La familia de Juan Francisco Alvarado y el SNTP aseguran que el caso está marcado por represalias políticas e irregularidades judiciales, incluida una acusación sin pruebas por incitación al odio
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió libertad para Juan Francisco Alvarado, un estudiante de Comunicación Social de Cojedes, quien fue condenado a 15 años de cárcel por denunciar un bote de aguas negras en su comunidad.
Juan Francisco fue detenido el 20 de marzo de 2025 y el Estado lo condenó, sin pruebas, por incitación al odio. Sin embargo, lo único que hizo fue denunciar una situación que no le permitía usar el baño de su casa en redes sociales y la plataforma VenApp.
Alvarado tiene 31 años y lleva 10 meses privado de libertad. Su condena la cumple en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa, desde el 11 de noviembre de 2025.
Juan no solo denunció el bote de aguas de la comunidad de Apartadero, sino también que los transformadores eléctricos se habían dañado y no los repararon. Al SNTP un familiar comentó: «Desde la Ven App llamaban para preguntar si ya los habían arreglado, y Juan decía la verdad: que no. Eso fue lo que, al parecer, desató todo lo que hoy estamos viviendo».
La familia de Juan Francisco Alvarado considera que su condena es parte de una represalia política del exalcalde chavista Uliber Quintero por haber hecho la denuncia de este problema de servicios públicos.
«La denuncia de las cloacas está en Aguas Cojedes, pero se niegan a entregarnos el informe. Juan, como estudiante de periodismo, hacía lo que estaba aprendiendo: informar», dijeron al sindicato.
El SNTP indicó que «durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó el acta de declaración de un supuesto miembro del Comité de la Juventud del PSUV de Apartadero. Sin embargo, esa persona nunca compareció ante el tribunal cuando fue citada».
Sin embargo, las irregularidades del caso de Juan Francisco empezaron desde su detención el 20 de marzo de 2025. Ese día se movilizaba en un bus que partió de Lara a Cojedes junto con una tía.
A la altura del municipio Agua Blanca, en Portuguesa, la GNB solicitó cédulas de identidad de los pasajeros y tras verificar sus datos, lo bajaron del bus y le informaron que existía una orden de captura en su contra. De acuerdo con el SNTP, la orden de aprehensión fue emitida por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Cojedes, identificada como MP-3487-2025, de fecha 9 de enero de 2025, por el delito de incitación al odio, previsto en el artículo 20 de la Ley contra el Odio.
La causa de Juan fue emitida por un tribunal de Cojedes, pero él nunca fue trasladado a esa entidad. Estuvo recluido primero en la Segunda Compañía del Destacamento 312 de la GNB, en La Cascada, y posteriormente en el Cepella (Centro Penitenciario Los Llanos).
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