Una comisión de la Policía Nacional y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó este jueves 16 de julio la residencia de la ex jueza María Lourdes Afiuni en Caracas, en busca de la hija de esta ex presa política del chavismo, confirmaron fuentes conocedoras del caso.
Los policías y militares buscaban a Geraldine Afiuni, una abogada que desde hace cinco años vive fuera de Venezuela y que trabajaba con José Ignacio Hernández, quien era reconocido por el gobierno de Estados Unidos como procurador general de Venezuela en el «gobierno interino» del presidente del parlamento opositor, Juan Guaidó.
En la operación, ejecutada por varios agentes, no hubo detenciones, según la información preliminar. La ex jueza Afiuni estaba en su casa. La orden de captura fue emitida el 6 de julio pasado, pero no está claro de inmediato por qué fue ejecutada apenas ahora.
El 3 de julio el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, ordenó que fueran congelados e incautados los bienes de José Ignacio Hernández y los de sus colaboradores.
“También se solicitaron órdenes de aprehensión y el congelamiento de bienes a los falsos funcionarios de la denominada Oficina del Procurador Especial (que tampoco existe en la Constitución), que autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio. Ellos son José Ignacio Hernández, Irene De Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni”, dijo Saab, citado por medios locales.
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«El allanamiento no está relacionado con la jueza Afiuni, sino con su hija Geraldine, quien era muy activa en el equipo de José Ignacio Hernández», ratificó una de las fuentes a El Estímulo.
Fuentes vinculadas al movimiento opositor revelaron que recientemente el propio hogar que tenía en Caracas el ahora ex procurador Hernández fue allanado por fuerzas chavistas. Los funcionarios le cambiaron la cerradura a la propiedad y se apoderaron de todos los muebles.
Hernández fue designado procurador a comienzos de 2019. Era el único reconocido por el gobierno de Estados Unidos para tratar litigios vinculados a los activos de Venezuela en ese país y en el mercado financiero, entre ellos la morosa deuda externa del país y las demandas de Citgo, la hipotecada filial de Pdvsa.
Recientemente, los padres de Hernández también fueron hostigados en su propia casa y llevados a declarar a tribunales militares, según fuentes confidenciales.
Este jueves, tras el allanamiento, que duró poco más de una hora, los militares se llevaron un documento de propiedad del apartamento. El inmueble, ubicado en la urbanización El Cigarral, en el municipio Baruta, sureste de Caracas, está a nombre de María Lourdes Afiuni, según fuentes allegadas a la familia.
«La búsqueda de Geraldine es otro caso en la estrategia del chavismo, que le ha ido llegando uno a uno a miembros del equipo cercano de Juan Guaidó», dijo una de las fuentes a El Estímulo.
La joven abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) vive asilada en Miami y Washington desde hace cinco años, y el chavismo lo sabe, dijo otra fuente.
La jueza Afiuni, una de las presas políticas más conocidas del chavismo, padeció torturas y violaciones en prisión. Es conocida como «la presa de Chávez» después de que el entonces presidente ordenó 30 años de cárcel y la acusó de colaborar en la fuga del banquero prófugo Eligio Cedeño.
Fue liberada en 2019, tras años de presión internacional, inclusive desde la ONU, a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Pero los tribunales chavistas le mantienen orden de prohibición de salida del país.
Este mismo jueves, en un nuevo informe sobre Venezuela, Bachelet denunció que «en Venezuela los jueces no toman sus decisiones según los argumentos, evidencias o pruebas que les presentan en los juicios y lo que estipulan las leyes, sino que se limitan a cumplir las órdenes que les giran desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Con información de Francisco Olivares