La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su tercer informe presentado a Naciones Unidas detalló denuncias y estableció posibles responsabilidades del Sebin y la DGCIM en crímenes de lesa humanidad. Esto es parte de lo que dice sobre el organismo de seguridad militar
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó este martes 20 de septiembre su tercer informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dividido en tres documentos. Uno de ellos detalla las investigaciones y denuncias sobre la participación del Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar en violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y que además responden a la aplicación sistemática de un plan del Estado venezolano contra los ciudadanos.
«En su informe de 2020, la Misión llegó a la conclusión de que había motivos razonables para creer que las violaciones y los crímenes se habían cometido en Venezuela como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad o para promover dos políticas estatales distintas: 1) una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y 2) una política para combatir la delincuencia, que incluyó la eliminación de personas percibidas como ‘delincuentes'».
El documento «Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno», detalla los hallazgos sobre el Sebin y la DGCIM y establece incluso algunas responsabilidades con nombres y apellidos en su cadena de mandos.
A continuación citas textuales del informe sobre la DGCIM que reflejan los horrores allí descritos:
«La Misión investigó casos que incluyen 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles vinculados con ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados por la DCGIM entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. Los años 2017, 2018 y 2019 fueron el período en que la DGCIM produjo el mayor número de detenciones en Boleíta. La Misión recibió información de que 85 personas continúan detenidas en alguno de los diversos centros de detención operados por la DGCIM en todo el país, de los cuales 13 permanecen en Boleíta».
«Según el análisis y la información recibida por la Misión, las y los disidentes reales y percibidos y opositores al Gobierno fueron objeto de detención sobre la base de criterios que incluían su presunta participación en complots contra el Gobierno, sus posiciones de liderazgo o su potencial de liderazgo, sus funciones dentro de la oposición política, sus críticas públicas al Gobierno y, en algunos casos, su potencial para ser objeto de actos de extorsión».
«La Misión recibió información de que las siguientes autoridades políticas ordenaron la detención de personas: el Presidente Nicolás Maduro, la Primera Dama Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah».
«La DGCIM detuvo a personas que efectuaron críticas públicas al Gobierno o a determinados funcionarios del Gobierno. Según un exempleado de la DGCIM, esto incluyó a la organización no gubernamental “Control Ciudadano”, que monitorea las actividades de la FANB. Los casos investigados por la Misión incluyen los de Carlos Julio Varón y Ricardo Prieto Parra (dos bomberos de los Apartaderos, estado de Mérida) en 2018, la clarinetista Karen Palacios en 2019 y los miembros de la organización de salud pública Azul Positivo en 2021».
«Un exempleado de la DGCIM explicó que muchos funcionarios y funcionarias de la DGCIM dependen de los activos incautados ilegalmente a las personas detenidas por ser su principal fuente de ingresos. Por esta razón, las consideraciones económicas juegan un papel importante a la hora de elegir a las opositoras y los opositores políticos del Gobierno».
«Según testigos con conocimiento sobre la inteligencia militar, la DGCIM ha desplegado agentes en otros países, como Colombia y Panamá, para reunir información y capturar a disidentes reales y percibidos que eran buscados por el Gobierno venezolano. Entre ellos se encuentran agentes de la DGCIM, así como miembros de colectivos y guerrillas. En el caso del Teniente Primero Franklin Caldera, investigado por la Misión, funcionarios de la DGCIM lo secuestraron en Colombia y lo llevaron al otro lado de la frontera, donde fue torturado y posteriormente detenido en Boleíta, DGCIM. Según un exempleado de la DGCIM, esta también envía, con frecuencia, a sus agentes a las embajadas venezolanas en el extranjero para recabar información».
«La Misión también ha recibido información de que funcionarios y funcionarias de la DGCIM obligaron a las personas detenidas a hacer acusaciones falsas contra la oposición política y otras personas. Un oficial de alto nivel de la FANB, que fue detenido por la DGCIM, declaró ante un tribunal que funcionarios de la DGCIM le ofrecieron quedar en libertad si implicaba a los líderes de la oposición en un supuesto atentado contra la vida de Maduro. Cuando se negó, lo golpearon y le dejaron heridas que se infectaron. Del mismo modo, un exdetenido le indicó a la Misión que funcionarios de la DGCIM lo torturaron asfixiándolo con una bolsa de plástico, y que luego intentaron que admitiera falsamente haber financiado a figuras de la oposición con fondos públicos, al tiempo que le exigían el acceso a las cajas fuertes que contenían estos fondos».
En múltiples casos, las personas detenidas fueron retenidas durante horas o días en “casas de seguridad” para luego ser llevadas a Boleíta en Caracas. Según el análisis de los casos de la Misión, la DGCIM ha utilizado instalaciones no oficiales principalmente en 2018 y 2019, mientras que el primer caso documentado fue en agosto de 2017 y el último en febrero de 2021. Las personas detenidas en centros de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura incluyendo violencia sexual. Las mujeres familiares que eran llevadas a casas de seguridad fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Los familiares varones y los objetivos militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo, fueron asfixiados, desvestidos y retenidos desnudos, amenazados de muerte, violados y mutilados genitalmente, y golpeados
«Testigos con acceso a información privilegiada le dijeron a la Misión que la DAE de la DGCIM, dirigida por Granko Arteaga, administra las casas de seguridad. También dijeron que dos capitanes, que responden a Granko Arteaga, están a cargo de la gestión de las casas de seguridad, incluyendo la logística y el suministro de materiales utilizados para llevar a cabo la tortura, los actos de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Uno de estos testigos dijo que nadie entra en estas casas si no está autorizado por los capitanes. Ambos capitanes, cuyos nombres o alias figuran en los registros de la Misión, han sido identificados como autores de torturas practicadas en estas casas clandestinas».
«Como se informó anteriormente, la Misión tiene conocimiento de los siguientes 17 lugares de detención/secuestro clandestinos o no oficiales, a donde las personas secuestradas/detenidas arbitrariamente fueron llevadas luego de su captura –algunos ubicados dentro de Caracas y otros fuera–:
«Casi todos los actos de tortura se llevaron a cabo en la sede de la DGCIM en Boleíta o en una de las casas de seguridad descritas anteriormente. Estos actos solían producirse durante los interrogatorios, poco después de la detención, mientras las personas detenidas estaban incomunicadas y antes de la comparecencia inicial ante el tribunal. Las sesiones de tortura podían durar días o semanas. Algunas personas detenidas también fueron torturadas en períodos posteriores de detención en Boleíta, generalmente con el fin de extraer nueva información o para castigarlas».
«En casi todos los casos, las personas detenidas permanecían encapuchadas durante las sesiones de tortura, pero en ocasiones podían reconocer a sus torturadores por la voz o por el olor. En algunos casos, las víctimas fueron testigos presenciales de actos de tortura infligidos a otras personas detenidas, pudiendo observar estos actos a través de las grietas bajo las puertas de las celdas. Otros testigos escucharon gritos desde las celdas vecinas. Los testigos vieron cómo otras personas detenidas regresaban a sus celdas ensangrentadas, golpeadas y magulladas. Las personas detenidas también compartían información con sus compañeros y compañeras de celda sobre las torturas recibidas, hablando en susurros o en metáforas, para evitar que los guardias los comprendieran».
Caso de Rafael Acosta Arévalo y otros siete detenidos el 21 de junio de 2019: «los detenidos fueron torturados y sometidos a violencia sexual: los desnudaron y los mantuvieron sin ropa durante días, los ataron a postes y los golpearon, los arrojaron a zanjas y los enterraron hasta el cuello, los colgaron de cuerdas, los golpearon en las plantas de los pies, los rociaron con líquidos irritantes y los amenazaron con violarlos con un palo de un metro de largo. Los funcionarios de la DGCIM también amenazaron con violar y matar a sus familiares si no se autoincriminaban o incriminaban a otras personas en los delitos denunciados por la DGCIM. Un funcionario le dijo específicamente a un detenido que habían estudiado a sus hijas y que las habían encontrado buenas candidatas para ser violadas. A otro detenido le mostraron videos de funcionarios de la DGCIM en las inmediaciones de su domicilio y le dijeron que matarían a miembros de su familia».
«Un exempleado de la DGCIM le confirmó a la Misión que la orden de torturar a Rafael Acosta Arévalo la dio Granko Arteaga y que el Capitán Acosta Arévalo murió como resultado de esa tortura».
«Los funcionarios de la DGCIM sometieron sistemáticamente a los detenidos militares de sexo masculino a violencia sexual y de género. Los hombres detenidos fueron violados o amenazados con ser violados, incluso con palos y bates. La DGCIM les administró descargas eléctricas y golpes en los genitales y los testículos. Esto se hacía bajando los pantalones de la víctima hasta las rodillas, bajando su ropa interior, arrojando agua sobre sus genitales y luego aplicando descargas eléctricas cerca de la zona de la vejiga».
«Un hombre detenido fue violado con un objeto y tuvo que ser trasladado a un hospital militar debido a las hemorragias y a los problemas para usar el baño resultantes como consecuencia de las lesiones».
«Un detenido le dijo a la Misión que los funcionarios de la DGCIM escribieron la palabra “teta” en un palo y les dijeron a los detenidos “que les iban a dar la teta”. También dijo que los funcionarios de la DGCIM hacían que los detenidos se cayeran de espaldas sobre el palo para ver si les entraba en el ano; “era como un juego para ellos”. El mismo detenido dijo que lo ataron y le quitaron los pantalones durante una sesión de interrogatorio en la que los funcionarios de la DGCIM trataron repetidamente de introducirle la “teta” en el ano».
Sede de la DGCIM en Boleíta Norte: «Todos los sectores del Sótano 1 eran totalmente herméticos y no tenían luz natural. Las celdas no tenían ventanas, sino un agujero en la puerta por donde se pasaba la comida. A través de ese agujero, los/as detenidos/as podían ver a otros/as detenidos/as, encapuchados/as, que eran llevados/as hacia o desde las sesiones de tortura. La celda 4, denominada el “Cuarto de los Locos”, se utilizaba como zona de castigo y tortura. La celda mide unos 2 x 2 metros y no tiene fuente de luz ni de agua, mientras que sus paredes están cubiertas con colchones (…) La Misión recibió información sobre otras celdas de tortura situadas en el Sótano 1: el“Ascensor” y la “Piscina”. La “Piscina” ha sido descrita como un tanque de petróleo, lleno de agua, con un dispositivo de tortura llamado “señorita” por encima, donde los prisioneros eran atados y luego sumergidos bajo el agua para ser torturados. El “Ascensor” es un viejo ascensor que no funciona, en el cual las personas detenidas dormían, tanto dentro como en el pasillo exterior. También se utilizaba como celda de castigo, y las personas detenidas permanecían en completa oscuridad cuando se cerraba la puerta».
«Según antiguos oficiales militares, las funcionarias y los funcionarios de la DGCIM reciben entre 10 y 40 dólares como salario mensual y hay quienes reciben una bonificación por trabajar en un entorno de alto riesgo. Los funcionarios y las funcionarias de la DGCIM supuestamente complementan estos ingresos a través del robo de bienes durante las redadas. Las víctimas denunciaron el robo de dinero en efectivo, joyas, electrodomésticos, ropa, anillos de boda, cámaras, coches y otros artículos, durante o después de su detención. Con la venta de estos objetos, los funcionarios y las funcionaras de la DGCIM supuestamente pueden duplicar o triplicar su salario mensual».
«Los funcionarios y las funcionarias de la DGCIM extorsionaron a varias personas detenidas durante los interrogatorios. Como informó la Misión en 2021, durante el interrogatorio y la tortura de Carlos Marrón, los funcionarios de la DGCIM lo obligaron a revelar las contraseñas de su computadora, teléfono y cuentas bancarias, y durante los días siguientes se retiraron más de 100.000 dólares de varias cuentas, en criptomoneda y en efectivo».
Con la mira puesta en lo ocurrido durante las protestas sociales de 2014 a 2017, el gobierno anunció que trabaja en un proyecto de ley "contra el Fascismo y el Neofascismo"
En Venezuela la arbitrariedad desde el poder usa el miedo como su arma más eficaz para intentar fomentar la desesperanza, destaca Alí Daniels, al recibir el premio a la Defensa de los Derechos Humanos por su trabajo en la ONG Acceso a la Justicia.
Querían huir de Venezuela, pero no lo lograron. Querían encontrar un trabajo digno pero la mayoría de las ofertas laborales que encuentran en la frontera con Colombia las acercan a la explotación sexual. Están atrapadas en las violencias que sufren quienes sobreviven en los rancheríos instalados en la ribera del río Táchira
