La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofreció una entrevista al diario El Comercio de Perú, en la que volvió a denunciar los peligros que corre la democracia con la Asamblea Nacional Constituyente y advirtió cómo se está desmantelando el Poder Judicial a través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de las actuaciones de la policía política, Sebin.
Ortega Díaz, quien selló su divorcio del chavismo contra las acciones legales contra la Constituyente y los magistrados que el propio TSJ terminó desestimando, dio las razones del por qué la iniciativa impulsada por Nicolás Maduro es inconstitucional.
«El procedimiento de convocatoria a la Constituyente es totalmente inconstitucional por no haber sido consultada al pueblo […]. Además, el 90% de la población rechaza esta Constituyente porque sabe que ella no va a resolver la crisis. Dime de qué forma los venezolanos podrán adquirir medicamentos y alimentos con normalidad con la Constituyente», dijo.
«Parece que la calidad de vida del pueblo no les importa a los gobernantes, pues cuando los escuchas hablar de la Constituyente solo mencionan venganzas, odios, amenazas contra instituciones y sectores políticos, pero nada dicen del calvario que día tras día sufre el pueblo», afirmó la fiscal.
Ortega Díaz consideró que los más grave es la «surbordinación del Poder Judicial» ante lo que considera la «lógica policiáca y represiva» que a su entender aplica el Gobierno, mediante la policía política Sebin. Un organismo que se niega a liberar a detenidos, pese a las órdenes del Ministerio Público o de Tribunales.
«El Poder Judicial debe controlar las actuaciones de las fuerzas de seguridad, poner límites al poder policial y militar, no lo contrario. Acá las carretas están delante de los caballos, el Sebin le dicta líneas al Poder Judicial y este obedece. Esto no es un Estado de derecho, es un Estado policial«, agregó.
Al ser consultada sobre si hay dictadura o no en Venezuela, la fiscal recordó cómo el Estado de derecho se ha ido desmantelando a través del Supremo que, sostuvo, «va erigiéndose en una especie de corte totalitaria que interpreta y manipula a su antojo y, bajo sus intereses políticos, lo que establece la Carta Magna».
«El TSJ trató de enmendar esas sentencias que cuestioné con unas aclaratorias que son dignas de estudio para las escuelas de derecho, como ejemplo de lo que no se debe hacer».
Ortega Díaz insistió que no hay necesidad en redactar una nueva Constitución y advirtió que de prosperar el proyecto de Maduro, los venezolanos vivirán «horas oscuras» en su democracia.
«De consolidarse la Constituyente, los venezolanos comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de toda nuestra historia republicana. De consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia».
La fiscal también advirtió que hay sectores en Venezuela que están «jugando a agudizar la crisis para legitimar una intervención extranjera» y expresó su preocupación por el accionar de los militares en medio de las manifestaciones de calle.
«Me preocupa enormemente que muchos militares se presten para la violación de derechos humanos y actúen como si la justicia nunca los fuese a tocar», dijo en la entrevista.
«Antejuicio es un disparate jurídico»
Sobre el antejuicio de mérito dictado por el TSJ en su contra, la Fiscal General lo calificó como un «disparate jurídico» que demuestra como en Venezuela se está desmantelando el Estado de Derecho.
«El antejuicio de mérito que decidió en mi contra el TSJ contraría una vez más el orden constitucional y acaba con cualquier mecanismo que brinde seguridad jurídica a los ciudadanos. No porque sea mi caso, sino que este disparate jurídico abre una situación impensable, y es que cualquier particular pueda querellarse contra el alto funcionario que considere, presidente, ministros, generales, sin pruebas, y esos magistrados deben tramitarlo con celeridad, a espaldas del mismo, tal como lo hacen conmigo».
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En una nueva entrega a cuenta gotas, el corresponsal de la agencia de noticias AP en Miami revela que Luis Ortega Díaz es la funcionaria señalada por el empresario Carlos Urbano Fermín (preso y bajo juicio en Estados Unidos) en un oscuro caso de cobro de sobornos.
Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal chavista convertida en acérrima crítica del régimen que encabeza Nicolás Maduro, denuncia que se mantienen las amenazas y ataques contra su vida y su libertad, por lo que decidió abandonar Colombia y trasladarse a España y solicitar asilo.
Fuentes judiciales recapitulan los cargos por al menos 505 casos de asesinatos, tortura, represión, persecución sistemática de opositores, violación del hogar de los que se responsabiliza directamente a Nicolás Maduro y a cuatro de sus estrechos colaboradores militares, según la demanda que después de tres años apenas avanza en la Corte Penal Internacional, en La Haya y que fue impulsada por varios gobiernos americanos.
