No es delincuencia común, es la Policía Nacional Bolivariana

El 24 de septiembre de 2016, vigilantes de seguridad del supermercado Hiper Yumbo de Maracay detuvieron a un grupo de personas que, supuestamente, intentaba aprovechar el tradicional revolú del mediodía para llevarse sin pagar algunos enlatados y embutidos, ocultos entre sus ropajes y bolsos. La nueva hubiese pasado como un robo más a no ser porque entre los retenidos estaba un oficial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), Yimmi Yarella Chávez, de 26 años de edad. El efectivo con apenas tres años de servicio aprovechó que no estaba de guardia en el Centro de Coordinación Policial Carabobo y se trasladó hasta la capital aragüeña.

Yarella es hijo del llamado “nuevo modelo policial”. Se graduó en la quinta promoción de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes). En este caso no se le podía echar la culpa a algún “migrado” —o sea, vetusto agente— de la extinta Policía Metropolitana, como solía suceder durante los primeros años de funcionamiento de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El hombre fue puesto a las órdenes de la policía judicial y de la Oficina de Investigación de Desviaciones Policiales, una dependencia de la PNB que cumple las funciones de inspectoría interna.

El caso llamó la atención en las filas internas de la propia policía. Es cierto que los agentes de este cuerpo han sido detenidos este año por numerosos delitos violentos que van desde el secuestro y el robo a mano armada hasta el homicidio. Pero es la primera vez que se tiene noticia de que un funcionario trata de hurtar alimentos en un local.

Dos semanas antes, el presidente Nicolás Maduro había anunciado una “reestructuración” de la Policía Nacional. La decisión abarcaba no solo la concreción de un nuevo organigrama institucional sino también algunos aspectos que van más allá de las filas de este cuerpo, y que alterarían el modelo de funcionamiento que comenzó a ser trazado en 2008 con la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

“La moral del funcionario”

La comisión para la reestructuración de la Policía Nacional fue nombrada el miércoles siete de septiembre, aunque el decreto respectivo fue publicado en la Gaceta Oficial nueve días después. La encabeza el titular del Ministerio de Relaciones de Interiores (MRI) Néstor Reverol y su secretario ejecutivo es Pablo Fernández Blanco.

Durante una intervención, en un evento organizado por la Unión Europea, el propio Fernández destacó la importancia que el ministro le ha dado al tema, al incorporar a la comisión a representantes del Consejo General de Policía que participaron en la elaboración del proyecto de modelo policial, hace ocho años. Destacó además que la PNB debe retomar su carácter originario como policía de proximidad.

Pero la reestructuración de este cuerpo se avizora como una tarea mucho más profunda. La Comisión Presidencial para la Reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana tiene 10 grupos de trabajo, cuyos integrantes se están reuniendo casi a diario en las instalaciones de la Unes en Catia.

El miércoles en la mañana, sus miembros estuvieron supervisando el inicio de la jornada del servicio de patrullaje en la carretera Panamericana. Estos agentes están adscritos a la Coordinación de Tránsito de Los Teques. De acuerdo con los reportes internos obtenidos para este trabajo, de los 191 oficiales asignados a esa dependencia el fin de semana solo 55 asistieron. Las cuentas se sacan así: no se presentaron a trabajar por estar francos de servicio 65 oficiales, 13 pasaban lista en cursos académicos o permisos especiales, 10 resollaban sus reposos médicos, dos asoleaban sus vacaciones, 24 no justificaban sus ausencias o abandono del puesto de trabajo, 19 acarreaban —quizá impugnaban—procesos penales, administrativos o en detención preventiva, entre otras razones. Por otra parte, más del 40% del parque automotor en esa vía estaba deteriorado o tenía fallas que no permitían utilizarlo.

Algunos uniformados han confesado que ellos mismos corren con los gastos para la reposición de los cauchos y cadenas de transmisión de las motocicletas asignadas. Esta práctica ha sido referida en reportes sobre la capacidad del servicio de vigilancia en el casco central de Caracas.

Uno de los integrantes de la comisión presidencial es el diputado oficialista Ricardo Sánchez, quien preside la subcomisión sobre el régimen disciplinario y la supervisión policial. Explicó que el grupo designado por Maduro estuvo durante un mes diagnosticando las distintas áreas de la institución pionera del nuevo modelo policial. Los informes correspondientes fueron entregados en la primera semana de octubre.

Indicó, asimismo, que la PNB cuenta actualmente con 27200 agentes, distribuidos en siete estados del país, desempeñan catorce servicios. Esto implica que durante los últimos tres años la policía ha ampliado su pie de fuerza en casi 100%. “El crecimiento acelerado nos indica además que no se han cumplido con las expectativas y los estándares de supervisión (…) La PNB ha tenido una mutación delictiva. Es necesaria la ‘remoralización’ del funcionario”, explicó.

Sánchez y su equipo recibieron los informes elaborados hace dos años por el Comisionado Presidencial para la Revolución Policial Freddy Bernal —actual coordinador nacional de los Claps—, los cuales en su oportunidad no pasaron de la etapa de diagnóstico. Según el parlamentario, es urgente una depuración de la PNB. “Para recuperar la confianza de la ciudadanía”, reza una plegaria. Anunció que en los próximos 60 días se hará una revisión de los expedientes de todos los funcionarios incursos en delitos y faltas. Por allí empezará la poda. “Es necesario producir una victoria temprana”, se engalla, le faltó salmodiar alguna consigna trillada.

Sánchez reconoció, sin embargo, que la tarea propuesta requiere de un esfuerzo más prolongado que los cuatro meses previstos para el funcionamiento de la comisión presidencial. El comisario jubilado Luis Rodríguez Vieira, ex jefe de la Oficina de Control de Actuaciones Policiales de la PNB, glosó que el crecimiento de la institución no ha sido acorde con la adaptación de los mecanismos de supervisión. “La Oficina de Control no tiene infraestructura ni personal para atender la demanda de investigación de faltas y delitos dentro de la institución”, advirtió. En su criterio, se genera una dinámica en la que el agente empieza cometiendo pequeñas faltas, y al quedar impunes “se permite que el funcionario haga desmanes”.

Un cambio de imagen, pese a la misma infraestructura

Una de las faltas más frecuentes de los policías, indicó Sánchez, es su participación como “parceleros” en pequeños comercios como panaderías y luncherías. El agente, en esencia, se convierte en un cuidador privado de los locales a cambio de una paga. El desdoblamiento o cambios de funciones terminan siendo más atractivo que el patrullaje. La situación da luces de por qué las unidades, como las de la parroquia Sucre, han registrado un incremento de los reposos y ausencias injustificadas, en especial durante los fines de semana. Allí, según reportes recabados para este reportaje, la cifra promedio de oficiales ausentes es de 60 por día. “Hay mucho ausentismo y deserciones. Tal vez los funcionarios están optando por otras responsabilidades. Es un tema que hay que corregir. No está bien que no vayan a trabajar porque están cuidando una panadería”, afirmó Sánchez.

Según el ex docente de la Unes y criminalista Francisco Javier Gorriño la Policía Nacional ha acumulado en sus ocho años de vida más desprestigio que el que tuvo en su momento la Policía Metropolitana. En su criterio, esta sería la razón fundamental por la que se decidió cambiar el uniforme de los funcionarios. En el futuro, el pantalón azul con la raya roja y la camisa caqui serán reemplazados por un traje camuflado y, en el caso de los agentes administrativos, por un uniforme azul marino muy parecido al que llevó la extinta PM. “Como nadie confía en la Policía Nacional tal y como es actualmente, era necesario hacerle un cambio de imagen. Por eso los nuevos uniformes”, dijo.

Pero la consolidación institucional de la PNB necesita de tareas y correctivos más profundos que un simple cambio de look. Hay problemas de infraestructura que un experto en moda o un fashion blogger no puede corregir. Los males dimanan desde el seno, desde la misma creación. Rodríguez Vieira recordó que la oficina de control interno opera en una sede ubicada en la parte alta de Maripérez, en condiciones precarias. La directiva de la institución iba a mudarse a un edificio en la avenida Venezuela de El Rosal, pero por decisión del presidente Maduro el inmueble fue asignado a la sede del Banco de la Fuerza Armada Nacional (Banfanb).

La improvisación abunda en la institución pionera del actual modelo policial. En un informe emitido en septiembre, por ejemplo, se revela que los oficiales de vigilancia en la avenida Boyacá carecen de servicio de internet para transmitir los procedimientos a la central; tampoco tienen estanterías, aire acondicionado ni suministro de agua potable. En Antímano las fallas en el sistema de comunicaciones por radio hacen que los agentes deban pedir refuerzos con sus propios teléfonos celulares. En la central carecen de un sistema para el procesamiento de datos sobre antecedentes, y se considera que hay una excesiva dependencia del sistema VEN911 para la transmisión de novedades.

En un artículo publicado en la web del Consejo General de Policía, Pablo Fernández sostuvo que el proceso de reestructuración de la PNB debe reforzar dos elementos: en primer lugar, lo que llamó el “blindaje ético” del talento humano, y luego la retoma del carácter esencialmente “preventivo, de proximidad y comunal” de la policía. Esto sugiere que la “nueva” PNB en realidad tratará de reforzar los esquemas de patrullaje y de presencia en las comunidades, en detrimento de otros servicios.

Pero muchos funcionarios se niegan precisamente a que los desvíen de las tareas para las fueron formados. Se deben a ellas. Sánchez reconoció que los agentes de los servicios de Tránsito y de Custodia Diplomática no desean participar en operativos en zonas de alta peligrosidad, con el argumento de que no han recibido la instrucción ni la dotación de equipos para cumplir con este cometido. “Hay una debilidad en la formación de los agentes. Creo que ahora debemos ir a un cambio en el que todos los funcionarios de seguridad tengan que cursar ciertos estudios básicos que les permitan participar en tareas de patrullaje y vigilancia, por ejemplo, y luego hacer una especialización para cada servicio”, se apelotonó. Los resultados están por verse y escribirse.