Señor canciller, eso no es autodeterminación de los pueblos

En el mapa político de América Latina de 2026, la relación con Venezuela se ha reordenado con una rapidez que era difícil de prever apenas un año atrás. Gobiernos que criticaron con dureza la deriva autoritaria del chavismo y apostaron al aislamiento diplomático de Nicolás Maduro, han pasado, en un giro notable, a una política de acercamiento pragmático.

La clave de este reordenamiento en el campo diplomático no está relacionada necesariamente con una transformación sustantiva del status quo dentro de Venezuela. Puede leerse más como respuesta a la línea marcada por Washington tras la captura de Maduro en enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y claramente avalada por la Casa Blanca.

La carta principal de la administración Trump hacia Venezuela pasa por el ejercicio del poder por parte de Delcy Rodríguez, más allá de lo que dicte la Constitución en relación con la ausencia (visiblemente absoluta) del gobernante anterior.

Estados Unidos la reconoció formalmente como jefa de Estado ante sus tribunales y ha restablecido canales de cooperación, particularmente en el sector petrolero y minero. Esa señal es leída por buena parte de la región como el nuevo marco de referencia para interactuar con el Palacio de Miraflores.

Lo que antes se resolvía con declaraciones altisonantes, rupturas de relaciones y presiones multilaterales, el “principismo” de los años previos al 3E, se ha transformado en un pragmatismo que prioriza la reconstrucción de lazos bilaterales, la gestión de flujos migratorios y la cooperación económica, siempre dentro de la cancha que ha delineado Washington.

Los ejemplos se acumulan. Santiago Peña, presidente de Paraguay, realizó una visita corta a Caracas en septiembre, antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Miraflores fue recibido por Rodríguez y el encuentro se describió como “hermoso”. En Nueva York, el presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con Rodríguez y habló de “respaldar la reconstrucción de Venezuela”. En Roma, durante el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, el dominicano Luis Abinader se reunió por primera vez con Delcy Rodríguez y se resaltó la lógica de cooperación binacional, y antes se habían reestablecido los lazos consulares.

El patrón del deshielo

Sin embargo, Uruguay no ha acompañado ese movimiento. En una entrevista con el prestigioso diario brasileño Folha de São Paulo, el canciller Mario Lubetkin fue explícito: “De ninguna manera” se restablecerán las relaciones diplomáticas, rotas desde 2024. “Nada ha cambiado”, dijo. “Hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un presidente (Nicolás Maduro) que ahora, además de todo, está encarcelado en Estados Unidos, y de ese presidente surge otra (Delcy Rodríguez), tan ilegítima como él”.

Para Montevideo, la solución es clara: “Que haya elecciones, que alguien gane, que un tribunal independiente confirme que María o José ganó y, 15 minutos después, estableceremos relaciones diplomáticas con el legítimo ganador de una elección democrática”. La posición de Uruguay, a contrapelo de lo que vienen diciendo y haciendo otros gobiernos de la región, considera tan ilegitimo a Maduro como a la sucesora, pese al respaldo abierto de EEUU.

La respuesta venezolana llegó a través del canciller Félix Plasencia. En un mensaje en X, rechazó “las visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

El concepto de autodeterminación de los pueblos tiene una historia precisa. En los años 1960 y 1970, en el contexto de la descolonización, se utilizó para afirmar el derecho de las sociedades a liberarse de la tutela externa de una potencia externa. Era una reivindicación contra la subordinación formal o informal de un Estado a otro.

Hoy, cuando Plasencia lo invoca frente a Uruguay, el marco es distinto. En realidad, diversos indicios apuntan a una dependencia simbólica y operativa del gobierno de Rodríguez respecto de la administración Trump: el reconocimiento legal estadounidense, los acuerdos petroleros bajo supervisión de Washington, la narrativa de cooperación prioritaria con Estados Unidos y la ausencia de un calendario electoral autónomo.

En ese escenario, la acusación de injerencia dirigida a Montevideo resulta paradójica. Uruguay no reclama tutela ni propone imponer un gobierno; plantea que la legitimidad debe surgir de un proceso electoral verificable.

Lo que Uruguay sostiene no es un detalle de protocolo. La autodeterminación, en el aquí y ahora venezolano, requiere que la voluntad popular pueda expresarse libremente y definir el rumbo de la nación. Eso se materializa a través del voto, en condiciones de competencia real, con observación y certificación independiente de resultados. Sin ese mecanismo, la invocación de la soberanía se reduce a la continuidad de un poder que no ha sido ratificado por las urnas.

Mientras la mayor parte de la región avanza hacia la normalización siguiendo la pauta de la Casa Blanca, Montevideo se constituye en una excepción e insiste en que el pueblo venezolano debe poder decidir, de manera verificable, quién lo va a gobernar.