Quien estuvo al frente de la gestión en el sistema eléctrico nacional entre 2015 y 2019, teniendo entre sus haberes el apagón nacional de marzo de 2019, sale del retiro forzado. Luis Motta Domínguez ha sido designado viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno en el Ministerio del Despacho de la Presidencia. La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar, los comentarios apuntan a que esta designación podría representar el primer tropiezo significativo del incipiente gobierno de Delcy Rodríguez, al menos por tres razones.
La primera razón, y que parece la más obvia si nos guiamos por los comentarios en X, es que este nombramiento es un potencial error en la nueva dinámica de cercanía y colaboración entre Miraflores y la Casa Blanca. Es Motta Domínguez y su historia pública, sobre él pesa una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que conduzca a su arresto y condena.
Esta oferta hecha por el Departamento de Estado en 2020, parte del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y responde a acusaciones graves de lavado de dinero y conspiración. Según documentos oficiales esgrimidos por Washington para dictar la recompensa, entre 2016 y 2018, Motta y su exviceministro Eustiquio Lugo Gómez recibieron sobornos a cambio de adjudicar contratos por más de 60 millones de dólares a empresas en Florida para la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), lavando las ganancias a través de instituciones financieras estadounidenses.
Un año antes de la decisión del Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó por corrupción que contribuyó al deterioro del sistema eléctrico venezolano, congelando sus activos y prohibiendo transacciones con entidades estadounidenses.
Traer justamente a una figura con estos antecedentes podría constituir un ruido en la cercanía que se teje entre los gobiernos de Rodríguez y Trump.
Desde su ascenso, la presidenta encargada ha enfatizado una alianza con Estados Unidos para estabilizar la economía, particularmente en el sector petrolero y energético. Fuentes en Caracas y la Casa Blanca han señalado que la reconstrucción del sistema eléctrico es indispensable para relanzar la producción de crudo, con inversiones urgentes bajo supervisión bilateral.
La segunda razón que genera interrogantes sobre el regreso a Motta Domínguez es un asunto que se esbozó en el párrafo anterior. La mandataria ha insistido en que atender el sistema eléctrico será una prioridad, reconociendo su colapso como un lastre para la recuperación económica. Sin embargo, traer de vuelta a Motta Domínguez, a quien la opinión pública y expertos señalan como uno de los responsables principales de la crisis eléctrica –aunque no el único–, genera escepticismo.
Durante su gestión como ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Venezuela experimentó más de 23.860 interrupciones del servicio en 2019, según reportes del Departamento del Tesoro estadounidense. Apagones masivos, como el de marzo de 2019 que dejó a oscuras prácticamente a todo el país durante varios días, fueron atribuidos en su momento por el régimen de Nicolás Maduro a sabotajes externos, pero expertos independientes los vincularon a falta de mantenimiento e inversión.
Motta Domínguez fue destituido por Maduro en abril de 2019 tras esos eventos, recibiendo un «descanso» oficial. La Asamblea Nacional bajo control de la oposición democrática aprobó en 2017 una moción de censura contra él por malversación. Investigaciones parlamentarias estimaron irregularidades por más de 25.000 millones de dólares en proyectos eléctricos.
Traerlo de regreso parece ignorar estos antecedentes, especialmente cuando Rodríguez promete una normalización energética. En materia de opinión pública esta designación podría ser el primer error de Rodríguez, porque vincula a su gestión a una persona notablemente mal valorada y asociada a una crisis que tuvo un impacto muy negativo en la sociedad.
La tercera razón, es obvia: el amplio espectro de señalamientos por corrupción a gran escala que rodeaa a Motta Domínguez. Investigaciones de Transparencia Venezuela detallan un esquema donde se otorgaron 11 contratos irregulares a empresarios como Jesús Ramón Veroes y Alberto Chacín Haddad, con sobreprecios de hasta 300% y envíos de equipos incompatibles, como 500 transformadores aptos solo para sistemas de Cuba y Nicaragua, que terminaron almacenados sin uso.
Estos actos priorizaron la apropiación de fondos sobre el mantenimiento, agravando la crisis.
En un hilo publicado en X por la cuenta @NoMasGuiso de Transparencia Venezuela se detalla cómo Motta y Lugo dirigieron sobornos masivos en Corpoelec, con sobrecostos alarmantes y blanqueo en Florida. Estos antecedentes no solo manchan su reputación personal, sino que podrían exponer al gobierno interino a escrutinio internacional, complicando la atracción de inversiones extranjeras que resultarán cruciales para expandir la producción petrolera.
Ante estas razones, surgen hipótesis sobre por qué Rodríguez opta por esta decisión riesgosa. Una es que Motta Domínguez pertenece al círculo de confianza de la mandataria, priorizando lealtades personales sobre costos políticos.
Otra hipótesis, tal vez más intrincada, apunta al relacionamiento de Motta Domínguez con el entramado militar, un «hueso duro de roer» para Rodríguez. Fuentes de prensa española, como el diario ABC y The Objetive, revelaron que durante la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas a inicios de este mes, se discutió la remoción de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, sin encontrar aún un relevo.
El ex jefe de gobierno español, invitado por los hermanos Rodríguez -según se dijo públicamente- para promover diálogo y amnistía, habría propuesto al general exiliado en Madrid, Miguel Rodríguez Torres, como candidato para desplazar a Padrino y figuras como Diosdado Cabello.
En este contexto, Motta, con su trayectoria militar y lealtad chavista, podría servir como puente para estabilizar lealtades internas. Sin embargo, estamos en el terreno de las hipótesis y sólo la presidenta encargada Delcy Rodríguez sabe a ciencia cierta qué es lo que gana al traer de regreso a Motta Domínguez al Palacio de Miraflores.