Más de 37 mil personas habrían perdido sus hogares en La Guaira

Al menos 2.370,6 millones de dólares se necesitarán para reponer las viviendas en las zonas afectadas por el doblete sísmico de La Guaira. Es un estimado incluido en un recién divulgado informe de la firma consultora Anova y elaborado en colaboración con el Microsoft AI for Good Research Lab. El cálculo en esta etapa temprana solo apunta a las estructuras habitacionales, no incluye los servicios, la infraestructura vial, ni lo que se perdió en cada hogar destruido.

El «policy brief» de Anova, cuya metodología se explica en el documento original disponible en la web, trabajó con una población total de 7 parroquias del estado La Guaira donde se concentraron los daños y con una población calculada en 403.784 personas, lo que incluye un incremento que toma en cuenta la población flotante que se encontraba en estos lugares durante el feriado que terminó en tragedia.

Dice el informe que «unas 73.524 personas (18,2% del total) residían en estructuras habitacionales que sufrieron algún nivel de daño observable, y de ellas, 37.611 personas (9,3% del total) habitaban estructuras con daño severo, daño estructural o colapso». Este último, claro, es el segmento que hoy requiere refugios y soluciones permanentes.

«El costo de reposición de la infraestructura habitacional dañada se estima en US$ 2.370,6 millones, una magnitud equivalente a entre 2% y 3% del PIB corriente del país», explican los investigadores del equipo de Anova: «Este costo está limitado a la infraestructura de carácter residencial, no incluye daños sobre la infraestructura pública y redes de servicios, ni sobre el stock de infraestructura comercial e industrial. Tampoco incluye las pérdidas por actividad económica».

Antes de seguir con los números, ofrece un resumen que ayuda a tener idea de por qué pasó lo que pasó: «Entre los elementos que han sido señalados como influyentes en la vulnerabilidad de la cinta costera de La Guaira frente al evento del 24 de junio están la antigüedad del stock edificado y las deficiencias históricas en la aplicación y fiscalización de la norma sismorresistente venezolana (Colegio de Ingenieros de Venezuela [CIV], 2026). A este escenario se suma la presencia de tipologías estructurales conocidas por su alta vulnerabilidad sísmica, específicamente los edificios de planta baja libre o pisos blandos, cuyo comportamiento dinámico tiende al colapso por falta de rigidez basal (Miranda, 2026). Esta fragilidad estructural pudo haber sido agravada por el hecho que, tras más de una década de colapso económico, el mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones ha sido sumamente limitado en el caso de hogares y condominios empobrecidos (Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela [IU-UCV], 2026). Asimismo, el riesgo latente de la zona se consolidó por el efecto de sitio derivado de los suelos blandos presentes en el litoral y la ocurrencia de efectos de licuación sísmica microzonificados (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas [FUNVISIS], 2026)».

Ese cóctel de elementos nos tiene hoy con la realidad de que de 403.784 de habitantes de siete parroquias, 330.260 (81,8%) residían en edificaciones que no parecen haber resultado dañadas. Esa, dentro de todo, sería una buena noticia.

Las malas noticias abundan: «Se estima, sin embargo, que 73.524 personas (18,2%) en la zona de desastre habitaban estructuras con algún nivel de daño, de las cuales 26.845 habitaban estructuras con daño severo y 10.766 estructuras con daño estructural o colapso. En conjunto, unas 37.611 personas —cerca de 1 de cada 10 habitantes de la franja analizada— residían en estructuras cuya condición compromete su habitabilidad de manera grave o definitiva».

El modelo utilizado por Anova analiza también por edificaciones: «De un total de 38.798 estructuras habitacionales identificadas en la franja costera, 4.958 (12,8%) presentan algún nivel de daño observable. De ellas, 1.948 estructuras registran daño severo y 706 daño estructural o colapso; es decir, 2.654 estructuras (6,8% del stock total) quedaron gravemente comprometidas o destruidas por el evento».

Catia La Mar, como es evidente para cualquiera que haya recorrido la zona, resulta el lugar más afectado: «acumula 3.449 de las 4.958 estructuras dañadas, cerca de 7 de cada 10, incluyendo 528 de las 706 estructuras colapsadas o con daño estructural».

El ejercicio no es meramente académico. Manejar información independiente y criterios técnicos será fundamental de cara al futuro inmediato: «la política habitacional posdesastre debe planificarse para un universo de alrededor de 37.600 (+/- 6,5%) personas residentes en estructuras con daño severo, estructural o colapso, que requerirán soluciones habitacionales transitorias o permanentes, junto con un segundo anillo de unas 35.900 personas en estructuras con daño leve, moderado o intermedio, cuyas viviendas demandan evaluación de habitabilidad y programas de reparación. Dimensionar este universo permite establecer la escala óptima que debe tener la operación de refugios temporales».

La segunda implicación de estos datos, «es de focalización territorial. La concentración del daño en Catia la Mar (7 de cada 10 estructuras dañadas) y la severidad del daño en Caraballeda exigen respuestas territorialmente diferenciadas. El esquema de reconstrucción debe tomar en cuenta la heterogeneidad de tipologías y de escalas de daño entre parroquias».

La tercera, tiene que ver con recursos: «Necesidades de reposición de infraestructura habitacional en el orden de los US$ 2.370,6 millones, en un solo estado y en un solo componente del acervo de capital físico, sin tomar en cuenta las enormes presiones de gasto que significará la reconstrucción del resto de la infraestructura pública y privada, excede con holgura cualquier espacio fiscal disponible en el corto plazo, en un país que continúa sin acceso a los mercados internacionales de capital, con una deuda externa en situación de impago y con un mercado de seguros catastróficos prácticamente inexistente. La movilización de financiamiento multilateral y de cooperación internacional para la reconstrucción será una condición necesaria».

Y la cuarta, no por ello menos importante, «es institucional y de más largo plazo. La tragedia del 24 de junio de 2026 volvió a poner en evidencia el costo de décadas de deterioro en la aplicación de las normas sismorresistentes y en el mantenimiento del stock construido. La reconstrucción de la línea costera de La Guaira debería ser la oportunidad para reconstruir mejor: actualizar y hacer cumplir la norma sísmica, auditar estructuralmente el stock sobreviviente, y crear un registro público de edificaciones y daños que sirva de base para la gestión de riesgo futuro en un país que, como recordó el doblete del 24J, está asentado sobre el borde activo de dos placas tectónicas».