La diputada Delsa Solórzano explicó en una rueda de prensa el funcionamiento de los protocolos de Minnesota y Estambul, medidas que el Parlamento espera se apliquen en favor de los presos políticos que han muerto o están siendo torturados por los cuerpos de seguridad.
La Asamblea Nacional solicitó este lunes, 1 de julio, la aplicación de los protocolos de Estambul y Minnesota por el asesinato del Capitán de Corbeta de la Armada Venezolana, Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de los cuerpos de seguridad que responden al gobierno Nicolás Maduro.
“El protocolo de Estambul está dedicado a las sospechas de tortura de un detenido mientras esté a cargo de las autoridades del Estado. El segundo (protocolo de Minnesota) aplica una vez haya ocurrido la muerte de un ciudadano en detención”, profundizó la diputada de la Asamblea Nacional.
Los protocolos de Minnesota y Estambul son documentos emitidos por la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos paras las Naciones Unidas (ONU) que datan de los años 1991 y 2000, respectivamente.
Ambos documentos establecen medidas similares para llevar a cabo investigaciones relacionadas a casos de torturas y violación de los derechos humanos.
Por ejemplo, los dos protocolos demandan que se determine a un grupo de funcionarios independientes a los involucrados en el hecho, que sean imparciales y sin ningún tipo de sesgo político, para que realicen todas las investigaciones necesarias.
«Estos protocolos también exigen que se dé efectiva protección a los testigos y víctimas indirectas, es decir, familiares», agregó Solórzano.
La diputada criticó el acecho que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) practicaron alrededor de la residencia de la familia Acosta Arévalo durante el pasado sábado. «Esto no es brindarle protección a la familia», subrayó la parlamentaria.
Solórzano explicó que la principal diferencia entre el protocolo de Minnesota y el de Estambul es que el primero se centra en casos de tortura que condujeron a la muerte de un individuo en manos del Estado, mientras que el de Estambul se ejerce sobre ocasiones en las que la víctima de torturas sigue con vida.
La presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento también informó que la autopsia realizada al cuerpo de Acosta fue irregular y sin cumplir los parámetros internacionales, por lo que exigió que se realice una nueva disección conforme lo indica la ley y el Protocolo de Minnesota, así como la remisión inmediata del caso a la Corte Penal Internacional.
Solórzano señaló que están solicitando “la designación de un cuerpo de expertos internacionales que puedan contribuir a la transparencia que se requiere en este caso”.
«El país no puede ser indiferente ante un hecho tan grave como este, que conmociona a todos los ciudadanos y uniformados venezolanos», reclamó Solórzano.
La diputada también se pronunció sobre la actitud del gobierno respecto a este caso, rechazando las declaraciones compartidas tanto por Tarek William Saab, Fiscal General de la República, y Diosdado Cabello, constituyentista y número dos del oficialismo en Venezuela.
“Tarek William Saab es un instrumento político que ha colocado el régimen para usurpar la Fiscalía General de la República”, aseguró la diputada, quien además señaló que la investigación realizada por el Ministerio Público sobre la muerte de Acosta Arévalo «no previste carácter legal ni a luz de la legislación interna y tampoco a la luz de la legislación internacional».
Sobre Cabello cuestionó las declaraciones en que el dirigente oficialista aseguró que el Capitán de Corbeta de la Armada Venezolana se encontraba en «buen resguardo» antes de morir por culpa de las torturas.
Solórzano espera que el informe que Bachelet publicará ante la ONU señale que «en Venezuela se violan los derechos humanos» y que los únicos responsables de estos hechos son «Nicolás Maduro y sus cómplices».
Además, recordó que aún hay al menos 700 presos políticos en distintos centros de reclusión del país, algunos de ellos en las sedes del Sebin y en el edificio de la Dirección General Contrainteligencia Militar (DGCIM), a donde ni siquiera abogados y familiares han podido acceder.
Finalmente, Solórzano invitó a la ciudadanía a alzar su voz el próximo 5 de julio y acompañar a los diputados a movilizarse desde la sede de la ONU en Caracas hasta la sede del DGCIM para exigir el cese definitivo de las torturas en el país.
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