La Alianza Todos por la Educación presenta un balance de la situación electoral que viven las universidades de Venezuela tras los comicios de la UCV: ¿Qué instituciones han avanzado? ¿Cuál es el panorama en Lara y oriente? ¿Qué dicen los líderes estudiantiles? Aquí hay respuestas
Las elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV) han sido un hito luego de más de una década sin que se pudieran hacer producto de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los comicios llamaron la atención de medios de comunicación, egresados y reavivó la discusión en el resto de universidades de Venezuela.
Para entender la situación después del evento electoral ucevista y lo que implica para otras casas de estudios, la organización Alianza Todos por la Educación compartió una nota de prensa con un balance de lo ocurrido y un análisis de su director Miguel Barone.
Miguel Barone resalta primeramente que si bien en 2021 se renovó la representación estudiantil, egresados y asociación de profesores universitarios de la UCV, hubo 15 años sin elecciones generales.
Sin embargo señala «que en el caso de la representación estudiantil ya tienen su periodo medianamente vencido. Su tiempo de vigencia es de un año». Y que de no ser por el apoyo del movimiento universitario, no se habría movilizado tanta gente para votar.
La organización Todos por la Educación destaca que durante los 15 años sin elecciones se deterioró ampliamente la autonomía universitaria, se dejó el cuarteto rectoral a medias y a buena parte de los decanatos encabezados por figuras «encargadas».
En el caso de las cuatro máximas autoridades solo se mantuvieron dos cargos intactos desde la última elección: la rectora, Cecilia García Arocha; y el secretario, Amalio Belmonte. Mientras que el vicerrectorado académico quedó vacante en 2022 tras la muerte de Nicolás Bianco, cuyo puesto fue designado luego por el Consejo Universitario.
Dos años antes, el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez, renunció y Belmonte asumió las riendas de la secretaría y el vicerrectorado al mismo tiempo. Sin embargo, de los 11 decanatos ocho ya habían sido ocupados autoridades encargada.
Sobre esto, Miguel Barone opina: » Haber buscado una forma para destrabar la situación electoral fue clave, aun cuando no se le dio al gobierno el peso del voto uno a uno, en el caso de los administradores fue crucial para hacer los comicios».
Otro factor que Barone presenta es la disminución del volumen de estudiantes: «Eso tiene una repercusión aunque el número de egresados siga creciendo. Hay complejidad por la precariedad reinante. Pero la primera vuelta, con todo y sus retrasos en el conteo de votos, fue positiva».
«Ese día se usaron máquinas ópticas bastante viejas, que no estaban en el mejor estado para leer todos los votos, falló la logística. No hay respuestas suficientemente claras sobre lo que pasó, pero todo indica falta de presupuesto y tiempo de organización», dice sobre los incidentes el primer día de elecciones.
Además resalta que la Comisión Electoral habló de unas papeletas que no llegaron a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, específicamente de la mesa de egresados: «Eran 15.000 los que podían votar y llegaron 150 papeletas. Pero esto pasó exactamente igual en las demás facultades».
Barone, en su mirada hacia las regiones, explica que hay que tener voluntad para llegar a puntos medios y destrabar el sistema electoral universitario.
Por ejemplo, un escenario similar se vive en Lara. Juan Quintero, representante de Todos por la Educación en la región, explicó que en el caso de la Universidad Experimental Politécnica Antonio Jose de Sucre las autoridades son las mismas y llevan años con el período vencido.
En la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado la situación también es compleja, pues cuenta más de 13 años sin que se hagan elecciones. Sobre esta casa de estudios, Quintero exponeque la primera ausencia en el tren rectoral se dio en 2014, cuando el secretario renunció al cargo.
Tras la decisión, el Consejo Universitario y el rector escogieron un nuevo secretario, contando con el respaldo del Ministerio Universitario y las autoridades.
En 2017 el rector falleció, dejando solamente a ambos vicerrectores como únicos cargos originales electos. Para ese entonces, la vicerrectora académica asumió el puesto y en 2020 renunció. «Es decir, el vicerrector administrativo, es también el académico y el rector», señala Juan Quintero.
Y las consecuencias son graves, pues la comunidad universitaria empezó a considerar el tema de la renovación de autoridades como un «tabú» en el que nadie se quería involucrar: «Todos esperaban una intervención del gobierno que nunca ocurrió».
Quintero se ha reunido con miembros del sector sindical para conocer sus perspectivas sobre el futuro proceso electoral. También ha conversado con profesores sobre pretensiones electorales, pero no se ha definido algo.
En el caso de la Universidad de Oriente (UDO) el escenario no dista del de los anteriores. Nicolás Millán, quien es dirigente de esa casa de estudios y aliado de Todos por la Educación, precisó que la institución no ha hecho renovación de autoridades desde 2006.
«Un día antes de llevarse a cabo las elecciones para renovar a las autoridades, el Tribunal Supremo de Justicia sacó la famosa sentencia», recordó Millán.
Desde entonces el movimiento estudiantil de la UDO viene exigiendo elecciones de gobierno y co-gobierno. Han introducido cartas a consejos de núcleo y universitario, en asambleas de estudiantes, medios de comunicación. La respuesta siempre ha sido la misma: no a causa de la sentencia del TSJ.
En el año 2018 se enviaron las últimas cartas y comunicados; y después del efecto que dejaron las elecciones de la UCV se reactivaron las exigencias.
Millán asegura que durante todo ese tiempo la autonomía de la UDO se perdió: «Hay una desconexión de las autoridades con la universidad y su gente. No se sienten representados, ya que no tienen a nadie que vele por sus derechos».
Además lo ejemplifica con la inactividad del transporte universitario y otras áreas, como el comedor o los baños: «Hubo estudiantes que tuvieron que hacer necesidades en el monte por dicha situación».
Una semana antes de la publicación de esta nota,Millán intentó conversar con las autoridades de la UDO para conocer si dentro del cuarteto o los decanatos ocurrieron renuncias o muertes y cómo lo habían resuelto. Sin embargo, las autoridades declinaron el encuentro por «otras ocupaciones».
En la Universidad de Carabobo (UC) ya se han dado algunos pasos. El pasado 12 de junio la Comisión Electoral Universitaria (CEU) presentó un estatuto transitorio ante el Consejo Universitario, el cual fue discutido el 16 de junio, y trata la elección de autoridades de la institución.
Si se obtiene una respuesta positiva, entonces se dará a conocer el cronograma de actividades. Se prevé que las elecciones sean para finales del mes de noviembre de 2023, declaró a los medios Evelin Ruíz, presidenta de la comisión.
En la UC las elecciones se harán por tandas, la primera incluirá a los 18 cargos mayores, desglosados en cuatro rectores, los sietes decanos y los siete integrantes del Consejo de Apelaciones. Mientras que en 2024 estiman que votarían para escoger a los representantes profesorales.
Dichos comicios serían de dos vueltas en el caso de que los candidatos no obtengan el 50% más 1 de los votos, como establece la ley. Además será el método manual el escogido para la votación.
Evelin Ruíz detalló que el porcentaje de votantes para las elecciones será: 25% para estudiantes, 10% para el personal administrativo, 10% para obreros y 5% para los egresados. Los docentes son 1 a 1.
Además, informaron que, durante los comicios de la UCV, los miembros de la UC asistieron a las elecciones para monitorear el proceso. Una de ellas fue la rectora Jessy Divo de Romero.
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