Pedro Carmona Estanga no fue un actor marginal en aquellos primeros meses de 2002 que terminaron desembocando en la breve salida del poder de Hugo Chávez. Hay que recordarlo, Carmona Estanga fue la figura que, desde la presidencia de Fedecámaras, terminó autojuramentándose como presidente de la República y dictando un decreto que disolvía al resto de los poderes públicos.
Aquella secuencia de decisiones erráticas no solo abortó la posibilidad de una salida institucional a la crisis, sino que desmovilizó a una ciudadanía que venía acumulando fuerza en las calles y entregó al chavismo el argumento político y moral que necesitaba para consolidarse: presentarse como víctimas. Después de aquel abril de 2002 la sociedad venezolana entró en una larga noche.
Carmona llegó a la presidencia de Fedecámaras en julio de 2001 en medio de una disputa interna. El gremio empresarial ya enfrentaba un clima de confrontación creciente con el gobierno de Hugo Chávez, que avanzaba con leyes habilitantes, reformas agrarias y un discurso cada vez más polarizante. Carmona representaba un sector del empresariado que optó por la confrontación abierta.
Siendo presidente de Fedecámaras, Carmona Estanga no formaba parte de ninguna línea de sucesión constitucional. Cuando el 11 de abril de 2002 la marcha opositora fue respondida con violencia y sectores militares detuvieron a Chávez, el vacío de poder que se abrió no habilitaba, en términos legales, a que un dirigente gremial se autoproclamara presidente.
Puestos en plan de dibujo libre, eventualmente una junta plural de gobierno con un plan específico de cuándo se harían nuevas elecciones y decisiones que no disolvieran a los otros poderes públicos, tal vez habría allanado el camino a una temprana transición post-Chávez, con el envío de éste a Cuba con su familia, como él mismo había solicitado.
El paso de Chávez a Carmona en menos de veinticuatro horas fue, en sí mismo, un golpe de Estado. Tuvimos una decisión de facto tomada por un grupo de militares y civiles que, en el fragor de las horas, colocaron al frente del Estado a quien presidía el principal gremio empresarial. Esa irregularidad originaria ya comprometía cualquier pretensión de legitimidad. Lo que vino después la terminó de liquidar.
El decreto firmado por Carmona el 12 de abril no se limitó a organizar una transición. Disolvió la Asamblea Nacional, destituyó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, removió al fiscal general, al defensor del pueblo y al contralor, y anunció la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo que nunca quedó claro. En el lenguaje coloquial de la época se dijo que se había “pasado por el forro” al resto de los poderes públicos. El texto no era una medida de emergencia acotada: era un intento de reconfiguración total del orden institucional.
Al hacerlo, Carmona no solo confirmó el carácter golpista de la operación, sino que despojó de justificación a buena parte de los militares y civiles que hasta ese momento habían apoyado la salida de Chávez bajo el argumento de que se trataba de restaurar la constitucionalidad.
El efecto inmediato fue la desmovilización de la oposición ciudadana. Durante semanas, y especialmente en los días previos al 11 de abril, las protestas habían crecido en magnitud y frecuencia. La marcha del 11 de abril fue el punto más alto de una ola de descontento que había logrado colocar contra la pared al gobierno de Chávez.
Cuando Carmona dictó su Carmonazo, esa ola se detuvo. Reinó confusión, contrariedad y falta de dirección para aquel pueblo que en las calles se las había jugado para forzar la renuncia de Chávez.
Al mismo tiempo, el chavismo recuperó la iniciativa: las concentraciones en torno a Miraflores, el llamado a las bases militares y la reactivación de los circuitos de comunicación oficial encontraron en el decreto de Carmona la prueba de que no se trataba de una crisis institucional, sino de un intento de derrocamiento.
El cálculo de Carmona y de quienes lo respaldaron resultó profundamente erróneo. Subestimaron la capacidad de movilización del chavismo y, sobre todo, la lectura que el gobierno haría de los acontecimientos. En 2002 el chavismo todavía no había consolidado el control total de las instituciones ni había desarrollado el aparato represivo que desplegaría años después.
Sin embargo, la experiencia de aquel abril le dejó a Chávez y los suyos una enseñanza temprana y clara: si entregaban el poder en condiciones de debilidad, serían perseguidos y, en el peor de los escenarios, linchados políticamente. Esa percepción de amenaza existencial alimentó, en los años siguientes, la estrategia de control de las Fuerzas Armadas, la judicialización de la oposición, la captura de los poderes públicos y la construcción de un discurso de “guerra permanente” contra el “golpismo”.
El Carmonazo no solo fracasó como operación política: fracturó a la oposición en el momento en que más cohesionada se encontraba. Figuras militares y civiles que habían participado en la detención de Chávez se distanciaron de Carmona apenas conocieron el decreto. El empresariado quedó marcado por la asociación con un intento de ruptura institucional. Y la ciudadanía que había protestado de manera masiva y sostenida quedó literalmente desorientada, extraviada.
Carmona abandonó el país semanas después. Primero se refugió en la embajada de Colombia y luego obtuvo asilo político en Bogotá. Desde entonces ha vivido entre Colombia y España. Nunca ofreció una explicación pública detallada y transparente sobre sus decisiones en aquel momento, que terminó siendo un parteaguas en la lucha democrática venezolana.
El chavismo de 2002 todavía podía ser desafiado desde las calles y desde las instituciones. Después del Carmonazo, esa posibilidad se estrechó. La larga noche que siguió no comenzó exclusivamente con Carmona, pero él contribuyó de manera decisiva a que la oscuridad se hiciera más profunda y más prolongada. Cualquier intento de reescribir aquellos días como un simple error táctico o como un malentendido ignora el efecto concreto que tuvo su decreto: desmovilizó a quienes protestaban y confirmó a quienes gobernaban que el poder, una vez recuperado, no podía volver a ser entregado.