y beneficios económicos) y castigos (represalias contra el personal y sus familias) para garantizar su obediencia».
Sobre lo que documentó la Misión en el Arco Minero hay que hacer otra entrega o leerlo en el informe. Pero, en general es la extensión y adaptación a la zona de lo que ocurre en las ciudades, con particularidades que padecen las víctimas. Estas son las conclusiones del informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este martes 20 de septiembre:
«La situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo grave. El país ha soportado, durante una década, una espiral de crisis humanitaria, social, económica y de derechos humanos, acompañada por un colapso de las instituciones del Estado, todo ello agravado además por el impacto del COVID-19. Prueba de ello son las más de seis millones de personas que se han visto obligadas a abandonar el país.
Las investigaciones de la Misión demuestran, con motivos razonables para creer, que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la DGCIM y el SEBIN cometieron violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno.
El análisis de la Misión sobre la situación en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado de Bolívar da cuenta, además, de cómo las violaciones de derechos humanos y los delitos se extienden por zonas remotas del país, en un contexto marcado por la criminalidad generalizada, la impunidad y la falta de gobernabilidad. La Misión han concluido, con motivos razonables para creer, que la República Bolivariana de Venezuela y funcionarios específicos detentan responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que corresponden al mandato de la Misión.
Los dos documentos de sesión con conclusiones detalladas contienen recomendaciones específicas dirigidas a las autoridades venezolanas, la comunidad internacional y otros actores relevantes.
La Misión insta a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que continúen prestando especial atención a los acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela y monitoreando si se están realizando progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos».
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