¿Es Venezuela más segura?

El 5 de octubre, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, emitió una declaración desconcertante.
Según este funcionario, no existiría mayor problema en repatriar a las oleadas de venezolanos que entran a ese país por la frontera sur, luego de sortear los peligros de la selva del Darién, puesto que Venezuela es ahora un territorio “seguro”.

Esta afirmación echa por tierra los enormes esfuerzos desplegados desde la sociedad civil venezolana para que fuese comprendida en toda su magnitud la emergencia humanitaria compleja (EHC) que se padece en este territorio desde hace más de siete años. En algún momento, incluso, el propio Departamento de Estado norteamericano dio una explicación sobre el significado de la EHC, al señalar que se trata de una situación originada por las acciones y omisiones del régimen de Nicolás Maduro, y no por otras situaciones como las catástrofes naturales o los conflictos armados.

En esos días de octubre, Washington había llegado a un entendimiento con Miraflores para retomar los vuelos de repatriación. Una información divulgada por la Cancillería estadounidense el 8 de diciembre precisó que durante los últimos siete meses han sido devueltas a Caracas 13 mil personas. “Este número seguirá creciendo en los próximos meses”, indicó la nota.

EEUU no ha sido el único país desarrollado en cambiar su posición con respecto a la crisis venezolana. Incluso desde antes que lo hiciera la administración Biden, el Reino de los Países Bajos ya negaba de forma consistente las solicitudes de asilo formuladas por las personas que huyen de la conflictividad política y la delincuencia desbordada. Este giro intenta desestimular a los posibles emigrantes a ese país europeo, o a alguna de sus antiguas colonias en el Caribe.

Otra nación europea que ha puesto un cerco a los migrantes venezolanos es Islandia. En noviembre, llegó a Maiquetía un primer grupo de deportados desde esa latitud. De nada valieron las protestas por una medida que consideraron compulsiva.

En el caso estadounidense, el giro anunciado por Mayorkas con respecto a Venezuela pareciera que no es compartido por otras dependencias gubernamentales. Basta con asomarse a las “alertas de viajeros” elaboradas por el Departamento de Estado. La última versión, actualizada en julio de este año, advierte que bajo el gobierno de Nicolás Maduro “los crímenes violentos, como el homicidio, los robos armados, el secuestro y el apoderamiento de vehículos, son comunes”. De allí que la recomendación para sus conciudadanos sea no acercarse a este territorio. Lo mismo se afirma en las páginas de los gobiernos de Canadá y el Reino Unido, por citar algunas.

Aun así, conviene preguntarse: ¿ha cambiado algo en Venezuela para que ahora sea calificada como un territorio “seguro” por ciertos voceros de gobiernos extranjeros?

Según el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, una de las razones es que en el país han disminuido los homicidios y otros delitos violentos.

Pero este cambio tiene muy poco que ver con alguna política consistente en materia de seguridad ciudadana, y mucho con lo que Briceño describió como “las transformaciones generales del país”, ocasionadas precisamente por la emergencia humanitaria compleja.

“Tenemos una población muchísimo menor y un empobrecimiento general de la sociedad”, afirmó. En consecuencia, han disminuido tanto las oportunidades como el atractivo para el delito violento y callejero.

Briceño aclaró que estas situaciones no se presentan de manera uniforme en toda Venezuela. Hay sectores donde reina una aparente calma, mientras que en otros los delitos se mantienen o se hacen más frecuentes.

Aún así, reconoció que las encuestas de opinión reflejan que el tema de la inseguridad producida por el hampa ya no preocupa tanto como antes.

“La sensación de seguridad de las personas ha mejorado, porque ha cambiado la composición del delito. La letalidad ha disminuido”, explicó.

Al prevalecer los delitos ejecutados sin violencia, como los hurtos, el riesgo de que no sean denunciados o conocidos por las autoridades se incrementa. Según el ex director de la Comisión de Seguridad de Fedecámaras, Alberto Ray, la disminución de las estadísticas de criminalidad se explica en parte por un fenómeno conocido como “cifra negra”, es decir, un creciente porcentaje de los delitos que no es denunciado ante los órganos de investigación penal. Indicó que eso guarda relación con el grado de confianza en los cuerpos de seguridad. “En estos momentos, muy pocas personas confían en las policías”, sentenció.

Ray y Briceño coincidieron al afirmar que la merma en los delitos violentos también es consecuencia de la supremacía ejercida por grupos armados no estatales en vastas porciones del territorio nacional.

Ray, quien actualmente dirige el Risk Awareness Council, un tanque de pensamiento dedicado a evaluar riesgos emergentes, el 61% del territorio venezolano está bajo la influencia de alguna estructura armada no estatal.

“En la medida en que el delito se organiza gracias a estos grupos, se hace menos violento”, explicó Ray.
Pero eso no permite concluir que el delito en general ha disminuido. Probablemente, ha asumido formas menos compulsivas en su proceder.

Este es apenas un elemento a tomar en cuenta para evaluar la seguridad de un país como Venezuela.
Del lado de los cuerpos de aplicación de la ley, por ejemplo, prevalece todavía una tendencia al ejercicio de la fuerza letal.

Las operaciones ya no llevan la marca OLP, como era en 2015. Pero es claro que los cuerpos uniformados continúan matando. Una evaluación basada en data extraoficial indica que, hasta el mes de septiembre, los uniformados fueron responsables del 25% de los homicidios reportados en todo el país. Un porcentaje similar al de años anteriores. A estos procedimientos ahora los denominan “intervenciones legales”, aunque sean poco ajustados a las normas. La mayoría de estos casos queda impune.

Estos factores indican que en el país todavía prevalece la fragilidad institucional, aunque una parte de la comunidad internacional esté dispuesta a voltear la mirada, para darle preponderancia a las quejas de sus electorados.

Por otra parte, el argumento aportado desde el poder estadounidense para justificar la repatriación de venezolanos le hace un favor a la causa de Nicolás Maduro. El 10 de diciembre, por ejemplo, el director nacional de la policía judicial

Douglas Rico afirmó que ahora Venezuela es “el país más seguro de América Latina”. En la narrativa de este comisario no figuran los términos de emergencia humanitaria, diáspora o cifra negra. Basta la mención del dato en torno a la reducción del número de homicidios. Y saque Ud sus conclusiones.

Este es un punto que, muy probablemente, se convertirá en tema de la campaña electoral del año entrante.

Breves

El caso de los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) enjuiciados por filtrar información privilegiada a individuos bajo investigación tiene un alcance mayor que el planteado inicialmente. Para el público venezolano, desde luego, el mayor interés tiene que ver con la relación entablada entre los principales acusados, el agente especial John Constanzo Jr. y el ex agente especial Manuel Recio, con el empresario colombiano Alex Nain Saab, procesado en EEUU por lavado de dinero producto del pago de sobornos en las contrataciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

La acusación contra Constanzo y Recio indica que los delitos fueron cometidos entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, precisamente en momentos en que comenzaba a ventilarse en los juzgados de Nueva York el proceso judicial contra el empresario barranquillero, “enviado especial” del gobernante venezolano ante el régimen de la República Islámica de Irán.

En esta trama aparece nuevamente el nombre de un colombiano que desarrolló parte de su carrera criminal en Venezuela, Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche. Hernández, nos recuerda el tanque de pensamiento InSightCrime, se refugió a principios de este siglo en el país, huyendo de los conflictos internos del cartel del Norte del Valle colombiano, la agrupación que sucedió al cartel de Medellín.

Allí entabló contacto con la policía antidrogas estadounidense, y desde entonces actuó como “cuerda floja”. Boliche es uno de los personajes de la novela de Andrés López, El Cartel de los Sapos. Sirvió como delator de numerosos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2020, fue un factor de importancia para sacar de circulación a otro asesor de Alex Saab, el profesor estadounidense Bruce Bagley. En aquella oportunidad, sirvió como conducto de los pagos que Saab hacía al académico.

Ahora, en el caso de Constanzo y Recio, Saab no es el único que habría pagado por datos de la DEA que aún no eran del conocimiento público. Según la acusación, hay por lo menos otros cuatro individuos pertenecientes a redes internacionales del crimen organizado beneficiados por la filtración de informaciones.

En las primeras actuaciones, Recio pagaría a su asociado 2500 dólares por conocer si algún cliente había sido incorporado en la base de datos de personas investigadas, conocida como Naddis. Como la cosa funcionó, las entregas de dinero se incrementaron y diversificaron hasta involucrar a integrantes de la familia de Constanzo. Este caso es tan sensible que los propios abogados de los acusados se han quejado ante el juez de Nueva York Paul Oetken sobre las dificultades para obtener los documentos y otras evidencias que obran contra ellos.

La comunidad educativa del colegio San Agustín de El Marqués inició una recolección de firmas para solicitar formalmente la clausura del retén de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en un edificio de la zona industrial de Boleíta adyacente al centro educativo.

El 28 de noviembre, como se recordará, los detenidos en ese retén fueron llevados al campo de fútbol, con el pretexto de hacer un conteo. Se trataba de individuos considerados de alta peligrosidad, procedentes de los internados judiciales intervenidos a propósito de la operación Gran Cacique Guaicaipuro 2023.

Según la directora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Nancy Hernández, los cuerpos uniformados invadieron la instalación educativa. Desde esta semana, reposa en la recepción del colegio el documento en el que se hace la solicitud formal para la “reubicación” del centro de detención. Según el director del San Agustín, Marino Garrido, las firmas servirán para que “las autoridades tomen la decisión legal pertinente”.