Desde 1956 y hasta 2018, Argentina había firmado 21 programas con el FMI, según consta en los registros del propio organismo, aunque esa cifra se elevaba a 28 si se incluían en la lista los acuerdos de facilidades financieras compensatorias suscritos con el Fondo
El acuerdo con Argentina aprobado este viernes por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) es el número 29 en la larga y complicada relación entre el país suramericano y este organismo, que ha tenido una incidencia casi permanente en la historia económica y política argentina del último medio siglo.
Argentina ingresó al FMI en 1956, casi una década después de la creación del organismo, durante el Gobierno de facto de Pedro Aramburu (1955-1958), y en 1958 firmó el primer acuerdo con el Fondo, para obtener asistencia financiera por 75 millones de dólares.
Desde entonces y hasta 2018, Argentina había firmado 21 programas con el FMI, según consta en los registros del propio organismo, aunque esa cifra se elevaba a 28 si se incluían en la lista los acuerdos de facilidades financieras compensatorias suscritos con el Fondo.
El nuevo pacto es un programa de facilidades extendidas, un tipo de acuerdo que incluye mayores plazos de repago que los programas «stand by». Hasta ahora, Argentina y el Fondo habían suscrito solo dos acuerdos de facilidades extendidas, en 1992 y 1998.
El programa, avalado la semana pasada por el Parlamento argentino y aprobado este viernes por el directorio del FMI, demandó casi un año y medio de duras negociaciones, un capítulo más en el complejo historial de las relaciones del país suramericano y el organismo.
Los primeros cortocircuitos entre Argentina y el FMI surgieron durante la presidencia de Arturo Illia (1963-1966), luego de la crisis económica de 1962-1963, pero el golpe militar de Juan Carlos Onganía (1966-1970) en 1966 puso fin a las discrepancias y se aplicó un nuevo plan de estabilización.
El Gobierno peronista que llegó al poder en 1973 cuestionó la permanencia argentina en el FMI, pero mantuvo las relaciones, hasta que la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 fortaleció nuevamente los vínculos con el organismo.
Ya en la década de 1990, durante el mandato del peronista Carlos Menem (1989-1999) y la llegada de la convertibilidad entre el peso y el dólar, la relación se estrechó y Argentina se convirtió en un «buen ejemplo» de la aplicación de las recetas de apertura económica del FMI.
Pero el «modelo argentino» comenzó a hacer aguas. En 2000, durante el Gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999-2001), se acordó, a cambio de un fuerte ajuste fiscal, un nuevo préstamo orientado a sostener la convertibilidad, régimen cambiario que finalmente expiró a inicios de 2002, en medio de una de las peores crisis que recuerde el país.
En enero de 2003, Argentina suscribió con el FMI un programa de reprogramación de deudas.
Y en septiembre de ese mismo año, con el peronista Néstor Kirchner (2003-2007) ya en la Presidencia, se firmó con el FMI un nuevo programa de refinanciación, pero en 2004 el Ejecutivo lo dio por suspendido al considerar que su tensa relación con el Fondo interferiría en la negociación con los acreedores privados para reestructurar bonos en mora desde finales de 2001 por 102.000 millones de dólares.
El canje con los acreedores privados finalmente se concretó en junio de 2005, una «victoria» que Kirchner capitalizó para tomar la decisión en enero de 2006 de cancelar en un solo pago toda la deuda con el FMI, por 9.500 millones de dólares.
Kirchner justificó entonces que, con ese paso, Argentina ganaba «grados de libertad para la toma de decisiones».
En 2018, en medio de fuertes tensiones financieras, el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) golpeó nuevamente las puertas del organismo con sede en Washington.
El resultado fue un programa «stand by» que estipuló préstamos récord para Argentina por 56.300 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron finalmente unos 44.500 millones de dólares porque el peronista Alberto Fernández, una vez que sucedió a Macri en la Casa Rosada, a finales de 2019, decidió no solicitar los créditos pendientes de giro.
A finales de agosto de 2020, el Ejecutivo de Fernández, al frente de una economía muy castigada por la recesión iniciada en 2018 y los efectos de la pandemia de la covid-19, solicitó al FMI negociar un nuevo acuerdo de refinanciación, al argumentar la incapacidad del país para hacer frente a los pesados vencimientos con el organismo entre 2022 y 2024 estipulados en el pacto de 2018.
Fernández siempre ha sostenido que el acuerdo de 2018 solo sirvió para financiar la fuga de capitales de Argentina y para intentar sostener políticamente a Macri, algo que éste rechaza.
En un informe de evaluación del acuerdo de 2018 difundido por el FMI en diciembre pasado, el organismo reconoció que aquel programa no cumplió con sus objetivos de restablecer la confianza de los mercados en Argentina y de reducir la inflación y los desequilibrios externos y fiscales del país.
El nuevo programa aprobado este viernes divide aguas entre los economistas, que debaten si sus metas son cumplibles y si son suficientes para estabilizar la economía argentina, pero también en el seno del propio frente gobernante, cuyo sector alineado con la vicepresidenta, Cristina Fernández, rechaza de plano las políticas de ajuste que deberán aplicarse a partir del nuevo acuerdo
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