Los pobres, los que más pierden con el cierre de la frontera

A todos ellos se les partió la vida en dos. Jendrix tuvo que dejar a su hija y su novia en Caracas, Libertad se vio obligada a dejar su trabajo y parte de su familia. Osneyr dejó una casa a medio construir en un barrio de Maracay. Sobeida corrió con suerte con su bebé, por así decirlo, pues fue deportada con siete meses de embarazo.

La vida de este grupo de colombianos ya no es la misma desde que fueron expulsados desde diferentes partes de Venezuela. Forman parte de las más de 1.000 personas que el gobierno de Nicolás Maduro ha deportado en los últimos 15 días, acusados de los crímenes y el contrabando que arrecia desde hace años en la frontera.

Pero Libertad dice que no tiene nada que ver con eso. Fue detenida luego que su prima fuera capturada por la Guardia Nacional durante una redada en Maracaibo. A ella, un militar le exigió 5.000 bolívares para liberarla, y como no los tenía, fue deportada junto a sus familiares, entre ellos, dos niños y Libertad.

“Ahora vamos a ver qué se hace, porque nosotros no vivimos aquí sino en el Atlántico donde tenemos una casa”, dice esta costurera mientras era atendida por un grupo de la Cruz Roja colombiana, a su llegada de un centro de migrantes en Maicao.

A este centro, ubicado en la Pastoral Social de Riohacha con el aval de la ACNUR, llegan a cuentagotas los colombianos deportados por la Guardia Nacional desde el estado Zulia.

Son expulsados desde la alcabala de Paraguachón, donde denuncian que han pasado horas para ser entregados, pues la policía militarizada no quiere que los periodistas colombianos establecidos en la zona capten la expulsión, realizada en medio de la Goajira que comparte Venezuela y Colombia.

Además de estar unidos por el destierro, Jendrix, Libertad, Osneyr y Sobeida tienen en común ser pobres. Todos llegaron a Venezuela en búsqueda de mejores oportunidades para trabajar como mano de obra barata o, como en el caso de la familia de Libertad, escapando de los estragos de una inundación que afectó a la región del Atlántico colombiano hace cinco años.

“Muchos de ellos emigraron a Venezuela de manera irregular, buscando negocios, mejores condiciones de vida, huyendo de la violencia”, explicó José Rodríguez, uno de los coordinadores del centro de atención al migrante de Riohacha.

Ahora, estos colombianos llegan a Venezuela con denuncias de malos tratos por parte de la Guardia Nacional. “Eso no es de ahora, pero se ha intensificado el maltrato físico y verbal de los militares hacia los colombianos”, añade.

El activista denuncia que parte de los más de 120 colombianos atendidos en el centro tuvieron cédula venezolana. Muchos de ellos recibieron en 2004 documentos en medio de un plan de regularización de extranjeros, en los que se beneficiaron muchos colombianos.

“Pero esa cédulas se vencieron y Venezuela no las está renovando”, acota.

-Extraños en su país-

Los que llegan al centro de atención en Riohacha tienen un seguro incierto. Ninguno de los deportados son oriundos de Maicao y muchos no saben si establecerán en Colombia. Unos porque no tienen dinero, otros porque quieren volver a Venezuela.

El centro los atiende con techo y alimento temporal, pero no les cubre sus gastos para asentarse en Colombia. Mucho menos para llevarlos al país que los expulsó. La familia de Libertad sabe que volverá al Atlántico para levantar su casa y establecerse allí.

Pero Jendrix quiere volver. Su hija de cuatro años “lo tiene loco”, confiesa. Pero prefiere mantenerse en Colombia por un tiempo para enviarle dinero a su familia en Caracas, donde fue detenido por la Guardia Nacional, que lo llevó a unas oficinas del Saime donde afirma haber pasado hambre.

“Volveré, pero la cosa está muy fea en Venezuela”.