La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente y actual opositor Evo Morales, por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de servicios públicos.
Según la orden de captura dada por el fiscal Brayan Melgar, Morales habría cometido estos delitos durante las violentas protestas y bloqueos de vías de mayo y junio de este año en ese país.
Como consecuencia de los bloqueos, murieron 16 personas en Bolivia, 13 de ellos porque no pudieron llegar a centros médicos a tiempo. Además, generaron pérdidas por más de 3.000 millones de dólares (casi el equivalente a las reservas internacionales netas de ese país que, para el 30 de junio y según su Banco Central, no llegaban a 3.700 millones).
Según explica el medio latinoamericano Rpp.com, «durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como única demanda».
Morales fue presidente durante 13 años, desde 2006 hasta 2019, y aunque fue inhabilitado para presentarse a una nueva candidatura, se niega a aceptarlo.