La crisis migratoria venezolana es una amenaza para todo el continente americano que requiere una respuesta coordinada de los países de la región, aseguró Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA).«Esta migración es un tema de riesgo regional y representa una amenaza a la seguridad, la paz, la tranquilidad y la salud del hemisferio entero. Si no tomamos el control y proveemos medicinas y vacunas, podemos tener brotes epidemiológicos», señaló la representante de la OEA.
Muñoz-Pogossian es una de las coordinadoras de un grupo técnico creado por el secretario general del organismo, Luis Almagro, que visitará los países que reciben inmigrantes venezolanos y luego elaborará un informe en el que se definirán los mecanismos de cooperación.
Este sábado concluyó su visita a Chile, después de pasar en las últimas semanas por Colombia y Brasil, concretamente en las zonas fronterizas con Venezuela, donde se concentra una mayor cantidad de inmigrantes.
Según cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la crisis política, social y económica y, de ellos, casi un millón se han instalado en Colombia.
Muñoz-Pogossian explicó que en la ciudad colombiana de Cúcuta y en ciudades fronterizas con Brasil como Roraima constató en primera persona las precarias condiciones de miles de migrantes venezolanos que huyen de su país con sus escasas pertenencias y padecen desnutrición y enfermedades.
En Chile, la cifra de migrantes venezolanos es significativamente inferior –casi 150.000 ingresaron al país en los siete primeros meses de 2018, según la Policía– y, en general, son jóvenes profesionales, aunque la agudización de la crisis ha ampliado el perfil de quienes deciden probar suerte en el país austral.
Un punto clave de la respuesta a esta crisis, apuntó la coordinadora del grupo de la OEA, es la diferencia en el estatus de migrante y refugiado, categoría esta última que obliga al país receptor a ofrecer garantías y protección.
Por ello, una alternativa que propone la OEA para mejorar la atención a los migrantes venezolanos es declarar una crisis regional de refugiados, aunque Muñoz-Pogossian aclara que una medida así debe tomarse de manera coordinada y respetando las decisiones soberanas de los Estados.
«Somos muy respetuosos de la decisión soberana de los países que están recibiendo venezolanos sobre qué categoría quieren otorgarles, pero la situación es tan atípica que amerita que pensemos en soluciones también un poco más flexibles», señaló.
En su opinión, el «principio de solidaridad regional» ha predominado en la respuesta de los países que han recibido el éxodo venezolano, aunque la magnitud de la crisis ha desbordado la capacidad de reacción de algunos gobiernos.
Después de reunirse con autoridades de gobierno y migrantes en Colombia, Brasil y Chile, algunos de los retos para encarar la crisis migratoria que ha identificado el grupo de la OEA son impulsar medidas para regularizar su situación migratoria en los países de acogida y facilitar la homologación de títulos universitarios.
Muñoz-Pogossian subrayó que la prioridad de la mayoría de los migrantes es encontrar trabajo, por lo que es necesario elaborar planes de inclusión laboral a mediano y largo plazo.
«El común denominador de lo que dicen los venezolanos donde hemos ido es que quieren un trabajo. Agradecen la caridad y la solidaridad, pero quieren autonomía económica», indicó.
El informe final del grupo de trabajo de la OEA analizará la situación de todos los países del continente americano que han recibido a la diáspora venezolana, como Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá y pequeños Estados insulares del Caribe anglófono.
