CIDH: Al menos 5 niños mueren semanalmente por desnutrición

El organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) emite el escrito a raíz de los resultados obtenidos en un estudio realizado por a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OMS) en el que midieron la seguridad alimentaria y nutricional de la nación.

Ambos organismos notaron un aumento notorio en los indices de desnutrición. Al menos 1,3 millones de venezolanos son subalimentados para el periodo 2014/2016, es decir un 3,9% adicional al trienio anterior. Esa estimación corresponde a la cantidad de población que no estaría cumpliendo con los requerimientos nutricionales mínimos para llevar una vida saludable y activa.

«Venezuela viene atravesando una crisis económica y social marcada por un contexto de escasez y de desabastecimiento de alimentos y de medicamentos que se estaría incrementado de modo alarmante. Esta situación afecta en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza, resultando especialmente grave para niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, y personas mayores.»

Por otro lado, la CIDH y REDESCA aseguraron que es «sumamente preocupante» el riego que corren los infantes de caer en estados de desnutrición alarmantes que los lleven a perder la vida, haciendo énfasis en que al menos cinco o seis niños mueren semanalmente y 33% presentaría indicadores de retardo en crecimiento.

Asimismo, 4,5 millones de venezolanos se alimenta una vez al día y en ocasiones cada dos días, «resultando que el 11.4% de la población infantil ya se encontraría en situación de desnutrición.»

Por su parte, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre Derechos de la Niñez de la CIDH, alertó que “la gravedad de la situación de los derechos a la salud y a la alimentación de las niñas y de los niños de Venezuela no admite demoras. Su interés superior debe ser totalmente priorizado en las medidas adoptadas por el país como por la comunidad internacional en el enfrentamiento de la crisis”.

Por otro lado, los organismos hacen una crítica al desabastecimiento de medicinas básicas que aseguran alcanza el 80% y un 95 a 100% de los hospitales no tendrían antirretrovirales a su disposición generando un estimado de 5 personas fallecidas al día por causas relacionadas con dicha enfermedad.

Otro aspecto que consideran inquietante es el aumento de enfermedades como la malaria, el zika o la difteria, que han incrementado progresivamente desde el 2015.

El Comisionado Francisco Eguiguren, Presidente de la CIDH y Relator de País para Venezuela, ha llamado la atención de que “los aumentos de precios generales de los alimentos y medicamentos sumados a los altos índices de inflación que presenta el país, repercuten directamente en la seguridad alimentaria y en la salud de la población, en particular la que se encuentra en situación de pobreza, que se ve obligada a destinar la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y de medicinas”. 

Hacen también mención a las denuncias recibidas por las irregularidades que presentan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los servicios públicos relacionados a la salud que no se estarían prestando a personas opositoras al Gobierno.

 En tal sentido, Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH indicó que “si bien desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se entiende que existen ciertos aspectos de los derechos a la salud y a la alimentación de realización progresiva, es necesario subrayar que en relación con los mismos también existen obligaciones inmediatas para los Estados, incluyendo la provisión sin discriminación de medicinas y de alimentos esenciales, en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza. Esto aplica claramente a Venezuela en su actual contexto y debe ser objeto de acción inmediata por el Estado”.

El escrito condena finalmente la negativa del Estado venezolano a recibir cooperación internacional para enfrentar la crisis económica y social que atraviesa, así como la ausencia de datos públicos oficiales que permitan monitorear adecuadamente las obligaciones del Estado. También instan a la sociedad civil presentar información completa sobre la situación de los derechos a la alimentación y a la salud en Venezuela.