Redadas militares han dejado 52 muertos, arrestos, decomisos y pajaritos sueltos

Transcurrió el primer mes desde que el gobierno de Nicolás Maduro inició este nuevo plan contra la criminalidad calificado como efectista por los críticos, que  lo ven como un nuevo show  que ha dado para todo.

Arrancó con 15 personas muertas de impacto de bala en la Cota 905, el pasado 13 de julio, cuando según denunciaron familiares de  los occisos, no todos eran criminales de amplios prontuarios que se enfrentaron con la policía.

En el camino los operativos han servido para liberar fauna silvestre; pasando por la detención de personas por supuesto acaparamiento de alimentos, y hasta allanamientos a talleres de autopartes por vender artículos con sobreprecio.

De acuerdo con el reporte ofrecido el miércoles por el ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López, desde Plaza Venezuela, mediante la OLP lograron detener 931 personas en los 12 estados donde se aplicó hasta ahora. Sin embargo, no se sabe en realidad cuantas de esas personas quedaron arrestadas y procesadas después de ser presentadas ante los tribunales de Control.

Para aprehender a toda esa gente fueron necesarios más de 17.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el Cicpc y la Guardia Nacional. Esto significa que en promedio necesitaron a 18 uniformados para cada detenido.

Ataviado con una camisa roja y con su ya habitual chaleco antibalas, González admitió que en medio de los operativos fueron ultimadas 52 personas, 15 de ellas solo en la primera jornada; y que supuestamente incautaron 1.017 armas de fuego de distintos calibres.

“Llama la atención lo poco efectivo que es el plan como tal, que necesita ese despliegue de funcionarios para al final detener a tan pocas personas”, advirtió el abogado criminalista Luis Izquiel.

Lo cierto es que a pesar del despliegue policial en medio país, los titulares de sucesos y asesinatos cometidos por delincuentes se repiten día tras día.

Según González, las autoridades “inspeccionaron” 8.244 apartamentos de la Misión Vivienda, de los cuales supuestamente recuperaron 1.248 que estaban en manos de grupos delictivos, en los que se acaparaban alimentos, se ocultaban armas, se traficaba drogas y eran utilizados como casas de citas.

Esto quiere decir que del total de apartamentos revisados, 15% estaban en manos de supuestos delincuentes.

“Todo lo que pasa en esos edificios de la Misión Vivienda tiene que ver con el fracaso del modelo populista que implementó el Gobierno, donde metieron a esa gente en esos apartamentos, en comodato, sin ninguna titularidad, mezclaron a gente de todos lados, que se trajeron del barrio o del refugio todos los males, como la delincuencia, los problemas de convivencia y la anarquía” afirmó el criminólogo y psicólogo Omar Arenas Candelo.

Al parecer, para las autoridades la incidencia delictiva dentro de las edificaciones de Misión Vivienda son episodios novedosos, pero lo cierto es que, al menos en Caracas, desde 2012 comenzaron a reportarse los primeros casos de homicidios dentro de esos edificios.

Decomiso de cualquier cosa

Uno de los operativos que más llamó la atención fue el que realizaron las autoridades en las torres de La Paz, en el oeste de Caracas. Esos edificios son popularmente conocidos como Rodeo I y II, por todos los hechos de violencia que han ocurrido allí, y se hicieron especialmente famosas después del asesinato del diputado Robert Serra, porque justamente allí vivía el escolta que lo mató y los integrantes de la banda delictiva que lo acompañaron.

Pues el pasado 1° de agosto en esas torres hubo un despliegue de 800 funcionarios y lograron capturar a 14 personas. El dato curioso de la jornada fue precisamente una nota de prensa enviada a los medios por el MIJ en la cual aseguraban que además de las armas, la droga, los aprehendidos y los alimentos incautados, liberaron un gavilán; un ave conocida como ninfa; un ave capuchino; dos pericos; dos canarios; dos pico de plata, tres loros y tres morrocoyes.

Para las autoridades, cualquier persona es sospechosa ser “bachaquero” o acaparador al tener varios productos de un mismo rubro dentro de una misma vivienda, y solo basta revisar las notas de prensa elaboradas desde el propio despacho del ministro para darse cuenta que inculpan a la gente por tener 38 pastillas de jabón de tocador, 18 bombillos ahorradores, unos cuantos cuñetes de pintura, algunos paquetes de toallas sanitarias, 50 frascos de champú y hasta imágenes de las que utilizan para practicar la santería.

“Tanto que han hablado de la estigmatización de los pobres y son ellos los que ahora discriminan a la gente que metieron a vivir en esos apartamentos de Misión Vivienda, estigmatizando la pobreza, porque solo están y que buscando delincuentes, “bachaqueros” y extranjeros en esos urbanismos de clase baja”, comentó Izquiel.  

Improvisación, una vez más

El comisario Vicente Álamo, ex subdirector del Cicpc advirtió que con la aplicación de la OLP  sucederá lo mismo que ha ocurrido con los 22 planes de seguridad anteriores, que a su juicio, todos han un fracaso, porque los índices delictivos solo han aumentado.

Comparó esta nueva estrategia con lo que fue el plan “Madrugonazo al hampa” aplicado durante algunos meses de 2011, que consistía en practicar allanamientos por sorpresa en distintos sectores populares, durante las primeras horas de la mañana.

“Si de verdad quieren atrapar a los delincuentes, es necesario un trabajo previo, de investigación, inteligencia, análisis de la incidencia delictiva en ciertas zonas. El Cicpc tiene bastante información sobre la ubicación de las bandas delictivas. El problema es que si se va avisando lo que se va a hacer, eso no dará resultados, porque al final, esos planes se agotan y no funcionan, porque no se ataca el problema de fondo, sino que son soluciones de momento”, indicó Álamo.

Después de la primera incursión en la Cota 905, donde no pudieron atrapar a los integrantes de la banda de “El Coqui”, lo que sucedió en las demás urbanizaciones de Misión Vivienda fue que los verdaderos delicuentes huyeron y para el momento en que se realizaron los operativos, solo quedaban los menos peligrosos.

“Cuando haces esos grandes operativos en los que te llevas a todo el que va pasando, jamás vas a detener al que de verdad comete los delitos en esas zonas. Para desmantelar bandas y atrapar al verdadero delincuente hay que ir directo a las guaridas, pero eso es imposible de lograr si no se hace trabajo de inteligencia previa”, dijo el comisario Álamo.

La gente quiere soluciones

Los expertos consultados coinciden en que la OLP no es más que una estrategia del Gobierno para buscar la simpatía de los votantes, de cara a las venideras elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

“Es lógico que la gente en un primer momento aplauda este tipo de operativos, porque está harta de la delincuencia, de la impunidad, de vivir sometidos por la inseguridad, pero lo que requieren son soluciones efectivas y no efectistas, como este plan”, explicó el psicólogo Omar Arenas Candelo.

Sin embargo, Izquiel señaló que en nombre de una supuesta intención de contener los índices delictivos, se han cometido atropellos en los procedimientos organizados desde el Ministerio de Relaciones Interiores.

“¿Cómo es eso que llegan ese montón de funcionarios a meterse en todos esos apartamentos, a revisarlos, sin orden de allanamiento? O es que van a decir que algún tribunal les dio una orden para revisar cada uno de esos inmuebles”, comentó el jurista.

Sin embargo, Álamo considera que aún es muy pronto para hacer una evaluación del plan, pero advirtió que las autoridades deben considerar las implicaciones de no planificar una estrategia a corto y mediano plazo, por lo que sentenció que posiblemente la OLP pase a la historia como una de las tantas iniciativas emprendidas por el Gobierno, sin resultados tangibles.