Estos son los poderes especiales que se renovó Maduro
En Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.227 fue publicado, la tarde de este lunes, el estado de excepción anunciado el viernes por el presidente Nicolás Maduro.
Venezuela
El decreto, anunciado por Maduro para combatir las “amenazas” de Estados Unidos y enfrentar las consecuencias de la llamada “guerra económica” que según el chavismo emprende «la burguesía” local e internacional, amplía los alcances de un decreto de emergencia económica que el presidente mantenía desde enero y que expiró el sábado. Tendría una vigencia de 60 días con 60 días prorrogables.
El decreto otorga plenas facultades a las llamadas CLAPs (los comités creados por el Ejecutivo para vender las bolsas de comida con alimentos regulados) para organizar y mantener el orden público junto a militares, policías, concejos comunales y otros brazos del llamado “Poder Popular”.
En su artículo dos, el decreto autoriza al Ejecutivo a tomar medidas de intervención para que al sector privado produzca, comercialice y distribuya “correctamente” insumos y bienes a la población.
Además, autoriza al ministerio de Banca y Finanzas y al Banco Central establecer “límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana” , así como a “restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país”.
La medida también establece nuevas facilidades para la “asignación directa de divisas” para la compra de “rubros prioritarios” por parte del Estado.
Otro de los puntos es la creación por los ministros de “cronogramas de oportunidad” para vender productos regulados, atendiendo “a las características particulares de las zonas o regiones, prevaliendo el interés en el acceso a los bienes con el debido control o supervisión”.
También permite regular el horario de la jornada laboral “tanto en el sector público y privado”.
En el plano político, el estado de excepción también blindaría a altos funcionarios ante posibles sanciones de la Asamblea Nacional.
Según el artículo dos del documento, se autoriza al Ejecutivo a dictar medidas y planes de seguridad “que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”, y que permitan “avances contundentes en la restitución de la paz de la soberanía, la seguridad personal y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva”.
Se puede suspender el porte de armas de forma temporal en todo el territorio nacional, según dicta el artículo 5, “como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo” de las y los ciudadanos. La medida excluye a efectivos policiales y de la FANB, asegura el medio oficial.
