Una FAN disminuida afronta el reto de la constituyente

El 24 de mayo de 2000, hace poco más de diecisiete años, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que había ordenado la suspensión de las llamadas “megaelecciones”. Los magistrados de aquella oportunidad tomaron la decisión en virtud de los evidentes atrasos y problemas técnicos acumulados para la ejecución de los comicios, que servirían para designar a todas las autoridades. “Yo les dije que esa elección, así como estaba, no garantizaba la paz del país sino que por el contrario había un riesgo muy elevado de violencia”, recuerda el general de división retirado Gonzalo García Ordóñez, quien para esa fecha era el jefe del Comando Unificado de la FAN, actual Ceofanb.
Según este general, a su criterio se opuso parte de la cúpula militar, pero él terminó imponiéndose pues le tocaba tomar las decisiones clave sobre la ejecución de la Operación República. “El actual jefe del Ceofanb también puede hacerlo. El riesgo de violencia ahora también es muy elevado”, dice en referencia al almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso.
Pero este oficial no pareciera estar considerando esta posibilidad. Por el contrario, cuando faltan poco más de 48 horas para el inicio de la votación que determinará quiénes integrarán la Asamblea Nacional Constituyente, Ceballos anuncia la existencia de “un plan para actuar de manera contundente” contra aquellos que intenten perturbar el proceso.

Ese dispositivo forma parte de la ejecución de la fase electoral de la Operación República Constituyente 2017. Fuentes militares y documentos recabados para este trabajo indican que la orden de operaciones correspondiente llegó la semana pasada a las distintas regiones de la Fuerza Armada Nacional, de donde fue distribuida a las zonas y áreas para su puesta en marcha.
Gobierno acumula fuerzas
La fase electoral de esta operación se extenderá hasta el próximo martes 1 de agosto, tal y como lo anunció el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Sin embargo, podría ser prolongada en atención a la situación del país, como consecuencia de la conflictividad política.
La oposición ha anunciado una escalada cuyo propósito es impedir la elección de los constituyentistas. Tras el paro de 48 horas del miércoles y el jueves vendrá la «toma de Venezuela» por manifestantes, con la posibilidad de que permanezcan en las calles hasta nuevo aviso. En este escenario de alta ingobernabilidad, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, anunció la activación de grupos especiales en los que participará la policía judicial junto a los fiscales y juzgados militares, a los fines de procesar a todos los que sean detenidos mientras impiden el desarrollo de la votación.
Para solidificar su posición, el Gobierno emitió un decreto (2992 del 17 de julio) que prohíbe a partir del viernes 28 toda manifestación en los alrededores de los centros de votación. En esta oportunidad, además, en torno a tales instalaciones se trazaron “zonas de protección especial de carácter temporal”, que implican la expansión hasta medio kilómetro de las áreas donde no se podrá aglomerar personas con fines de protesta.


El reto para la Fuerza Armada Nacional (FAN) es mayor que los planteados en los procesos anteriores. Y para esta ocasión cuenta con menos pie de fuerza. Según el general retirado Antonio Rivero, el titular de Defensa había advertido mediante un radiograma enviado a los distintos componentes sobre la sensible disminución del personal castrense, que actualmente no rebasaría los 70.000 hombres.
La escasez de personal hizo que la cúpula militar tendiera la mirada hacia las distintas academias y a la Milicia Nacional Bolivariana. Como todavía no cumplía la cuota mínima, llamaron a todo el personal civil y obrero de la Fuerza Armada. Así lograron elevar el número a 90.000 hombres. Además, tal y como sucede tradicionalmente, fueron incorporados los funcionarios de todos los cuerpos policiales, que llegan a 146.000. El más importante de estos es la Policía Nacional Bolivariana, que ha llegado a casi 30.000 uniformados gracias a la ejecución de cursos exprés.
Al iniciarse la fase electoral de la Operación República, todas las policías civiles quedan subsumidas a mandos militares, que reportan simultáneamente al Ministerio de Relaciones Interiores y al despacho del almirante Ceballos. Según Reverol, este jueves se instalaban las comisiones castrenses en los cuerpos de seguridad.

La inteligencia en un anexo
La orden de operaciones distribuida entre las unidades militares contiene unos principios generales para regir la actuación de los uniformados. En esta oportunidad, como en las anteriores, se ha hecho énfasis en la necesidad de que tales conductas sean respetuosas de las leyes y los derechos humanos. Pero lo importante, según Rivero, es el “anexo de inteligencia” que se envía junto a la orden de operaciones firmada por Ceballos. En ese documento se hace una evaluación sobre la situación concreta del conflicto político y de las fuerzas que operan en cada entidad. Esto es lo que orienta a los militares en cuanto al nivel de alerta, así como la contundencia de la respuesta que darán a cada manifestación.
Sobre la base de esta evaluación, por ejemplo, se instaló la semana pasada un puesto de la Guardia Nacional destinado exclusivamente a la preservación del orden interno y la “paz social”. En la orden de operaciones se incorpora dentro del marco legal la resolución 008610 emitida en enero de 2015 por el Ministerio de la Defensa, que deja abierta la posibilidad del uso de armas de fuego contra personas que protesten.
Pero eso no quiere decir que los militares responderán con “fuerza potencialmente letal” a los manifestantes en todo el país. De hecho, para esta oportunidad se ha dispuesto que la primera barrera de choque contra los opositores no sean los soldados de la FAN sino los policías civiles. Serán ellos y en algunos casos los milicianos los asignados para resguardar el anillo externo de seguridad. También está establecido que algunas unidades de la policía judicial hagan patrullajes en los alrededores de los centros de votación, y eventualmente podrían desempeñar labores de restitución del orden público, aunque no hayan sido entrenadas para esta tarea.


El 21 de julio, el Ceofanb repartió entre los participantes de la Operación República Constituyente 2017 un instructivo con los protocolos de actuación en las distintas etapas del proceso. Este documento hace énfasis en el resguardo de los activos utilizados en la votación por parte de los militares. También se descarta la posibilidad de que los votantes puedan usar el llamado Carnet de la Patria como documento de identificación en sustitución de la cédula de identidad.
Pero no se indica cómo tendrán que actuar los militares cuando una manifestación rompa el anillo externo de seguridad y bloquee el acceso a los centros de votación. Según García Ordóñez, el uso de las pistolas y los fusiles contra los manifestantes no es del todo descartable, aunque no será la conducta predominante.
Durante la toma de los centros de votación por parte de los militares las comunidades obstaculizaron el paso o impidieron la actividad en dieciocho oportunidades, y en ningún caso se reportó el uso de armas de fuego contra ellos. “Algunos podrían hacerlo (disparar contra manifestantes). Siempre hay radicales en las organizaciones (…) Esto será la consecuencia de una apreciación individual de la situación y no la de un colectivo”, afirma el oficial que estuvo involucrado en la ejecución de 22 operaciones República.

Instrucción de última hora
Durante el primer día del paro nacional convocado por la oposición, el miércoles, hubo unidades militares que todavía participaban en jornadas de inducción sobre el funcionamiento de las máquinas de votación y el resguardo del proceso electoral. Esto indica que los profesionales de armas no estaban empapados de todas las actividades que implica una operación de la magnitud que se plantea para este domingo. En otras ocasiones, el entrenamiento era impartido con meses de anticipación.

La planificación de actividades de instrucción y entrenamiento para la Guardia Nacional correspondiente a 2017 no incluía una sola letra referida a una operación República. La falta de instrucción en materia de orden público podría desencadenar reacciones desmedidas por parte de los militares, al verse confrontados por manifestantes.
El general Rivero recomienda “no acorralar” a los militares. Por el contrario, darles siempre la posibilidad de un escape. “Al verse acorralados, podrían tratar de librarse actuando por sí mismos con sus armas, sin esperar que les den una orden. El soldado no tendrá cómo medir la naturaleza de las amenazas”, advirtió.
Otro factor que podría incidir en la reacción de los militares es la orden que reciban a través de la línea de mando, y que les indicará cómo actuar ante determinadas situaciones. Esto es una derivación de las llamadas “normas de enganche” que van especificadas en la orden de operaciones correspondiente y en su anexo de inteligencia. Pero en una situación confusa, explica el general, el soldado no tendrá una forma clara de distinguir a opositores de oficialistas. Lo cual podría ocasionar víctimas en todos los bandos en pugna.

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