Amnistía y reconciliación: el Estado debe admitir la responsabilidad de sus excesos

Tanto la presidenta encargada Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insisten en usar la palabra reconciliación en un marco de convivencia nacional, tal como plantea la Ley de Amnistía aprobada la semana pasada. Sin embargo, la pregunta central que surge es si el verdadero primer paso hacia una reconciliación genuina no debería ser que el chavismo —por haber ejercido el poder a lo largo del siglo XXI- reconozca públicamente los graves excesos y abusos cometidos, y pida perdón a las víctimas y al país.

Esta interrogante cobra relevancia ante las miles de detenciones políticas documentadas en los últimos años, así como los casos crueles que continúan saliendo a la luz, una vez que se activaron las excarcelaciones y ahora las libertades plenas.

Aunque Venezuela ya venía con casos graves de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en el marco de la represión de las protestas en 2014 y 2017, estas prácticas se vieron particularmente intensificadas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Informes de Human Rights Watch (HRW), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y Amnistía Internacional coinciden en señalar que tras las protestas postelectorales se registraron al menos 24 muertes vinculadas a la represión, más de 2.000 detenciones arbitrarias —muchas contra adolescentes y opositores— y acusaciones vagas como “incitación al odio” o “terrorismo”, acompañadas de penas draconianas, sin derecho a la defensa.

Estos abusos no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia represiva que incluyó la “Operación Tun Tun” y el uso de colectivos armados progubernamentales.

Andrea Santacruz, abogada, docente universitaria y directora de la ONG de derechos humanos Civilis en una entrevista reciente con Radio Fe y Alegría dejó en claro que la Ley de Amnistía representa un paso importante, pero insuficiente para avanzar hacia una reconciliación nacional verdadera.

Santacruz argumenta que el instrumento legal no reconoce explícitamente que se cometieron violaciones de derechos humanos por parte del Estado. Tampoco garantiza elementos esenciales de la justicia transicional: reparación integral a las víctimas, preservación de la memoria histórica, garantías de no repetición y, sobre todo, justicia que implique sanciones a los responsables —tanto a quienes dieron las órdenes como a quienes las ejecutaron.

“En el Estado aún no se reconoce que hubo violación de DDHH”, enfatizó Santacruz. Para ella, sin estos componentes, la amnistía corre el riesgo de convertirse en un gesto unilateral que coloca a las víctimas en la posición de tener que agradecer las medidas adoptadas por el poder, en lugar de exigir cuentas.

Reconciliación pero con justicia

Lo señalado por esta abogada y activista de derechos humanos se alinea con estándares internacionales de justicia transicional, como los establecidos por la ONU, que insisten en que una amnistía efectiva debe integrarse en un proceso integral que incluya verdad, justicia y reparación, y no limitarse a extinguir responsabilidades penales sin admitir los hechos.

Hasta ahora, desde el gobierno de Delcy Rodríguez o desde la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo o de la Asamblea Nacional, no se ha producido un reconocimiento oficial de que las detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones fueron políticas de Estado, ni se han anunciado investigaciones independientes o sanciones contra altos funcionarios o ejecutores.

Una reconciliación auténtica requiere, según expertos en derechos humanos, al menos tres pilares fundamentales:

• Admisión de responsabilidad: El Estado debe reconocer públicamente los hechos, no solo como errores aislados, sino como violaciones graves que afectaron a miles de personas. Sin este paso, cualquier llamado al perdón resulta asimétrico y puede percibirse como una exigencia de olvido forzado.
• Justicia: Implica procesar y sancionar a los responsables, en función de la gravedad de los actos. La impunidad total socava la confianza en las instituciones y perpetúa el ciclo de abusos.
• Reparación y garantías de no repetición: Las víctimas merecen compensación material y moral, acceso a la verdad (incluyendo archivos y testimonios), y reformas institucionales que eviten la repetición, como la depuración de cuerpos de seguridad y la independencia judicial.

La Ley de Amnistía, al enfocarse principalmente en la extinción de responsabilidades penales y la liberación de procesados, avanza en la desescalada política, pero deja pendientes estos elementos.

Si el chavismo aspira a una reconciliación genuina, el primer gesto creíble sería asumir la responsabilidad por los excesos cometidos, especialmente en los años en los que Nicolás Maduro ocupó la presidencia.