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Así fue como se robaron millones de dólares de Pdvsa, según un testigo protegido

Con la excusa de las sanciones y el bloqueo, El Aissami a través de sus hombres de confianza, Joselit Ramírez y Hugbel Roa, asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro

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El paradero de Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de Pdvsa, ya no es un misterio. Finalmente y tras más de un año de revelarse el inicio de la investigación pro un entramado de corrupción en el que se estima la desaparición de 21 mil millones de dólares de Pdvsa en un periodo de tres años, el Ministerio Público anunció la detención de El Aissami, quien junto al exministro de Economía y Finanzas y expresidente de Fonden, Simón Alejandro Zerpa, y el empresario Samark José López, fueron detenidos este martes 9 de abril, según informo el fiscal Tarek William Saab.

De esta forma, los nuevos detenidos se unen a la lista de más de 54 personas privadas de libertad por el caso de la trama de corrupción que arropa a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, a la extinta Superintendecia de Criptoactivos y a la Corporación Venezolana de Guyana.

En rueda de prensa, el Ministerio Público señaló que tanto Tareck El Aissami, como Simón Alejandro Zerpa y Samark José López serán imputados por traición a la patria; apropiación o distracción del patrimonio público; alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias; legitimación de capitales y asociación.

El testigo protegido

Aunque en rueda de prensa el fiscal aseguró que cinco testigos protegidos brindaron la información para armar el caso en contra de los nuevos detenidos, Saab señaló que el testimonio de un testigo en particular fue esencial para armar la trama de corrupción.

Según el testigo, quien se encuentra en privativa de libertad, él conoció al ex superintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, a través de un contrato por millones de dólares para la remodelación de varios despachos de Tareck El Aissami. A partir de esa remodelación, se inicia una relación en la que siempre lo contrataban de palabra para remodelar oficinas, sin ningún contrato de por medio y con pagos en efectivo.

«En dos de esas remodelaciones le exigieron el pago de una comisión de 15 %, equivalente a aproximadamente más de 1 millón de dólares, que serían para Ramírez y El Aissami. Adicionalmente le solicitaron otras remodelaciones en múltiples oficinas y casas particulares que debían ser gratis para que le siguieran dando contratos», aseguro el testigo.

Pero de las remodelaciones saltó a la compra de embarques de crudo. Según el testigo se le ordenó registrar una empresa en el extranjero por la que se intermediarían todas operaciones de compra de crudo de Pdvsa. «Las asignaciones de estos embarques se hacían con una hoja de papel donde se colocaban los datos básicos del producto y una llamada telefónica de El Aissami a Antonio Pérez Suárez», señala el Ministerio Público.

Según el testigo, a esta empresa le fueron asignados 15 buques por un monto de más de 153 millones de dólares. De esos 15 buques dice haber pagado 22 millones en efectivo directamente a Antonio Pérez Suárez en su oficina, donde además vio que habían pilas de dólares en efectivo.

Retrasos para cobrar comisiones

El testigo de la fiscalía señala que Pérez Suárez dilataba a propósito la carga del producto en los barcos para generar gastos no previstos a los contratistas, y que luego enviaba a un emisario que cobraba una comisión para agilizar los despachos. «El primer barco que le asignaron de Fuel Oil, tuvo que pagar a este emisario, de nombre Edward Coronado, la cantidad de 2 millones de dólares en efectivo», relató Tarek William Saab.

Según lo que el Ministerio Público asegura que señaló el testigo protegido, El Aissami le pidió que le hiciera tres transferencias a una cuenta en el extranjero por un total de 1,5 millones de dólares. En otra oportunidad tuvo que ejecutar trabajos de obras civiles a éste por 500.000 dólares, y tuvo que darle 450.000 dólares para gastos personales

Cuenta también que en ese momento el Superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez, le pidió que recibiera en las cuentas de su empresa fachada, dos pagos por dos buques asignados a la Sunacrip, por un monto total de 35 millones de dólares, y que luego este dinero fue transferido a criptomonedas y un monto de 3 millones de dólares fue entregado en cheque a dos personas de confianza de Ramírez.

El testigo también narró que Hugbel Roa, implicado también en el caso de corrupción, le pidió varias veces dólares por concepto de adelanto para las agilizaciones que él le haría. Y que éste le comentó haber cobrado en comisiones unos 5 millones de dólares por la asignación de contratos.

También narró que vio cómo Ramírez, El Aissami y Roa enviaban al extranjero maletas con efectivo y oro.

Las sanciones como excusa

Este testigo explica que, con la excusa de las sanciones y el bloqueo, El Aissami a través de sus hombres de confianza, Joselit Ramírez y Hugbel Roa, asignaba directamente buques de crudo, para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro.

«Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al BCV tener acceso a él. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario».

Pérdidas millonarias

Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha precisado cuál es el monto exacto desaparecido de las arcas del Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según la agencia internacional de noticias Reuters, son más de 21.200 millones de dólares. Es decir, siete veces más de lo que en principio se estimó ($3 mil millones)

De acuerdo con Reuters, los 21.200 millones de dólares equivale a 84 % del valor total de los envíos facturados. Pero no pagados a Pdvsa desde el año 2020.

Los 21 mil millones que Pdvsa dejó de cobrar por la venta de petróleo desde 2020, pudieron haber representado 6 años de un sueldo promedio de $300 mensuales para el millón de personas que trabajan para la administración pública.

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