El retorno de los secuestros en Venezuela

El 29 de marzo, agentes de la Policía Nacional apresaron a tres hombres señalados de perpetrar el secuestro de una comerciante china en el sector Bellas Artes del municipio Libertador.

La mujer estuvo cautiva ocho días. En ese lapso, fue golpeada con el propósito de enviar imágenes que ocasionaran desesperación en sus familiares, y aceleraran la recolección y el pago de los 50 mil dólares exigidos en rescate.

El caso fue manejado con extremada discreción. En la primera década de este siglo, los chinos llegaron a ser la comunidad extranjera del país más afectada por los secuestros. Sin embargo, ellos rara vez acudían a formalizar las denuncias correspondientes. Se conocían algunos episodios, pues eran perpetrados a plena luz del día. Al parecer, lo mismo ocurrió con esta mujer.

“Los chinos tienen la particularidad de que no denuncian. Cuando las víctimas (de secuestro) son chinas, la comunidad se une y paga. Esa unión es una fortaleza, pero a los ojos del delincuente es una debilidad”, explicó el comisario Sergio González, ex jefe de la división Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial.

En lo referido a esta comerciante, los agentes de la PNB lograron la detención de los llamados “pegadores”, es decir, la parte de la banda encargada de la intercepción y captura de la víctima. Pero el tiempo de cautiverio, y la preparación del golpe a través de vigilancia y seguimiento hacen suponer al ex jefe policial que se trata de una organización más grande.

González tuvo información de primera mano sobre el secuestro de un hombre, en octubre de 2023, que guarda paralelismos con este caso. En ambos, los captores exigieron -y cobraron- 50 mil dólares. En ambos, el centro de las operaciones parece estar en el 23 de Enero.

Ambos casos, además, quedaron fuera de los registros oficiales.

Si bien es cierto que en el país han disminuido los secuestros con respecto a lo que se registró en los primeros quince años de este siglo, también lo es que el delito no ha desaparecido.

De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, en 2023 hubo 29 víctimas de secuestros admitidas por las autoridades. Una cifra parecida a la vista en el país entre los años 1988 y 1992. Luego, salvo algunos lapsos excepcionales, los plagios fueron incrementándose hasta superar las mil víctimas en la primera década de este siglo. A partir de 2018, descendió el número de denuncias, tal y como ha sucedido con respecto a otros delitos.

Según González, esto es una consecuencia más de la emergencia que vive el país, no de aciertos en políticas de seguridad ciudadana.

“No hay poder adquisitivo, y los delincuentes también emigraron”, sentenció.

Sin embargo, desde la segunda mitad de 2023, se conoce de casos que indicarían un resurgir de las bandas dedicadas a este delito. Son grupos que actúan en forma esporádica, luego de seleccionar cuidadosamente a sus víctimas. En el nuevo perfil, figuran personas que mantienen algún tipo de negocio con instancias gubernamentales, pues son las que exhiben riquezas.

El ex jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc advirtió que las bandas a menudo obtienen información de individuos que forman o formaron parte del anillo de seguridad de las víctimas. En estos grupos figuran agentes activos de cuerpos policiales, pues en la actualidad gozan de facilidades para hacer trabajos “por fuera” de sus instituciones, utilizando sus armas reglamentarias.

El Gobierno ha hecho un esfuerzo por transmitir la noción de que Distrito Capital es un territorio donde la delincuencia es cosa del pasado. La realidad es que, según sus propias evaluaciones, las mayores tasas de victimización se registran en Libertador, Miranda y La Guaira. Desde luego, las cifras no tienen la magnitud de otros tiempos, cuando Venezuela fue el país más violento del mundo. Pero la realidad no se puede tapar a punta de propaganda y censura.

En lo referido específicamente a los secuestros, llama la atención que Aragua y Distrito Capital sean actualmente los lugares que acumulan la mayor cantidad de víctimas. En Aragua, luego de la intervención al Internado Judicial de Tocorón, en septiembre de 2023, han sido plagiadas por lo menos diez personas. Esto indica que hay un reagrupamiento de las bandas que anteriormente giraban en torno al Tren de Aragua. Sus principales ámbitos de acción son Maracay, San Casimiro, Turmero y San Sebastián.

En Caracas, los secuestros conocidos han ocurrido en Caricuao-Ruiz Pineda y en 23 de Enero. En lo referido a Miranda, destaca el hecho de que nuevamente surgen casos en los alrededores de Caucagua.

Esta recomposición de los grupos dedicados al plagio toma a los cuerpos de seguridad en un punto muy bajo. Recientemente, el ministerio de Relaciones Interiores recibió un informe donde se indica que la “efectividad” de los grupos especializados de la policía judicial y de la Guardia Nacional en casos de secuestros en 2023 apenas fue de 14%, si se toma como parámetro la resolución de las averiguaciones, en términos de identificación plena y detención de los perpetradores.

Pero las policías quieren implantar otra forma para medir su desempeño. Han acuñado la frase “investigación asertiva” para describir una situación en que la víctima del secuestro queda en libertad, aunque no se haya determinado la razón precisa. En este saco entró el 69% de los casos del año pasado.  Es posible que los familiares hayan pagado rescate sin notificar a las autoridades, o que los captores entendieran que la víctima representa para ellos un riesgo muy elevado, o que percibieran una presencia policial y optaron por huir. Anteriormente, a esto lo llamaban “presión policial”. Pero esa no es una señal de efectividad. Los plagiarios seguirán libres y activos.

Breves

-El proyecto de ley presentado ante el Parlamento por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en la sesión del 2 de abril establece penas de hasta doce años de prisión para las personas involucradas en actos que sean calificados de “fascistas”, así como todo el que “denigre de la democracia, sus instituciones y los valores republicanos” o que “propugne la eliminación de los derechos y garantías establecidos en la Constitución”. Se trata de una sanción más grave que la aplicada a quienes cometan homicidios culposos. Incluso, puede ser mayor que la aplicada contra ciertos violadores y traficantes de drogas. De igual forma, el texto presentado por Rodríguez hace énfasis en la imposición de un régimen sancionatorio contra organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que incurran en lo que el régimen considere como “fascista”. Esto refleja hasta qué punto llega la angustia oficialista, en la medida en que el país se aproxima al evento electoral de julio.