A estas alturas, más que “empezar a atender”, esa “unidad especial” debería estar rindiendo cuentas de sus esfuerzos por la seguridad del país. El 14 de febrero de 2014, en medio de la conmoción que generó el asesinato de la actriz Mónica Spear ocurrido el 6 de enero de ese año, el propio Maduro presentó a los venezolanos su Plan para la Paz y la Convivencia.
El décimo y último punto de aquel proyecto presidencial para luchar contra la violencia, establecía lo siguiente: “Conformar una brigada especial, policial y militar, para investigar, combatir y neutralizar grupos de narcotraficantes y sicarios enviados desde Colombia por grupos paramilitares para generar violencia en el país”. En ese momento, la responsabilidad de aplicar este lineamiento recayó en el entonces ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres.
Al igual que hoy, hace un año y cinco meses el mandatario nacional declaró que “hay operaciones paramilitares regalándole droga a los jóvenes venezolanos para que hagan hechos de violencia inconfesables”. Incluso, anunció que sería habilitada una línea telefónica para recibir las denuncias de las comunidades sobre la presencia de estos supuestos grupos paramilitares.
El Plan para la Paz y la Convivencia se trazó como meta la “conversión de todos los establecimientos penitenciarios en centros de máxima disciplina”, así como “continuar en lo inmediato con el despliegue de un plan de desarme y desmovilización de las bandas violentas y criminales”. De este último objetivo debía encargarse José Vicente Rangel Ávalos, quien actualmente es diputado principal y además ocupa el Viceministerio de Asuntos para la Paz adscrito al Despacho de la Presidencia de la República.
En febrero de 2014, Maduro también contaba con una Ley Habilitante y prometió que, valiéndose de ese instrumento, levantaría “comunidades de paz para perfeccionar el sistema de justicia”. Ahora mantiene los poderes especiales que le concedió la mayoría roja de la Asamblea Nacional, pero el discurso tiene otro tono: “A mí nadie me va a chantajear, a mí nadie me va a acusar de violador de derechos humanos. ¿Quién viola los derechos humanos, quien esclaviza a una niña, quien saca a una familia de su apartamento o el presidente Maduro, que quiere poner orden a través de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo?”.
