Internacionales

Los últimos cinco meses del escándalo de Pérez Molina (Cronología)

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se convirtió hoy en el primer mandatario que renuncia al cargo acusado de corrupción.Pérez Molina, un general retirado que llegó a la Presidencia de Guatemala en 2012 con la promesa de "mano dura" contra la delincuencia, afronta además desde el miércoles una orden de captura.El pasado martes, en una sesión plenaria 132 diputados, todos los presentes en el hemiciclo del Congreso, votaron por unanimidad a favor de retirar la inmunidad al mandatario, acusado por la Fiscalía y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de liderar una red de corrupción aduanera conocida como "La Línea".Pérez Molina fue investido el 14 de enero de 2012 para un período de 4 años con la promesa de combatir con "mano dura" la violencia en un país donde cada año son asesinadas 6.000 personas, aunque las cifras de homicidios descendieron menos del 2 % según datos oficiales.El exmilitar, de 64 años, fue elegido en las elecciones de 2011 junto a Roxana Baldetti, su vicepresidenta, también acusada de dirigir la supuesta red de corrupción, lo que le costó el cargo en mayo pasado y la mantiene detenida a la espera de saber si será enjuiciada.Católico, con una maestría en política y relaciones internacionales y una carrera militar de más de 30 años, Pérez Molina destacó como combatiente de las fuerzas insurgentes que permanecieron en guerra con el Estado guatemalteco entre 1960 y 1996, pero también como propiciador de la negociación de paz.El general retirado firmó el 14 de enero de 2012 el Libro de Oro que desde 1892 han suscrito todos los mandatarios que han gobernado este país, y que permitió al "Comandate Tito", como era conocido en tiempos de guerra, alcanzar uno de sus sueños: dirigir el país.Su tranquila estancia en la Casa Presidencial, sin embargo, fue interrumpida en 2015 cuando el Ministerio Público (MP) y la Cicig, dependiente de la ONU, desarticularon una organizada red de corrupción en el ente recaudador de impuestos.La trama se adueñó de millones de dólares y era presuntamente dirigida por Pérez Molina en complicidad con Baldetti y al menos otras 49 personas entre altos funcionaros y particulares, según las investigaciones.Nacido el 1 de diciembre de 1950 en Ciudad de Guatemala, el gobernante del Partido Patriota (PP) inició su carrera militar en 1966 como caballero cadete en la Escuela Politécnica, en la que se graduó con honores, a partir de lo cual escaló diversas posiciones en las Fuerzas Armadas.Pérez Molina contrajo nupcias en 1971 con la maestra Rosa María Leal, con quien tuvo dos hijos: Otto, actual alcalde del municipio capitalino de Mixco, y Lisseth, cuya pareja sentimental, Gustavo Martínez, está en prisión acusado de otro escándalo de corrupción que salpicó al mandatario.Pérez Molina también fue jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-1996), así como jefe de la temida Dirección de Inteligencia Militar.Ambas unidades castrenses, según organizaciones de derechos humanos, fueron las responsables de cientos de asesinatos y desapariciones de opositores durante los 36 años de la guerra interna que padeció el país.En representación del Ejército, Pérez Molina negoció y firmó los acuerdos de paz con la antigua guerrilla izquierdista el 29 de diciembre de 1996, poniendo fin a un conflicto armado que dejó 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, según cifras oficiales.Una comisión que investigó posteriormente la guerra interna determinó que el 90 % de las masacres en poblados indígenas fueron obra del Ejército de Guatemala.Aunque estuvo en una de las regiones más conflictivas del país, el área Ixil, en el noroeste de Guatemala, su participación en crímenes de guerra no fue probada ante los tribunales, pese a las constantes denuncias de opositores políticos y activistas de derechos humanos.En 1982, como oficial del Ejército, fue clave para el relevo del general golpista José Efraín Ríos Montt, quien afronta actualmente un juicio por genocidio tras la muerte ese año de 1.771 indígenas ixiles.También se le atribuye a Pérez Molina especial protagonismo en el rescate del sistema democrático en 1993 tras el fallido autogolpe de Estado promovido por el presidente Jorge Serrano Elías.En 1996 fue Inspector General del Ejército y entre 1998 y 2000 estuvo en la Junta Interamericana de Defensa con sede en Washington.Al retirarse de la institución castrense en 2000, organizó el derechista Partido Patriota, con el que se presentó por primera vez a la Presidencia en 2007, cuando perdió en los comicios frente a Álvaro Colom (2008-2012).Propietario de fincas en el Caribe donde se cultivan plantas de hule y limón, se cría ganado y pescado para la exportación, Pérez Molina se enfrentará ahora a la Justicia.Por primera vez en su vida el militar retirado podría sentarse en el banquillo de los acusados, donde deberá rebatir las 88.000 escuchas telefónicas y miles de documentos que supuestamente le incriminan en la trama de corrupción.

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Foto: AP

Estas son las fechas claves de los últimos cinco meses del escándalo:

– 16 de abril.- El MP y la Cicig arrestan a más de 20 sospechosos de pertenecer a «La Línea», incluyendo mandos de bajo y elevado rango. Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y presunto líder de la red, no es localizado y sigue prófugo.

– 25 de abril.- Más de 30.000 personas se manifiestan en el centro de la Ciudad de Guatemala en contra del gobierno de Pérez Molina y exigen la dimisión de la vicepresidenta.

– 8 de mayo.- Baldetti, salpicada por el caso, dimite de su cargo tras varias manifestaciones en las que se pedía su renuncia, una exigencia a la que se unió la cúpula empresarial del país.

– 20 de mayo.- La Cicig y el MP desarticulan otra estructura de corrupción, esta vez en el Seguro Social, y arrestan a su director, Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de Pérez Molina.-

20 de mayo.- El diputado de la oposición Amílcar Pop denuncia a Pérez Molina y pide a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la retirada de su inmunidad.

– 10 de junio.- La Corte Suprema de Justicia traslada el expediente al Congreso para definir si le retira la inmunidad a Pérez Molina.

– 9 de julio.- Un nuevo caso de corrupción es descubierto por el MP y la Cicig, que acusan y arrestan por tráfico de influencia a Gustavo Martínez, también exsecretario privado de Pérez Molina.

– 13 de agosto.- El pleno del Congreso decide por votación no retirar la inmunidad al mandatario, en contra de lo que solicitaba una comisión de cinco diputados que analizó el caso.

– 21 de agosto.- El MP y la Cicig acusan a Pérez Molina y Baldetti de dirigir la «La Línea» y arrestan a la exvicepresidenta, además de solicitar ante la Corte Suprema de Justicia un antejuicio para la retirada de la inmunidad del presidente.

– 23 de agosto.- Pérez Molina se dirige al país en cadena nacional y asegura que no dimitirá.

– 24 de agosto.- En la primera declaración de Baldetti ante un juez, el MP y la Cicig divulgan una escucha telefónica en la que Pérez Molina ordena a un exdirector del ente recaudador de impuestos cambiar al gerente de recursos humanos, una acción considerada «ilegal» por las autoridades.

– 27 de agosto.- Guatemala celebra un improvisado paro nacional y una concentración de 30.000 personas en el centro de la capital para exigir la dimisión de PérezMolina.

– La Corte Suprema de Justicia traslada el expediente al Congreso, que conforma una comisión investigadora para avalar las acusaciones contra el presidente.

– 29 de agosto.- La comisión parlamentaria dice que las evidencias contra el presidente son suficientes para retirarle la inmunidad.

– 31 de agosto.- El mandatario ratifica en una conferencia de prensa su inocencia y afirma nuevamente que no renunciará.

– 1 de septiembre.- El Congreso de Guatemala retira la inmunidad a Pérez Molina, quien a partir de ese momento ya puede ser investigado e incluso arrestado por su vinculación con la red de corrupción aduanera «La Línea».

– 3 de septiembre.- Pérez Molina renuncia al cargo con el fin de «mantener la institucionalidad del Ejecutivo».

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