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Argentina exige la liberación de funcionario argentino detenido en Táchira y de un empleado de su embajada

La familia de Nahuel Gallo, el funcionario argentino detenido en Táchira, ha expresado a la prensa que no hay ningún tipo de información sobre él desde el pasado #8Dic. La Cancillería de Argentina no solo ha pedido su liberación sino la entrega de salvoconducto para opositores asilados en su embajada

El Estímulo
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Argentina ha exigido al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de un funcionario argentino que fue detenido en Táchira y de un empleado de su embajada en Caracas, donde están asilados seis opositores.

Las solicitudes, que muestran el rechazo a estas encarcelaciones y el asedio de su sede diplomática en Venezuela, fueron compartidas a través de dos comunicados el viernes 13 de diciembre.

En el primero, la Cancillería de Argentina detalla las circunstancias arbitrarias bajo las cuales fue detenido el suboficial de la Gendarmería Nacional de Argentina, Nahuel Agustín Gallo, el pasado domingo 8 de diciembre.

Nahuel Agustín Gallo fue apresado luego de ingresar a Venezuela desde Colombia a través del puente internacional «Francisco de Paula Santander» cuando se dirigía a Táchira con el propósito de reencontrarse con su pareja y su hijo.

«Pese a la naturaleza estrictamente personal de su visita, fue detenido de manera inmediata, sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales», indicó la Cancillería de Argentina.

María Gómez, pareja de Nahuel Agustín Gallo, conversó con la prensa argentina e indicó que antes de que el gendarme decidiera venir al país, ella le envió mensajes expresando su postura sobre la situación política de Venezuela.

Gómez, quien es residente argentina desde hace seis años, presume que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes lo interceptaron, pudieron haber leído algunos de esos mensajes momento de la detención de su pareja.

Algunos de los mensajes decían: «Este país se está yendo a la mierda» y «Tenemos un gobierno horrible, una dictadura».

«El Gobierno de la República Argentina exige, de forma categórica e inmediata, la liberación de nuestro funcionario. La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana», escribió en el comunicado el Ministerio de Seguridad de Argentina.

Además agregó: «Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido».

Liberación de empleado

Argentina también denunció que un empleado de su embajada en Caracas, que ahora se encuentra bajo custodia de Brasil, fue detenido en medio del asedio y hostigamiento que han emprendido las autoridades venezolanas contra los ciudadanos asilados allí.

«Esta acción constituye una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal, incluidos aquellos que desempeñan funciones esenciales», indicó la Cancillería de Argentina en otro comunicado.

La cancillería expresó: «Esta detención no es un hecho aislado, sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina. A ello se suma la presencia de francotiradores apostados frente a la sede y la ocupación ilegal de las viviendas vecinas (…)».

El gobierno de Argentina exigió que se libere a su funcionario y que se le otorguen salvoconductos a los seis opositores asilados. Los nombres de estas personas son: Pedro Urruchurtu Noselli, Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez Mottola.

«Apelamos al Secretario General de las Naciones Unidas para que actúe con la urgencia y determinación que esta situación demanda (…) La República Argentina hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que se sume a este reclamo con la mayor firmeza posible. La liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas no admiten más espera. Las consecuencias de la inacción podrían ser irreparables», escribió la cancillería.

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