La excarcelación de Tarazona la confirmó su familia este domingo #1Feb. El defensor fue uno de los presos políticos por los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió adoptar medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, integridad personal y su vida
Javier Tarazona, preso político desde el 2 de julio de 2021, fue excarcelado la mañana de este domingo 1 de febrero, informó su hermano José Rafael Tarazona.
La información también fue confirmada por el Foro Penal y otras ONG defensoras de derechos humanos. Tarazona estuvo preso durante cuatro años y siete meses.
Hoy #1Feb luego de 1675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día, mi Hno Javier Tarazona está en LIBERTAD.
— Jose Rafael Tarazona Sánchez (@jrafaeltarazona) February 1, 2026
GRACIAS A DIOS TODO PODEROSO.
Gracias a cada uno de los que han hecho posible este momento.
La libertad de uno es la esperanza de todos.#LibresParaLiberar pic.twitter.com/U9ylXg6VwH
El profesor universitario fue detenido por exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que abriera investigaciones tras los abusos de autoridad cometidos durante el conflicto armado de Apure en el 2021. En medio de esos enfrentamientos, la ONG FundaRedes denunció los atropellos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), en contra de los ciudadanos de la zona.
Tarazona fue encarcelado junto con otros defensores de derechos humanos como Rafael Tarazona, Omar de Dios García y Yhonny Romero, quienes posteriormente fueron excarcelados en octubre del mismo año.
Antes de su detención, el activista se encontraba delicado de salud y había denunciado actos de persecución, hostigamiento y amenazas hacia su persona, familiares y equipo de trabajo.
Al activista lo imputaron por delitos de instigación al odio y al terrorismo.
Tras confirmarse la excarcelación, Fundaredes publicó un comunicado señala que la detención de su director «representó un claro acto de represalia por su importante labor, especialmente por documentar violaciones en zonas fronterizas y acompañar a comunidades vulnerables».
«Su caso se convirtió en un símbolo de la criminalización contra defensores de derechos humanos en Venezuela, marcado por la falta de garantías judiciales, el irrespeto al debido proceso y condiciones que vulneraron sus derechos fundamentales», escribió.
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