El Gobierno de Maduro sigue apelando ante la justicia británica el control de las 30 toneladas de oro venezolano que están en el Banco de Inglaterra. Con una valuación de aproximadamente 1.900 millones de oro, el chavismo busca recuperarlo
El Gobierno interino de Juan Guaidó dejó de serlo hace algunos meses, y aunque en la práctica de la dinámica interna venezolana el papel de la presidencia de Guaidó era prácticamente inexistente, en el exterior las cosas eran distintas. Empresas como Monómeros en Colombia y Citgo en EEUU estaban en manos de designados por la presidencia interina, y algunos activos como las 30 toneladas de oro venezolano guardadas en el Banco de Inglaterra quedaron inmovilizadas para el gobierno de Maduro.
Una nueva apelación por parte del Gobierno de Maduro busca regresar el control del oro venezolano a manos del gobierno chavista, sin embargo no parece que el trámite sean tan sencillo.
Las autoridades venezolanas alegaron el martes ante la justicia inglesa que el gobierno británico ya no reconoce a Juan Guaidó como «presidente encargado» y por consiguiente deberían revisarse las decisiones judiciales que dieron al dirigente opositor el control del oro depositado en Londres.
El oficialismo y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el control de más de 30 toneladas de oro de las reservas estatales, valorado en 1.900 millones de dólares, guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
En una complicada sucesión de fallos, recursos y contrarrecursos, la justicia inglesa determinó que Guaidó era el representante legítimo del país.También que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que él nombró podía dar instrucciones al Banco de Inglaterra en calidad de cliente.
Y que la justicia inglesa no reconocía las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas invalidando dichos nombramientos por considerar, entre otras cosas, que los jueces de esa corte están a las órdenes del presidente Nicolás Maduro.
Esta última decisión, tomada en julio de 2022 por la jueza Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres, fue recurrida por el BCV oficial el pasado octubre.
Pero a la espera de que el Tribunal de Apelación analizara el caso, la realidad política cambió en Venezuela.
A finales de diciembre, la asamblea opositora elegida en 2015 –y aún reconocida por países como Estados Unidos y Reino Unido que consideran ilegítimas las legislativas de 2020– votó por disolver el gobierno interino de Guaidó.
Esta decisión fue aceptada por gobiernos como Washington y Londres que habían reconocido a Guaidó cuando en 2019 se autoproclamó «presidente encargado».
«El 31 de enero de 2023, el ministerio británico de Relaciones Exteriores escribió a la jueza Cockerill, sin que nadie se lo pidiera» y «declaró que el gobierno ya no considera a Guaidó como ‘presidente interino'», defendió el martes el abogado Richard Lissack ante tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres.
Lissack representa desde 2022 a la junta directiva oficial del BCV presidida por Calixto Ortega, quien viajó desde Caracas para este nuevo capítulo de la saga judicial y el martes siguió la vista sentado en el fondo de la sala.
Argumentando que «las placas tectónicas de la escena internacional se están moviendo», el abogado pidió a los magistrados que sobreseyesen la apelación y reenviasen el caso a Cockerill para su revisión completa.
Dado que Guaidó ya no es «presidente interino», «lo correcto es dar marcha atrás», afirmó. No logró sin embargo convencer a los jueces.
El presidente del tribunal, Stephen Males, y sus colegas Stephen Phillips y Sarah Falk decidieron seguir adelante con la apelación relativa a las decisiones de TSJ. Las vistas comenzaron inmediatamente el martes y se prolongarán hasta el jueves.
En su apertura Lissack dejó claro que, pese a todo, basará su argumentación en el hecho de que Londres ya no reconoce a Guaidó.
«Se les pide que determinen este asunto en apelación cuando el mundo ha cambiado» y «determinar litigios por motivos que ya no existen en el mundo real», dijo a los jueces.
Males y Phillips expresaron sin embargo sus dudas, señalando que el gobierno británico no ha cambiado su opinión sobre a quién reconocía como presidente de Venezuela en 2019, cuando se produjeron los nombramientos en la dirección ad hoc del BCV.
El BCV presidido por Ortega demandó al Banco de Inglaterra en 2020 reclamando que le entregase el oro por necesitarlo para luchar contra la pandemia de covid-19.
Este afirmó sin embargo haber recibido órdenes contradictorias del BCV nombrado por Guiadó, quien dijo temer que el dinero fuera a los bolsillos de los «cleptócratas» o sirviese para reprimir a la población.
Lissack aseguró el martes que el país sigue necesitando los fondos por motivos humanitarios y que estos deberían ser transferidos a «un fondo humanitario gestionado por Naciones Unidas en beneficio del pueblo de Venezuela».
Defendió asimismo que los miembros del BCV oficial son «banqueros serios que ejercen una importante misión en las condiciones más difíciles», a diferencia de la junta ad hoc de Guaidó, sin funciones de política monetaria y muchos de cuyos miembros viven exiliados en Estados Unidos.
Guyana ha venido ejerciendo de hecho durante décadas el control pleno sobre el territorio Esequibo, donde hay siete de las 10 regiones administrativas de ese país vecino de Venezuela. Enormes riquezas minerales y de petróleo y gas, se suman a una disputa nacionalista histórica.
El viernes se produjo una decisión en el litigio sobre las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra: la desaparición del gobierno interino obliga a reconsiderar quién tiene autoridad sobre los lingotes valorados en 1.900 millones de dólares
La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, determinó que las 31 toneladas de oro deben ser administradas por el equipo del presidente interino
