Cierre de la Asamblea: autocracia de Maduro

Hay que diferenciar entre las dictaduras militares de mediados del siglo XX latinoamericano y aquellos gobiernos civiles que llegaron al poder gracias a los votos y en alguna parte del camino torcieron su destino. Venezuela forma parte del segundo caso: es un gobierno civil que desconoce la autoridad del único poder público –electo por votación popular- que se le opone, explica el internacionalista Carlos Romero, y lo hace con la venia del Poder Judicial.
El régimen brasileño posterior a 1964 tuvo en Brasilia la Plaza de Los Tres Poderes, en referencia al ejército, la marina y la aviación. En Venezuela basta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para anular las competencias y atribuciones de la actual Asamblea Nacional. Se trata entonces de la “judicialización de la política y de una hora muy peligrosa en la historia del país”, agrega Romero.
Las dictaduras se acercan. Las autocracias no responden necesariamente a ideologías de izquierda o derecha. Por eso, si de comparar se trata, Marcos Pérez Jiménez siempre se cuidó de tener un Congreso a partir de 1953, aunque fuese con senadores y diputados que respondían a los intereses del dictador. Juan María Bordaberry, en Uruguay, ejerció como Presidente constitucional entre 1972 y 1973 y como dictador entre 1973 y 1976. Cuando se convirtió en tal, disolvió el Parlamento y lo sustituyó por un Consejo de Estado designado por el Poder Ejecutivo. Jorge Rafael Videla, en Argentina, encabezó en 1976, el golpe de Estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón –Isabelita-, y cerró las sesiones del Congreso Nacional, para comenzar un proceso de reorganización nacional. Alfredo Stroessner, en Paraguay, simplemente eliminó los partidos políticos.

Sin embargo, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, salva las distancias: “Venezuela está en un proceso no democrático, al que no se le puede llamar dictadura. Lo que estamos viviendo es un autoritarismo competitivo o electoral, que se adapta a las nuevas realidades del mundo, y que se han hecho más evidentes a partir de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Una dictadura clásica es más difícil de mantener. Estamos en presencia de un gobierno que llegó a través de un proceso electoral, pero tiene una vocación autoritaria, que al ver que no tiene piso político y cuyos niveles de popularidad se desgastaron, se tratan de mantener en el poder por otros medios”.
Alarcón ubica este fenómeno más frecuentemente en África, Europa del Este y la zona conocida como Eurasia. “Ucrania tendía a la democracia, pero retrocedió; y en Bielorrusia con el actual presidente (Alexander Lukashenko) se cerró el juego político, y se cambiaron las normas electorales. En América Latina, con excepción de Venezuela, son pocos los casos en los que ha habido retroceso una vez que se consolidó la democracia”, subraya. De acuerdo con el Democracy Index –una medición hecha por la Unidad de Inteligencia de The Economist–, en este tipo de regímenes híbridos vive un tercio de la población mundial y Venezuela comparte esta clasificación con países como Myanmar, Pakistán, Palestina, Nigeria y Zambia. En Latinoamérica están dentro de esta categoría Honduras, Nicaragua, Bolivia, Guatemala y Ecuador.
Eso sí, Benigno Alarcón apunta que “la sentencia del TSJ asumiendo las funciones de la Asamblea constituye un golpe de Estado sin lugar a duda alguna”.

Perú, lo más parecido
El diputado de oposición Juan Miguel Matheus, también abogado constitucionalista, no dudó en calificar la sentencia Nro. 156 de la Sala Constitucional del TSJ como un nuevo “fujimorazo”, en alusión a la decisión de disolver el Congreso de la República del Perú e intervenir el Poder Judicial ordenada el 5 de abril de 1992 por el entonces presidente de ese país, Alberto Fujimori. Para la internacionalista Elsa Cardozo, la referencia es más que pertinente, pues el peruano alcanzó el poder gracias a elecciones y trató de mantener la fachada institucional por un tiempo. Giovanna De Michele, otra internacionalista, escribió en su cuenta de la red social Twitter: “En Venezuela se ha dado el ‘Fujimorazo’ del siglo XXI”. Carlos Romero también coincide; y opina que la diferencia con lo que ocurrió en Venezuela es que la oposición peruana era “más combativa y tenía más respaldo internacional”. Otra diferencia es que al momento de ese llamado “autogolpe”, Fujimori contaba con respaldo popular y la situación socioeconómica de Perú iba en crecimiento.
“La situación económica venezolana está muy mal. El gobierno necesita de las atribuciones de la Asamblea para poder pedir préstamos, por ejemplo. Tienen que tomar decisiones que no han podido tomar y se aprovechan de esta fórmula leguleya, pero que ya venían adelantando con la tesis del desacato”, afirma María Teresa Romero, internacionalista.
Al hacer el paralelismo con las dictaduras militares latinoamericanas, que sí mantuvieron la figura del Parlamento, los expertos en materia internacional explican que esto se logró pues los organismos no tenían un poder real de deliberación y debate, y se mantenían sometidos a las órdenes de las cabecillas de los respectivos regímenes.
Fue precisamente el caso peruano el que impulsó el nacimiento de la Carta Democrática. La propuesta original fue presentada en abril de 2001 por el gobierno de transición de Perú, poco antes de la Tercera Cumbre de las Américas. El documento fue aprobado con la rúbrica de todos los mandatarios del continente, incluyendo al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Para Elsa Cardozo, la sentencia de la Sala Constitucional con la cual se apropia de las funciones del poder Legislativo parece ser una respuesta a las sesiones de la Organización de Estados Americanos que buscan aplicar este instrumento al caso venezolano. “La Cancillería venezolana llamó a hacer frente a estos intentos con severidad y firmeza, pero pareciera que esto no aplica en el ámbito internacional, sino dentro de nuestras fronteras. La sentencia 156, como la 155, que abre la posibilidad de juzgar a los diputados por traición a la patria, es un gesto de fuerza frente a la OEA, para mostrar que se trata de un gobierno soberano y decidido. Aunque las consecuencias se están viendo al interior del país”. Carlos Romero, en cambio, opina que este proceso comenzó el año pasado y ha ido in crescendo producto de la dinámica del gobierno que ha tomado una dirección antidemocrática, anticonsenso y no respetuosa del juego democrático.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, respondió acompañado los diputados de oposición, que son mayoría, la sentencia “es un golpe de Estado” y la entrada a una “dictadura”. Minutos antes, frente a las cámaras, mostró una copia del fallo y rompió el papel calificándolo de “basura”.
La cabeza del Parlamento aseguró que esa institución se declara en desobediencia y “desconoce al Tribunal Supremo de Justicia por estar actuando fuera de la Constitución”, añadiendo que no descartan que el chavismo tome físicamente las instalaciones. Borges le remitió un mensaje a los magistrados: “Ustedes no van a salir impunes de esto. Están cometiendo crímenes de Lesa Humanidad”.]]>