La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA publicó este martes 7 de enero un duro informe sobre lo ocurrido en el país en el contexto de las elecciones presidenciales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. El documento «aborda las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, observadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo largo del proceso electoral que tuvo lugar el 2024 en Venezuela» y concluye que el gobierno de Nicolás Maduro incurrió en prácticas de terrorismo de Estado y que su reelección no puede considerarse legítima.
El informe plantea su análisis en tres etapas: antes, durante y después de las elecciones presidenciales. De acuerdo a la CIDH a lo largo de estas fases el gobierno de Nicolás Maduro utilizó las instituciones del Estado para «impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía. Todo ello, con el propósito de perpetuarse en el poder», se lee en una nota de prensa informativa publicada este martes 7 de enero.
«La primera etapa se desarrolló durante el período preelectoral y tuvo como objetivo impedir la participación política de la oposición, lo que constituyó una violación a su derecho a la igualdad de oportunidades para postularse y hacer campaña sin restricciones arbitrarias ni discriminatorias. El Estado recurrió al poder de instituciones como la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad para llevar a cabo detenciones arbitrarias de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social bajo acusaciones vagas», dice el informe: «Además, se registraron actos de hostigamiento, persecución e inhabilitación contra personas opositoras o percibidas como tales, así como el retiro de misiones internacionales de observación electoral. Por otro lado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) impuso severas restricciones a la libertad de prensa, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció obstáculos que negaron el derecho al voto en el extranjero, afectando a cerca de 5 millones de personas venezolanas».
La segunda fase identificada ocurrió el mismo 28 de julio: «El gobierno implementó una estrategia destinada a manipular los resultados para proclamar como ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia. Con este propósito, el CNE detuvo la transmisión de datos bajo el pretexto de un supuesto ciberataque. Asimismo, suspendió la realización de auditorías al proceso electoral y se negó a publicar las actas de votación que respaldaban los resultados anunciados. Anticipando un fraude electoral, la oposición recopiló más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional, con el objetivo de asegurar transparencia y credibilidad de los resultados de la contienda. La totalización de los votos contenidos en estas actas daría la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia, con un 67% de los sufragios».
La percepción generalizada de fraude electoral, explica el informe, generó protestas «lideradas principalmente por hombres jóvenes en situación de pobreza». La CIDH apunta que alrededor de 300 manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado y por grupos civiles de choque, en lo que califica como una etapa de represión sistemática «incrementando el terror como herramienta de control social».
Denuncia también la implementación de la llamada «Operación Tun Tun» como parte de este proceso que «dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión».
Las 25 muertes ocurrieron por armas de fuego, de acuerdo a los datos recabados por la CIDH: «Según información pública, 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales. De estas, ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a los “colectivos”, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, e, inclusive, están incorporados legalmente en el “Sistema Popular de Protección para la Paz”. Dos de los casos serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales. En los otros casos no se cuenta con información sobre el perfil de los presuntos responsables».
«Además, se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes», dice el documento de la CIDH difundido este 7 de enero.
El informe toma nota del cambio en el patrón de protestas: «En periodos de alta conflictividad de años anteriores, como los de 2014 o 2017, las protestas estuvieron protagonizadas por personas de clase media y clase media alta, y tuvieron lugar, mayoritariamente, en avenidas centrales o barrios comerciales o acomodados. Las protestas registradas los días 28, 29 y 30 de julio se desarrollaron principalmente en barrios populares y estuvieron protagonizadas por hombres jóvenes en situación de pobreza . Información documentada por la Misión Internacional Independiente indica que varias de las personas que fallecieron durante estos días trabajaban de obreros, mototaxistas, barberos y pequeños comerciantes. De otra parte, los 8 incidentes mortales ocurridos en Caracas ocurrieron en parroquias periféricas como el Valle; Sucre; San Juan; Antímano y Macarao».
El documento denuncia que el gobierno de Maduro incurrió en prácticas de terrorismo de Estado y advierte sobre la ilegitimidad de su proclamada reelección como presidente: «El informe concluye que las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional. La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática».
En las recomendaciones, la CIDH llama al régimen en el poder en Venezuela a cesar inmediatamente la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, así como a liberar urgentemente a todas las personas detenidas arbitrariamente. Asimismo, insta a restablecer el orden constitucional, a reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos, a publicar todas las actas de votación y a permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional.
La CIDH, al tiempo que reafirmó su compromiso y solidaridad con el pueblo venezolano, reiteró su llamado a la comunidad internacional a reconocer la grave crisis de derechos humanos, mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para el regreso de la democracia al país.
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