El asesinato de Jorge Rodríguez (padre) sí fue denunciado, investigado y tuvo consecuencias

Dos publicaciones en la red social X, una de Marcos Gómez y otra de Luis Carlos Díaz, aportan elementos que dan perspectiva a lo relatado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este 5 de febrero, cuando daba por concluido el debate de la ley de amnistía, un proyecto presentado por su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

De acuerdo con Rodríguez, ninguna ONG, ningún organismo internacional, ni ninguna entidad se preocupó por denunciar la muerte de su padre, una figura política de la entonces Liga Socialista, con excepción de José Vicente Rangel, quien para entonces se desempeñaba como diputado.

Es tal vez la vivencia de orfandad, dolorosa sin duda alguna, la que se coloca por encima de la mirada analítica que suele tener el presidente del legislativo, y al llevar su historia personal al hemiciclo, abrió la puerta para constataciones de la misma.

Aunque posiblemente sólo haya sido Rangel quien tuvo contacto directo con aquel niño y su familia en un situación tan dramática y dolorosa, la memoria nacional aporta otros elementos que sirven para dar título a este texto: el vil asesinato de Jorge Rodríguez (padre) fue ampliamente condenado, rechazado por diversos sectores dentro y fuera del país, y lo más importante, tuvo consecuencias en el Estado.

Este caso, ocurrido en julio de 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, no solo removió instituciones democráticas de la época, como el Congreso, sino que demostró que el sistema político venezolano tuvo cierta capacidad de autoexaminarse y actuar contra los abusos de poder, como lo son la detención arbitraria, la tortura y el asesinato político.

Rodríguez (padre) fue detenido en julio de 1976 por agentes de la entonces Dirección de Seguridad e Inteligencia Política (DISIP), en conexión con el secuestro del empresario estadounidense William Niehous, vicepresidente de la Owens-Illinois, un hecho ocurrido a principios de ese año y que significó un seísmo en aquella “gran Venezuela” que vivía una gran bonanza petrolera.

Según documentos como el informe anual de Amnistía Internacional de 1977 y artículos de la Revista SIC (publicación del Centro Gumilla, dirigida por jesuitas), Rodríguez fue interrogado durante toda la noche del 24 de julio en la sede de la DISIP. Al día siguiente, fue encontrado muerto en su celda, con evidencias claras de tortura: hemorragia interna, estallido del hígado, quemaduras de cigarrillos en las piernas y marcas de electrodos en diversas partes del cuerpo.

La noticia de su muerte no pasó por debajo de la mesa, al contrario desató una oleada inmediata de rechazo en la sociedad venezolana. En un artículo titulado «Nunca es tarde para corregir», publicado en la edición 388 de la Revista SIC (septiembre-octubre de 1976) y escrito por el padre Luis Ugalde SJ –quien años después sería rector de la Universidad Católica Andrés Bello–, se describe el asesinato como un «horrendo crimen» que cayó «bajo la responsabilidad del Gobierno».

Ugalde, un influyente pensador católico y crítico social, enfatizaba que «fueron funcionarios del Gobierno, que actuaron o debieron actuar en todo momento bajo sus órdenes y control estricto, quienes torturaron a un hombre hasta arrancarle la vida». El texto, que abarca tres páginas detalladas, no solo narra los hechos, sino que critica la inicial defensiva del gobierno de Carlos Andrés Pérez, argumentando que este optó por «ocultar la verdad» en lugar de una «investigación insospechable».

El rechazo no se limitó a círculos intelectuales o eclesiásticos. El Congreso Nacional, entonces un bastión de debate plural, se convirtió en el epicentro de la condena. Durante un debate en la Cámara de Diputados, dos días después de ocurrido el asesinato, el opositor José Vicente Rangel denunció las «huellas de increíbles torturas» en el cadáver, calificándolo no como un «infarto» sino como un «asesinato» resultado de un «mecanismo de suplicio» que comprometía a todo el aparato policial.

Según el informe de Amnistía Internacional (página 164 del reporte de 1977), el Congreso exigió la destitución del director de la DISIP, Arístides Lander Flores, quien diplomáticamente presentó su renuncia para «facilitar las investigaciones». Este acto fue visto como una consecuencia directa de la presión pública y parlamentaria de aquel momento.

La condena internacional amplificó el escándalo. Amnistía Internacional, una organización clave en la defensa de derechos humanos, escribió directamente al presidente Pérez el 28 de julio de 1976, cuatro días después de haberse producido el asesinato de Jorge Rodríguez (padre) para exigir «una investigación de alto nivel» sobre la muerte. El informe detalla que el fiscal general de la República, José Ramón Medina, ordenó la detención de cuatro agentes de la DISIP implicados en el interrogatorio fatal.

Además de la renuncia de Lander Flores, el fiscal Medina confirmó torturas en otros detenidos, como Francisco Expedito Cedeño y David Nieves Banchs, y dispuso una investigación de los agentes, que fueron expuestos públicamente por estos hechos con reseñas de prensa en medios impresos críticos con la gestión de Pérez como lo fue El Nacional.

En retrospectiva, las consecuencias del caso de Jorge Rodríguez (padre) fortaleció breve y de manera incompleta a la democracia venezolana, ya que como ha señalado y con toda razón el actual presidente de la Asamblea Nacional, la justicia se quedó corta en el caso del asesinato de su padre. Aunque fueron detenidos cuatro agentes de la Disip señalados como responsables directos, el caso terminó enredado y opacado por la investigación del secuestro de Niehous y no hubo una reparación genuina.

Que Jorge Rodríguez (hijo) haya puesto de relieve su historia personal cuando se debate una ley de amnistía para el tiempo presente, puede ser un ejercicio interesante, especialmente si aquella dolorosa experiencia de su infancia, se transforma en decisiones sanadoras para los hijos e hijas de presos políticos de la actualidad.