Los cuatro partidos que consiguieron la mayoría de escaños del Congreso de los Diputados en las elecciones legislativas del domingo en España están divididos sobre la manera de gestionar la cuarta economía de la Eurozona. Éstas son sus principales propuestas:
Para resolver el desempleo endémico (21%), el Partido Popular del jefe de gobierno saliente, Mariano Rajoy, quiere estimular las empresas: bajar el impuesto de sociedades a 20% para las empresas con una facturación inferior a 10 millones de euros (contra un 25 o 30% actual) y exención de la cotización social al contratar a personas que consigan su primer trabajo.
También quieren estimular la demanda reduciendo el impuesto sobre la renta, pasando de 45 a 43% el tramo más alto de imposición y de 19 a 17% el más bajo, y propone reactivar el sector inmobiliario aplicando un IVA provisional de 4% en vez del 10% actual en la compra de una residencia principal.
Paralelamente, el PP, que quiere financiar estas medidas con una mayor recaudación procedente del crecimiento económico (+3,2% en 2015 según el Banco de España), está comprometido en seguir corrigiendo el déficit hasta alcanzar e 0,3% del PIB en 2019.
Sin embargo, la Comisión Europea no confía en las previsiones del gobierno español y pronostica un déficit de 3,6% en 2016 contra 2,8% previsto por Madrid.
El PSOE quiere doblar el presupuesto de ayuda al empleo, que era de 4.780 millones de euros en 2015, y destinarlo a la formación de desempleados y de 700.000 jóvenes que abandonaron prematuramente la escuela.
Propone «reindustrializar» el país apostando por la innovación y la economía verde duplicando la inversión pública en investigación y desarrollo (1,23% del PIB en 2013).
Esta formación se comprometió a reducir el déficit público al 1% del PIB en 2019 gracias a una «gran reforma fiscal» y la contratación de 5.000 funcionarios para luchar contra la evasión fiscal, lo que permitiría recuperar según ellos 25.000 millones de euros.
También prometió medidas sociales, entre ellas una «renta mínima vital» de 426 euros para las personas sin ingresos y el incremento progresivo del salario mínimo hasta 60% del salario mediano neto en 2023.
El joven partido liberal plantea medidas de simplificación fiscal y jurídica. Su propuesta estrella fue un contrato de trabajo único de duración indefinida con el que, en caso de despido o abandono de la empresa, los empleados recibirían una prima de la compañía equivalente al 1% del salario cobrado.
También defiende una gran reforma del sistema educativo, en el que un 22,7% de los alumnos salen sin la formación mínima obligatoria según la OCDE, proponiendo reclutar a los profesores mediante oposiciones nacionales, reforzar la autonomía de los centros escolares y universitarios y generalizar la enseñanza bilingüe en español e inglés.
El partido de izquierda radical basa su programa económico en la estimulación de la demanda con una renta mínima de 600 euros para las personas sin ingresos y un aumento del salario mínimo a 800 euros mensuales en 2018 (contra 645 actuales). También quiere nacionalizar los servicios sanitarios privatizados.
Quiere financiar sus medidas con un aumento de la recaudación sobre los más ricos: el impuesto al patrimonio afectará a los ingresos superiores a 400.000 euros (actualmente son 700.000) y el impuesto sobre la renta aumentará a partir de los 50.000 euros anuales.
El partido quiere dedicar 1,5% del PIB a la transición al uso de energías verdes, con cuyo fomento prevé crear 300.000 empleos.
Los analistas ven poco probable que se abandone la política de contención del gasto, incluso por parte de Podemos, ya que la deuda pública española se elevaba a 99,3% del PIB en el tercer trimestre de 2015.
«España depende mucho de la financiación exterior», explicó a la AFP Santiago Carbo, profesor de economía en la escuela de negocios de Bangor (Reino Unido). «Los mercados no recibirían bien nada que se aleje de la ruta marcada».
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