Según la versión del gobierno de Maduro, en la acción fue incautada una lancha rápida, seis camionetas, diez fusiles y dos ametralladoras.
Las armas fueron robadas del Palacio Federal Legislativo en abril de 2019, según Reverol.
No explicó cómo las armas salieron a Colombia para después regresar en manos de supuestos enemigos del régimen.
Fuentes policiales dijeron a periodistas el domingo, de manera extraoficial, que lo ocurrido fue una fallida operación de tráfico de drogas, repelida por una de las facciones del chavismo en el poder.
Maniobra de distracción
Por su parte, el gobierno de Duque restó credibilidad a los «hechos de desestabilización» denunciados por los funcionarios de Maduro.
Afirmó que se trata de «intentos por desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela, mediante la acostumbrada estrategia de ese régimen ilegítimo de buscar debates y distractores externos».
Desde su llegada al poder, en agosto de 2018, el mandatario colombiano alienta una «transición democrática» en Venezuela.
Duque argumenta que el gobierno de Maduro se mantiene en el poder de manera fraudulenta e ilegítima.
El actual período que cumple Maduro salió de una elección presidencial llevada a cabo fuera de los tiempos constitucionales. El proceso fue convocado por una Asamblea Constituyente creada por Maduro con «poderes absolutos y soberanos».
Los principales partidos de oposición y sus líderes históricos estuvieron proscritos de esa elección en mayo de 2018, que nunca fue reconocida por un centenar de países.
Colombia, que comparte una extensa y porosa frontera de unos 2.200 kilómetros con su vecino, se suma a la campaña de Estados Unidos y de varias democracias occidentales para forzar la salida de Maduro del poder y que los venezolanos vayan a unas elecciones libres.
El heredero de Hugo Chávez cuenta con el respaldo del alto mando de la Fuerza Armada y de Rusia, China, CuBa e Irán, principalmente.
