Cada vez son más los infantes involucrados en actos delictivos a mano armada, producto de un sistema de protección al menor deficiente e ineficiente. Extorsión, robos, incluso asesinatos. Mientras los expertos alertan que estos jóvenes victimarios son víctimas del sistema, las entidades competentes se hacen de la vista gorda, sin cumplir lo que manda la legislatura adecuada para prevenir baños de sangre
Como si los 28.278 homicidios registrados en Venezuela durante 2016 por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) no fuesen suficientes, los niños y adolescentes están rodeados de un ambiente violento que termina por encontrarlos. Los menos afortunados –víctimas de ambientes hostiles y un sistema que los desampara- saltan de un brinco a la criminalidad como forma de autopreservación en el ecosistema criollo, sin encontrar calor en las calles de Caracas, ni en el seno de los organismos competentes.
La violencia los rodea al punto de generar consecuencias devastadoras. Los casos abundan, como las tres compañeras de clase del Liceo Caricuao que atacaron a golpes a Michelle Longa, también estudiante de la institución, quien falleció una semana después en el Hospital Pérez de León por una disputa académica; o las constantes peleas en liceos privados y públicos, en la mayoría de los casos grabadas, aupadas y hasta convocadas vía redes sociales, como denuncia el diario El Nacional. Los delitos perpetuados por los más jóvenes se han incrementado de acuerdo con el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap). Su más reciente informe anual refleja delitos propios de pranes como extorsión -37 casos en 2016, frente a 28 en 2015- y robos, la modalidad más popular, con 1.012 registros el año pasado que presentan una ligera disminución frente a los 1.168 acaecidos en 2015.
El documento también menciona la implicación de menores en homicidios (238), saqueos (170), narcotráfico (130), bachaqueo (55), secuestro (42) y abuso sexual (31) el año pasado. Incluso, el uso de armas de fuego se convirtió en un modus operandi divisado en 230 de las ocasiones. La niñez se desvía hasta descarrilarse y entrar en las estadísticas y los titulares de prensa, como fue el asesinato de dos efectivos militares en el bulevar de Sabana Grande, en Caracas, ejecutado por dos menores de edad.
Incluso, Luisa Ortega Díaz, fiscal General de la República, reconoció durante la presentación del Informe Anual de la Gestión 2016 del Ministerio Público la existencia de jóvenes transgresores de la ley. Explicó que en cuanto al sistema penal de responsabilidad del adolescente, se acusó a 10.713 adolescentes y fueron imputados 20.066. “Si observamos estas cifras vemos la violencia hacia este importante grupo vulnerable, pero también es necesario y debemos reflexionar y ser autocríticos, entendiendo que somos corresponsables de este lamentable hecho social. Rescatar a las futuras generaciones es tarea de todos los venezolanos», declaró.
El caso más reciente de inocencia interrumpida fue ejecutado con cuchillos caseros durante la madrugada del 19 de marzo. Después no ha habido pronunciamiento oficial al respecto de lo ocurrido, ni lo que les sucederá a los presuntos autores del crimen. La mirada felina de la adolescente de 15 años y el rostro cubierto del niño de 10, ambos miembros de la banda apodada “Los Cachorros” -apenas dos de los seis menores detenidos por el caso- rodó por redes sociales, medios de comunicación y mensajería instantánea, a medida que se acrecentaba su satanización y el silencio institucional se profundizaba.
La semilla infértil
Es difícil imaginar que un menor que viva en un hogar armónico pueda cometer actos como los registrados por Cecodap. El psicólogo social y criminólogo del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Andrés Antillano asegura que, para los menores de edad, vivir en una situación como la actual, con índices de pobreza que prenden las alarmas internacionales y no generan ni cosquillas en los entes gubernamentales, impacta en mayor medida a los más vulnerables: niños, ancianos y personas con enfermedades mentales. “La responsabilidad no es de los niños, la conducta delictiva es una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y la sociedad. Ellos no tienen elementos de juicio para hacerse responsables de su propia conducta. Cuando hay una situación de empobrecimiento, la capacidad de contención de la familia para mantener, satisfacer y velar por los más pequeños es muy limitada”, explica el psicólogo social.
En referencia a los dos niños imputados por el caso de Sabana Grande, el coordinador de la institución argumenta que “de alguna manera están en la escuela perfecta de la violencia y la agresión. Nos tocó ver por meses cómo estos niños, que al principio tenían una actitud más dócil y sumisa, se tornaron hostiles progresivamente”. Dada la cercanía de su sede con el lugar de los hechos, fueron testigos que su evolución en el ecosistema violento que los rodeaba, “aprendieron a ser agresivos para sobrevivir y encontraron en el grupo una fortaleza para defenderse de los más grandes. Vieron que generaban miedo, temor y que podían tomar las cosas que la gente no les podía dar”. Dos pequeñas puntas del iceberg.
Entre las incontables denuncias de violaciones a sus Derechos Humanos desde su mismo núcleo familiar, los menores de edad están rodeados de un ambiente hostil que incluso pone sus vidas en peligro. Cecodap publicó en su informe que 96 niños y adolescentes fueron asesinados cada mes durante el año pasado en Venezuela. 1.150 niños en total, por lo menos uno cada día. La cifra preocupa aún más cuando la organización alerta de un crecimiento de 12% en relación con 2015 -se registró 1.026 muertes- y un pronóstico no esperanzador para el año entrante. “Los muchachos tienen la violencia real muy cerca. La mayoría de nuestros niños la ven, en su entorno: peleas, asesinatos, robos. No podemos estar hablando de que son especulaciones, matrices de opinión, temores infundados, sino que hay evidencias reales que acechan y que hacen que la violencia sea una compañía cercana no deseada”, asegura Fernando Pereira, coordinador general de Cecodap.
Además del desfavorecedor entorno, un cúmulo de detonantes genera en los párvulos actitudes propias de malandros, sin buscarlo. Antillano enumera cuatro, que se exacerban cuando no se tiene techo propio: la exposición a situaciones traumáticas que los lleva a huir de la violencia que ven a diario para adentrarse en la indigencia; la privación de condiciones de vida, que los induce a buscar sustitutos de afectos, cariños, cuidados -como inhalar pegamento para mitigar el hambre o recurrir a la violencia como medio de sobrevivencia o aprobación grupal-; el aprendizaje social a través del modelaje violento, especialmente cuando fallan aspectos de control social como la familia y la educación; y estar en contacto con respuestas policiales inadecuadas que terminan llevándolos a delinquir. Los niños de la calle, esos por los que el fallecido expresidente Hugo Chávez se quitaría el nombre si permanecían sin abrigo, reciben los azotes más perjudiciales de la violencia juvenil.
La criminalidad que se consume desde los medios de comunicación y los videojuegos es de los factores menos preocupantes para los expertos, a pesar de la retórica oficial. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, que predicaba proteger a los niños y adolescentes de excesos de violencia, quedó para la censura; y la que prohíbe la venta de videojuegos violentos, para el gabinete de la letra muerta. “Dudo que esos niños que no tienen ni para comer tengan para ver televisión. La consecuencia más directa de los medios de comunicación es la construcción de la agenda pública”, indica Keymer Ávila, profesor de criminología e investigador en el Instituto de Ciencias Penales de la UCV.
Desde la más alta cúpula del Ejecutivo se vomita agresividad discursiva que, de forma inevitable, permea en el proceder de las nuevas generaciones, concuerda el coordinador general de Cecodap. Aunado con la pérdida de la institucionalidad, la infancia en Venezuela está corroída, sin mayores expectativas de resuelve por parte del gobierno. “Están imbuidos en una sociedad donde por años vemos confrontaciones entre líderes y autoridades máximas, que hacen exhortación a la violencia. La amenaza se ha convertido en una forma de resolver conflictos en las comunidades. Entonces, tenemos una generación de niños y adolescentes que crecieron con la naturalización de la violencia, ya se considera normal y, en algunos casos, como la única forma de resolver diferencias que puedas tener en el país. Además, si no confían en las instituciones y solo en capacidad que tienen de resolver; su primera salida es la violencia”.
Dar en el clavo
Ante la particularidad de los actos delictivos cometidos por menores de edad, las medidas para atacar y prevenir este tipo de conductas deben ser especializadas. Pereira desmiente la idea que de la política de seguridad que se emplea para la sociedad en general sirva para este grupo etario. Es allí cuando la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente (Lopna)entra en juego. De acuerdo con el psicólogo social Antillano, “la Lopna es una ley muy sabia y superior a nuestras leyes penales. En caso de infantes, existe un conjunto de sanciones que no necesariamente son privativas de libertad, no se agota en ello, sino que contempla un conjunto de medidas alternativas muy pertinentes para restablecer al niño con su contexto social y familiar”.
Carla Serrano Naveda, especialista en DDHH de menores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), tampoco duda de las estrategias planteadas en la normativa. Con casi 17 años de vigencia, está basada en los estatutos de las Naciones Unidas en materia de protección al menor y su esencia prevalece a pesar de las dos reformas que sufrió en 2007 y 2015. En esa última se amplió en dos años la edad de inimputabilidad: los niños menores de 14 años no pueden ser procesados penalmente por delitos sino que les deben ser dictadas medidas socioeducativas.
Óscar Misle, director de Cecodap, explica en una entrevista para el semanario TalCual que «la Lopna establece que deben existir las entidades a donde mandar a los chamos cuando los consejos de protección dicten las medidas, pero no existen en la realidad», pues no hay instituciones para que los menores de 14 años puedan ser atendidos cuando ya tienen un homicidio encima. «Tú no los puedes llevar a una entidad donde están los niños víctima de abandono, pero no hay otro lugar para llevarlos», agrega.
En el caso de los menores imputables, como la niña señala por el caso de «Los Cachorros», la pena puede ser hasta 10 años que «debería cumplir en instituciones para ello, con medidas socioeducativas que traten de hacer un abordaje integral para que ella reciba tratamiento psicológico, abordaje emocional y lograr la reinserción social. Suena todo chévere pero eso no pasa así porque los centros de privación de libertad para menores de 18 años todavía están en mora», aclara el educador.
Además, la centralización de funciones a la que se indujo con las modificaciones de la norma es la tranca del engranaje: «Que el sistema se entienda como sistema y se articule ha sido tremendo desafío. Cada integrante trabaja como islita, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los ministerios competentes, los consejeros. La lógica es aceptable, pero ni siquiera en un mínimo por ciento se aplica», dice Serrano Naveda. En este escenario, no existe un único ente rector y, por tanto, tampoco una institución «doliente». Además, la reforma le otorgó responsabilidad en aplicación de medidas socioeducativas a los consejos comunales.
La implementación de la ley es pertinente desde Cecodap y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), al igual que la ejecución de medidas de reinserción y prevención de conductas violentas y embarazo precoz. “Cuando se trata de derechos no se trata de popularidad, sino de lo que está en la ley, que se aplique de manera rigurosa y que no haya excesos de parte de la sociedad ni ejecuciones extrajudiciales. No pueden ser chivos expiatorios de nuestros problemas”, afirma Ávila, profesor de criminología de la UCV. Pereira concuerda: “El exterminio no es la solución, es la máxima expresión de que desconocemos quiénes son y de donde vinieron. La realidad es que vinieron de nosotros mismos, de nuestro entorno, lo vimos y no hicimos nada”.
Las denuncias parecen quedar en el aire, el papel y las redes sociales, ante la obviedad de las autoridades en la materia. Los enfrentamientos policiales dejaron un saldo de 173 víctimas, 162 de ellas fallecidas, durante el año pasado, así como 61 bajas por ajusticiamientos. Mientras, la Operación Humanista para la Liberación del Pueblo (OHLP) dejó un saldo de 33 víctimas menores de edad de las cuales 21 murieron en 2016 de acuerdo con el informe de Cecodap.]]>
Una estadística crece en las sombras: los infanticidios. El homicidio de niños aumenta en comunidades donde la precariedad económica se impone y enturbia las relaciones intrafamiliares. Los registros hemerográficos son los únicos disponibles para dar cuenta de estos sucesos, mientras el Cicpc cada vez atiende más casos El apartamento marcado con el número 306, ubicado en el tercer piso del bloque 4, en la urbanización Manuel González Carvajal de Caucaguita, está desocupado. En la puerta se fijó un cartel que dice: Se vende. Tres de los integrantes del grupo familiar que lo habitaba fueron asesinados hace tres meses. Allí vivía Belkis Coromoto Padilla Meléndez, de 46 años de edad, junto a sus dos pequeños Andy Alejandro Monteverde Padilla, de 10 años, y Richard Eduardo Coronilla Padilla, de 10 meses. En ese hogar lo menos que imperaba era la paz. Los vecinos eran testigos de que la mujer protagonizaba fuertes discusiones con su hijo mayor, Anthony, de 23 años. El “incorregible” de la familia. No trabajaba, ni estudiaba. Pasaba horas encerrado en su habitación, escuchando música. También era un asiduo visitante de su novia, una muchacha de 16 años que compartía con él no pocas noches, donde los agarrara la luna. “Belkis peleaba con él para que al menos sacara una carrera universitaria, pero a él no le interesaba. Le restregaba en la cara que era el consentido de su abuela, que ella antes de morir había decidido dejarle la vivienda”, cuenta una vecina. Anthony nunca mostró afecto hacia sus hermanos menores. Cuentan los testigos que las peleas entre los hermanos eran cada vez más seguidas. Se escuchaban a menudo. La noche del 5 de julio, Anthony atacó a su madre, que se cree estaba ya dormida. Con una almohada intentó asfixiarla, pero Belkis Padilla se defendió como pudo hasta que el de 23 años acudió a su plan B: un filoso cuchillo con el que cortó el cuello de la mujer y la apuñaló en repetidas ocasiones. El forcejeo despertó a su hermano Alejandro. El niño, corriendo, intentó detener la embestida, pero Anthony también le asestó una puñalada. Luego acabó con la vida del bebé. La versión policial confirma que la novia del muchacho asistió el crimen. Estaba en el lugar pues se había quedado a dormir. Juntos, arrojaron los cadáveres a un matorral cercano al campo de béisbol de la zona. Y luego hubo silencio. El jueves 8 de julio, unos niños encontraron el cuerpo de un pequeño cerca de la cancha de la comunidad. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recuperaron el cadáver, sin lograr identificarlo plenamente. El 11 de julio, unos adultos encontraron el cuerpo de la mujer y el Cicpc lo recogió, con signos de evidente descomposición. Al día siguiente, los detectives localizaron los restos del bebé. El papá de Alejandro acudió a buscar a su pequeño, luego de insistentes llamadas nunca respondidas a Belkis. Anthony le dijo que no sabía de su paradero. Incluso fingió un llanto, dicen los informantes. Hubo una denuncia ante el Cicpc y comenzaron los interrogatorios de rigor. Interpelaron a vecinos, al padre de Alejandro, a Anthony y a su novia. Ella fue el eslabón débil. Nerviosa, la muchacha no aguantó la presión policial y se vio descubierta: confesó el crimen. El Cicpc logró también la admisión de los hechos por parte de Anthony. “Mis hermanos eran un obstáculo para que me quedara con la casa. Necesitaba mi espacio con mi mujer y los maté”, reconoció ante los funcionarios. No mostró remordimiento. El infanticidio se confirmó el 15 de julio, sumándose a una estadística macabra pero oculta. No hay registros oficiales de cuántos se producen al año. No obstante, la ONG Cecodap reporta que en 2016 murieron 123 niños en todo el país durante episodios de violencia en el hogar, un aumento de 81% respecto al año anterior cuando hubo 68 decesos por esta causa. En 2017 la estadística no amaina. Entre enero y agosto de este año, tan solo en el área metropolitana de Caracas –municipios Libertador, Chacao, Sucre, El Hatillo y Baruta–, se reportaron ocho homicidios de niños y adolescentes enmarcados en conflictos familiares, de acuerdo con apuntes hemerográficos. Para Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, hasta hace unos 15 años este tipo de crímenes eran esporádicos, pero ahora son cada vez más comunes. “Hay niños que son ahorcados, apuñalados, torturados por sus allegados sin pudor. La familia y el hogar, que eran considerados un escudo protector, dejaron de serlo y ahora los niños son los más vulnerables, los que pagan los platos rotos de las peleas, los que son blanco de venganzas y los que se convierten en un estorbo para la concreción de planes”. Rabieta con saldo rojo Justamente el rencor mezclado con frustración fue el ingrediente que detonó la ira de William Gabriel López, en el sector El Tamarindo de El Valle. La tercera semana de agosto, asesinó a su hijo de 2 años, quien llevaba su mismo nombre. Carmen Hernández, abuela del menor, relató que el hombre –a quien calificó como “violento”- tenía problemas para conseguir un trabajo estable, bebía con frecuencia y golpeaba a su esposa. Los vecinos aseguran haber presenciado los conflictos de la pareja, incesantes. Una lugareña manifiesta que con frecuencia veía a la mujer con la cara hinchada y los brazos colmados de moretones, pero ella no quería denunciarlo por miedo. La comunidad tampoco “se metía en eso”. “Hasta que un día ella se cansó”, refiere un informante. Harta de los maltratos, abandonó el hogar y dejó al pequeño William y a su hermano, de apenas un año, a merced del agresor que ya había estado detenido anteriormente por violencia doméstica cuando lesionó a una pareja anterior. Solo con los niños, y sin trabajo ni ingresos, William recurrió cada vez más a la bebida. El 22 de agosto, López llegó a la vivienda al mediodía. Ese día la furia no tuvo compasión, y el pequeño William recibió golpes y más golpes. Residentes de la zona escucharon los gritos del niño durante unos 20 minutos. Alguien hizo una llamada anónima al comando de la PNB de El Valle. Cuando los funcionarios llegaron y entraron a la casa, hallaron al menor a un lado de la cama de la habitación principal: tenía hematomas en la cara y el abdomen. Al otro lado, ubicaron al otro hijo. También mostraba los signos de la golpiza, pero sobrevivió al ataque. A Guzmán lo encontraron afectado por veneno para ratas que tomó para intentar suicidarse, sin éxito. Fue hospitalizado y luego encarcelado. William Guzmán no era el padre biológico de la víctima. Le había dado su apellido y juró a la mujer criarlo como suyo. La abuela materna ahora custodia al sobreviviente. De la madre de los niños se desconoce el paradero. La Investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UCV Mirla Pérez también resalta los efectos de la rabia acumulada por la precariedad económica o las frustraciones. Por eso, opina que se pierden los escrúpulos. “Simplemente, si me estorba en mis planes, lo elimino. No busco de resolver el problema con el diálogo o buscar otra salida: el agresor se va al extremo y comete el crimen”, refiere la experta recordando el caso de David Jivan Mendoza. Para el psicólogo Abel Saraiba, los autores de crímenes de este tipo actúan movidos por el egoísmo y el desinterés por el bienestar ajeno. “Son fríos y calculadores”, añade. Machismo y abandono La crisis económica marcada y la falta de poder adquisitivo se ha convertido en detonante de peleas en el seno de la familia, de acuerdo con Nelson Villasmil, miembro del Consejo de Protección de Derechos del Niño y el Adolescente del municipio Sucre. Los niños y las mujeres son los más afectados, dice. En los últimos tres años, esa dependencia ha prestado 120 medidas de abrigo a pequeños que han sido agredidos por esta causa. “Hay madres que justifican los maltratos de los padrastros porque son los que llevan el sustento y los que mandan en la casa. Me dicen: ‘No le digo nada porque él lleva las riendas del hogar y eso se lo agradezco. Además él tiene derecho de corregirlo porque es como su padre’”. La mayoría de las madres que acuden al despacho de Villasmil no alcanzan los 25 años de edad. Tampoco tienen trabajo fijo y, en su mayoría, se dedican a la crianza de los niños, mientras protagonizan relaciones fugaces con hombres, muchas veces instrumentales para contar con el sostén económico. “No saben si tienen vicios, antecedentes policiales, si cuentan con un empleo estable para mantenerlas a ellas y a sus hijos, si sufren algún trastorno psicológico. Cuando conviven comienza el calvario”, refiere el consejero. A la par, no hay una política de Estado que frene los casos de maltrato infantil en el seno familiar. El último estudio de Cecodap da cuenta que en 2016, 101 niños y adolescentes fueron blanco de agresiones físicas y psicológicas por parte de un allegado, lo que representa un incremento de 38% respecto al año anterior, cuando fueron denunciados 73. El 75% de las víctimas fueron pequeños en edades comprendidas entre 0 y 6 años. “Este grupo es el más fácil de someter por sus victimarios”, señala el orientador Fernando Pereira al reconocer que la ayuda que ofrecen los Consejos Municipales del Derecho del Niño y del Adolescentes, así como los Consejos de Protección, para asistir los casos y evitar que terminen en tragedias es poca. Tales instituciones, desliza el educador, no cuentan con suficientes psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos, ni con los recursos para ofrecer abrigo a los pequeños que se encuentran en situación de riesgo. “Están de manos atadas”, admite. Por si fuera poco, tampoco hay campañas de concientización en los sectores populares sobre la violencia. “Cómo surgen los conflictos y cómo deben solucionarse: a través del diálogo. Pero no hay programas (para eso), ni hay interés en crearlos”.
Según cifras extraoficiales ofrecidas por fuentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Venezuela se registraron 22.748 homicidios. Esto se traduce en una tasa de 75 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo para un país en tiempos de "paz".
El discurso oficial está repleto de menciones a la infancia y adolescencia. Chávez y sus seguidores juraron trabajar por la niñez. En la práctica el asunto es diferente: el hombre nuevo de la revolución sufre de violencia, abandono, embarazo precoz y salud precaria. Un panorama que muestra la falta de interés por el desarrollo de los más jóvenes
