Misión de la ONU desnuda patrón sistemático de violaciones a derechos humanos en Venezuela

Un nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, difundido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) el pasado viernes y dado a conocer hoy lunes oficialmente en Ginebra, expone en detalle una escalada alarmante de violaciones a los derechos humanos en el país, particularmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El documento, que cubre el período entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, describe un patrón sistemático y coordinado de represión, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual, ejecutado por el gobierno venezolano, sus fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales, los «colectivos».

Según Marta Valiñas, presidenta de la Misión, “no solo no ha habido mejoras, sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes”. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo redadas masivas en hogares de supuestos críticos del gobierno, utilizando como única evidencia publicaciones en redes sociales. Esta estrategia, que incluye arrestos arbitrarios, refleja un plan coordinado para silenciar cualquier forma de oposición al régimen de Maduro

Entre los hallazgos más graves, el informe documenta la muerte de al menos 25 personas, en su mayoría jóvenes menores de 30 años provenientes de barrios populares, incluyendo dos menores de edad, durante las protestas posteriores a las elecciones de julio de 2024.

Estas manifestaciones, desencadenadas por el anuncio de la reelección de Maduro en un proceso ampliamente cuestionado, fueron reprimidas con violencia extrema. El informe señala que las víctimas fueron blanco de un sistema represivo diseñado para “desalentar y sofocar” cualquier disidencia, consolidando un clima de miedo en la población.

La Misión confirma que las violaciones de derechos humanos documentadas no son hechos aislados, sino parte de un plan continuo y coordinado, y por lo tanto se enmarcan en los crímenes contra la humanidad, específicamente persecución por motivos políticos. Este patrón, identificado desde 2014, incluye ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, prácticas que se han intensificado en el período reciente.

El informe destaca que las autoridades venezolanas han abandonado cualquier apariencia de independencia judicial, dejando a la ciudadanía indefensa frente al ejercicio arbitrario del poder.

Un aspecto particularmente alarmante es el uso de la tortura como herramienta de coerción. Los detenidos, incluidos niños y personas con discapacidades, son amenazados con actos de tortura para autoincriminarse por delitos graves como terrorismo. Muchos enfrentan procesos judiciales sin acceso a representación legal de su elección, lo que los expone a penas desproporcionadas y detenciones prolongadas.

Además, el informe documenta casos de violencia sexual como parte de las tácticas de represión. Estas agresiones, dirigidas tanto a hombres como a mujeres, se utilizan para humillar y desmoralizar a los opositores. Las personas con discapacidades también han sido víctimas de estas prácticas, lo que evidencia la falta de consideración por los sectores más vulnerables de la sociedad.

El informe señala que el sistema judicial venezolano actúa como un instrumento del régimen para perpetuar la represión. Las garantías judiciales han perdido efectividad y los jueces, alineados con el gobierno, facilitan la persecución de opositores. La Misión destaca que la falta de independencia judicial ha permitido que las detenciones arbitrarias y los procesos sin pruebas se conviertan en la norma.

El gobierno de Maduro, según el portal ONU Noticias, ha rechazado consistentemente las acusaciones de la Misión y se ha negado a cooperar con ella desde su creación en 2019. Sin embargo, ante la gravedad de lo que se venía registrando, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió el mandato de la Misión por dos años más el 11 de octubre de 2024, reconociendo su rol crucial en la documentación de abusos y la preservación de pruebas para futuros procesos de justicia.

Finalmente, el informe de la Misión ha renovado los llamados a la Corte Penal Internacional (CPI) para avanzar en su investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela, iniciada en 2023.