El informe resalta que las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en graves violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este martes que existen motivos suficientes para sospechar que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Para La Misión, este proceso electoral estuvo marcado por la persecución de opositores y una fuerte represión de las protestas que surgieron tras los comicios.
En un extenso informe de 158 páginas que abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, la misión acusa a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados leales al gobierno de llevar a cabo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, así como actos de violencia sexual y de género.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre #Venezuela ha publicado un nuevo informe que detalla un preocupante aumento de graves violaciones de derechos humanos cometidas antes, durante y después de las recientes elecciones en el país.
— United Nations Human Rights Council | 📍#HRC57 (@UN_HRC) October 15, 2024
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El informe resalta que las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en graves violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones. Se señala específicamente a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), junto con la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional como los principales responsables.
Asimismo, el documento destaca que las declaraciones de los altos funcionarios del Estado, especialmente después del 28 de julio, fomentaron la represión y ayudaron a crear un ambiente de hostilidad y violencia.
Entre las instituciones mencionadas, se incluye el Consejo Nacional Electoral, que según el informe, no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad. También se critica a la Asamblea Nacional, por haber respaldado leyes que restringen los derechos humanos y el espacio cívico, así como al sistema judicial, que operó con falta de independencia.
Aunque informes anteriores de esta misión, establecida en 2019, ya habían denunciado graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el nuevo documento subraya que el perfil de las víctimas se ha ampliado significativamente en el contexto electoral.
Ahora incluye no solo a líderes de la oposición y activistas sociales, sino también a “ciudadanos comunes” que expresaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados electorales.
La misión, liderada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, resalta que en los diez meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración, muchas de ellas en la conocida operación “Brazalete Blanco”. Durante la campaña electoral, se registraron otras 121 detenciones relacionadas con actividades opositoras.
Este tipo de acciones fueron utilizadas como justificación para una represión selectiva de militares, políticos y activistas, según el informe.
La represión se intensificó después de los resultados electorales, con una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas que podría contarse en miles, un nivel de represión que solo se compara con las protestas de 2014, 2017 y 2019.
La Misión ha informado que las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se auto incriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo.
La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas.
«Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional», señala el informe.
El informe de la Misión confirma la conclusión de que algunas de las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este período fueron cometidas siguiendo la misma línea de conducta previamente calificada por la Misión como crímenes de lesa humanidad.
Además, dichas violaciones, cometidas con una intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas.
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