Las otras víctimas del 11S: los limpiadores inmigrantes de la Zona Cero

El 15 de septiembre de 2001 a las siete de la mañana, Lucelly Gil se adentró en el inmenso nubarrón de polvo tóxico que dejó el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York. A partir de ese momento recogería allí escombros hasta 12 horas por día, cada día, durante seis meses.

Durante ocho meses tras los atentados, decenas de miles de personas -muchos de ellos inmigrantes- limpiaron la «Zona Cero» donde se erguía el World Trade Center, vaciaron y demolieron otros edificios dañados, y retiraron 1,8 millones de toneladas de escombros del área a cambio de unos 7,5 a 10 dólares la hora, un salario apenas superior al mínimo en la época.

No lo sabían entonces, pero la exposición al asbesto y a otros materiales tóxicos como el plomo les acarrearía cáncer, asbestosis y un sinfín de enfermedades respiratorias, además de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

«No me gusta recordar los aniversarios de la Zona Cero (…) Siento que estoy retrocediendo», dijo Gil, enferma de cáncer de mama, en 2021, llorando en una reciente sesión del grupo de apoyo a limpiadores latinos del 11/9 «Fronteras de Esperanza», que todavía se reúne ocasionalmente en el distrito de Queens.

Recuerda que tras trabajar tantas horas, a veces hallando restos humanos, «me iba para casa y pensaba que estaba todavía limpiando. Casi me enloquezco».

Más de 2.000 limpiadores, rescatistas y policías murieron debido a enfermedades vinculadas al 11S, según el fondo federal de indemnización a las víctimas.

En la última década, muchos limpiadores indocumentados, algunos enfermos, «fueron deportados», asegura la trabajadora social Rosa Bramble, que en 2010 fundó el grupo «Fronteras de Esperanza» de forma voluntaria en su consultorio de Queens.

Otros regresaron a morir a sus países, porque estaban enfermos y no podían trabajar para mantenerse. «Aquí no podían pagar un alquiler», dice esta profesora de la Universidad de Columbia, de origen venezolano.

Algunos trabajadores que demandaron a la ciudad de Nueva York y a las compañías que los empleaban consiguieron ser indemnizados. Además, el Congreso aprobó en 2011 el pago de indemnizaciones federales, con un máximo de 250.000 dólares para un cáncer vinculado al 11/9.

Lucelly Gil recibió 40.000 dólares en 2018, pero sin poder trabajar, el dinero se le acabó cuando pagó deudas y el alquiler atrasado.

«A los latinos nos discriminaron en relación a los otros trabajadores del 11S», asegura.

«Cuando uno se ofreció para ir a trabajar no preguntaron ‘¿Tú eres ciudadano?’ ‘¿Tú eres residente?'».

Nota: este trabajo de afp fue publicado en 2021, y actualizado en 2026. Rosa Bramble sigue en la Universidad de Columbia, según la página web de la institución.