Funcionarios venezolanos facilitan el tráfico de drogas en el país

En un documento expuesto en la página del Departamento de Estado norteamericano y tildado: «Presidential Determination No. 2014-15», queda reflejado que «la presentación de informes creíbles indican que miembros individuales de las fuerzas gubernamentales y de seguridad facilitan o son partes de actividades donde está involucrado el narcotráfico».

En los últimos 12 años, el gobierno de Venezuela no puede demostrar suficientes esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas ni cumplir con sus obligaciones establecidas bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales que ha suscrito.

Según el mencionado informe, «la porosa frontera occidental entre Venezuela y Colombia, su débil sistema judicial, la insuficiente cooperación antinarcóticos, la corrupción y lo permisivo que son las autoridades, facilitan el tráfico de drogas de Sur América vía el corredor venezolano».

Explican que en los últimos dos años, casi todos los vuelos ilegales con narcóticos que llegan a Honduras, el mayor centro o corredor de drogas de la región, parten desde Venezuela.

Asimismo, los vuelos que salen de Centroamérica y regresan al sur, se dirigen al oeste del territorio venezolano. En 2015, según el Departamento de Estado, Venezuela sigue siendo el país de mayor tránsito de cocaína del continente.

La mayoría de los cargamentos de drogas que transitaron por Venezuela en 2014 se destinaron para el caribe oriental, América central, Estados Unidos, África Occidental y Europa.

Las organizaciones colombianas, estrechamente ligadas al narcotráfico, que facilitarían el trasbordo de estas sustancias a través de Venezuela serían las FARC, Los Rastrojos, y el ELN.

Además, apuntan que agrupaciones mexicanas de traficantes de drogas como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas también estarían operando desde Venezuela.

No hay información pública
También señalan a Venezuela de no mostrar informes, ni reflejar claridad con respecto a la incautación y destrucción de drogas. Aseguran que en 2013, las autoridades venezolanas incautaron 46 toneladas de sustancias ilícitas, mientras que en 2012 fueron 45.

Afirman que el gobierno nacional hace estos anuncios, pero no quedan públicamente establecidos datos o pruebas necesarias para verificar la destrucción de esa droga.

El gobierno de los Estados Unidos acusa al venezolano de limitar su cooperación en solo extraditar fugitivos capturados dentro de sus fronteras, ligados al narcotráfico. Todo esto luego del cese de su formal alianza con la Administración de Control de Drogas en (DEA), en 2005.

La oficina de los Servicios de Exteriores de Estados Unidos manifiesta que Venezuela falló en tomar medidas contra los funcionarios del gobierno y de la Fuerza Armada, conocidos por estar vinculados con la guerrilla de las FARC y otras organizaciones dedicadas a traficar con sustancia ilegales.

Por otra parte, traen a colación que el Departamento del Tesoro norteamericano colocó el título de «capo de la droga» a un exoficial del ejército venezolano.

Estas advertencias continuaron en 2008 y 2011, cuando el tesoro estadounidense cuestionó a otros altos funcionarios del gobierno venezolano de actuar en apoyo a las FARC y a la actividad de tráfico de drogas y armas.

El escándalo de 2014
En la declaración oficial, Estados Unidos dice estar preocupado por lo que estaría establecido en informes fidedignos que confirman que el gobierno de Venezuela «amenazó» a su similar de Aruba y los Países Bajos, junto a otros, para lograr la liberación del «kingpin» (capo) Hugo Carvajal Barrios, a quien señalan de estar ligado al tráfico de drogas.

La conclusión a la que llega el documento oficial norteamericano, es que Venezuela debe mejorar su cooperación antinarcóticos que desde 2005 es inconsistente, luego de negarse a firmar un memorándum negociado en materia antidroga.

Los Estados Unidos mantiene su compromiso de cooperar con Venezuela para contrarrestar el flujo de cocaína y otras drogas ilegales que transitan por territorio venezolano.

Añaden que la alianza reforzada podría aumentar el intercambio de información y, en última instancia, conducir a más arrestos relacionados con las drogas, ayudar a desmantelar las redes de delincuencia organizada, la ayuda en la persuasión de criminales dedicados al tráfico de estupefacientes y detener el flujo de drogas ilícitas que transitan por Venezuela.