No hay noticia en realidad. Si asumimos que una noticia, por definición, es un hecho inesperado, era perfectamente esperable que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera como decidió. Con esta decisión, el poder político actual perdió la última oportunidad de abrirse a una revisión confiable de los votos emitidos el 28J
La decisión anunciada este 22 de agosto por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene consecuencias de diverso tipo para el país y la sociedad venezolana. La primera es ratificar el carácter acólito de la máxima instancia de justicia en el país. Los venezolanos, que ya tenían un Estado de derecho menoscabado, tienen a partir de hoy la ratificación de que hay un juego de cuadro cerrado en la cúpula institucional.
«Con base en el peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada máquina», señalan los magistrados. Dan como válidas unas actas electorales que no fueron las que el país presenció en cada centro de votación el 28 de julio, y que el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido incapaz de mostrarle a la sociedad a través de datos desglosados y verificables de cada mesa de votación.
La decisión del TSJ, asimismo, deja al país sin poder electoral. El CNE venía en un proceso gradual de debilitamiento, pero por mucho tiempo la presencia de dos rectores no chavistas le dio un aura de confiabilidad, limitada o cuestionada, pero al menos esas voces independientes y críticas del poder político actual actuando como rectores electorales ejercían cierto contrapeso.
A lo largo de la campaña previa al 28J quedó en evidencia que los actuales dos rectores no oficialistas ejercían como cuerpos de utilería en el CNE y la actuación del presidente del órgano, Elvis Amoroso, tuvo su punto clímax al dar a conocer unos resultados distintos a lo que arrojaba la sala de totalización, según ha denunciado el ex candidato Enrique Márquez, quien precisamente ejerció como rector del CNE en el pasado.
El gobierno de Nicolás Maduro se cierra sobre sí mismo y coloca a lo que se denominaba institucionalidad al servicio de su narrativa falseada de los hechos. Poderes “públicos” como fiscalía, el TSJ o el CNE quedan totalmente en evidencia como entidades parcializadas, que toman decisiones siguiendo órdenes políticas, como lo ha denunciado la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU, que justamente minutos antes de que se diera a conocer la decisión, recordó esto por las redes sociales de la Organización de Naciones Unidas.
El show televisivo de los miércoles en la noche por VTV, adelantó lo que iba a decidir el TSJ, y tal cosa constituye una muestra de esa condición subalterna que tiene la justicia ante el poder político actual. Simbólicamente la imagen del gobernante Nicolás Maduro sentado, en plan de dar instrucciones, ante un conjunto de magistrados de pie, y en fiel escucha, en los días previos a la decisión, es una muestra gráfica sobre cuál es el orden jerárquico realmente existente en Venezuela.
En el corto plazo, cualquier salida negociada está en un punto muerto. La decisión del TSJ, que debe leerse junto a la ausencia de datos oficiales desagregados por parte del CNE que sirvan de sustento a esta decisión de la Sala Electoral, colocan a la crisis post 28J en un punto muerto.
El poder político actual optó por profundizar la narrativa de que Maduro ganó las elecciones, involucró a todas las instituciones en esa dirección, y en simultáneo lanzó una ola represiva gigantesca, por su volumen sólo comparable a lo sucedido tras el golpe militar en Chile en 1973, de acuerdo con la percepción del veterano defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.
Para quienes ocupan el poder, no parece haber nada que discutir. Y esto tendrá repercusiones en la arena internacional. Los países de América Latina gobernados por líderes de izquierda, y que en menor o mayor grado han sido cercanos al chavismo, quedan también debilitados en su postura a favor de un diálogo y sus gestiones quedan en una suerte de limbo.
En el caso de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que literalmente está de salida, ya que le restan pocas semanas para entregar el poder, anunció que esperaría la decisión del TSJ, pero en el sentido de que refrendará la narrativa oficial. Maduro, además, está invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum el venidero 1 de octubre.
Brasil, y tal vez no sea una casualidad, ha insistido en que se repitan las elecciones precisamente este mismo día en que el TSJ se pronunciaba. La académica Margarita López Maya se pregunta, y con razón, si insistir en esto a estas alturas del partido no será una manera de retirarse de la discusión que le involucraba junto con Colombia.
Y está Colombia, que como bien ha recordado el propio Maduro, depende en varios sentidos del papel que tenga el chavismo en las negociaciones de paz con grupos irregulares armados y en particular con el llamado Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El TSJ llevó la crisis a un punto muerto. Pero su decisión, lejos de resolver la crisis de legitimidad y apaciguar el malestar social, los profundizará. Y, sobre todo, tras la decisión del TSJ, que era esperable, sin duda, la verdad sigue allí. Y la verdad sobre lo que ocurrió efectivamente el 28 de julio en las urnas la presenciaron millones de personas.
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