La abogada Martha Tineo, co fundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, asegura que el sistema judicial venezolano está cuestionado por no tener independencia y además ser pieza clave de la política de represión.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, vino a Venezuela recientemente para anunciar la apertura en Caracas de una oficina de asistencia técnica en la capital, en el marco de la investigación que desde ese organismo se le hace a Venezuela para identificar si se han presentado crímenes de lesa humanidad. Diferentes ONG defensoras de derechos humanos en el país han celebrado esta decisión, pero se mantienen expectantes.
La abogada Martha Tineo, co fundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón en el programa En Este País, que se transmite por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría duda del compromiso de aplicar justicia por parte de un gobierno que aún no implementa el Estatuto de Roma.
“El anuncio del fiscal de la CPI de instalar una oficina de asistencia técnica en el país es importante y no tiene precedentes en nuestra historia. Es consecuencia del análisis de la evidencia recolectada por Fatou Bensouda y que avaló el fiscal actual. Eso se debe a la inactividad del sistema de justicia en todos estos años, además de la evidente falta de voluntad e incapacidad estructural para adelantar juicios”.
La abogada agregó que las ONG en Venezuela tienen altas exceptivas de que la apertura de la oficina en Caracas sirva para adelantar investigaciones. “El mensaje de la fiscalía presume que hay fallas estructurales en el sistema judicial venezolano y por eso asume que necesita asistencia técnica para que las autoridades lleven a cabo investigaciones y juicios genuinos, transparentes y apegados al propio Estatuto de Roma”.
Martha Tineo hizo énfasis en este último punto y aseguró que el Estado venezolano no ha implementado el Estatuto de Roma en el país. “Justicia, Encuentro y Perdón publicó un informe en el que se demuestra que ni siquiera el crimen de asesinato está tipificado en el mismo sentido que en el Estatuto de Roma. Tampoco hay garantías que el crimen de persecución pueda ser juzgado en nuestro país”.
Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, el Estado venezolano ha venido adoptando reformas legislativas mostrando voluntad de juzgar estos crímenes, pero la realidad es otra.
“Nuestra experiencia es que persiste un 95% de impunidad en cuanto a ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las manifestaciones pacíficas y ese otro 5% son perpetradores, más no cadenas de mandos”.
Un grupo de ONG defensoras de derechos humanos suscribió una carta mostrando preocupación sobre algunos puntos de la investigación que la CPI viene llevando a cabo a Venezuela. Estas organizaciones pidieron les fueran aclarados algunos parámetros sobre este proceso.
“Desde Justicia, Encuentro y Perdón, que es la organización que represento y suscribió este comunicad, manifestamos preocupación sobre la forma como la CPI pudiese vislumbrar su trabajo con el actual sistema judicial venezolano. Parece asumir que podrá llevar a cabo investigaciones de manera genuina a los presuntos crímenes de lesa humanidad”.
Tineo puntualizó que el sistema judicial venezolano está cuestionado por no tener independencia y además ser pieza clave de la política de represión.
“Valoramos que la fiscalía de la CPI haya firmado un memorándum de entendimiento con el presidente Maduro. Consideramos que esto debe incluir medidas de complementariedad positiva para fortalecer la capacidad de los operadores judiciales para investigar crímenes de lesa humanidad. Nos preocupa que no haya garantías para que se adelanten investigaciones de manera independiente”.
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