La Academia Academia Nacional de Ciencias Económicas se pronunció acerca de la crítica situación actual de Venezuela y destacó la necesidad de tomar decisiones urgentes para enderezar los entuertos. Llamó a la suma de voluntades de todo el país para superar el deterioro que se ha acelerado en los últimos tres años en todos los indicadores.
“La Academia Nacional de Ciencias Económicas hace un llamado a las autoridades públicas, los partidos políticos, al sector empresarial, las universidades, los trabajadores y al público consumidor, a concertar los esfuerzos necesarios para producir un cambio fundamental en la conducción de los asuntos económicos y así poder superar la grave situación en que nos encontramos”, señala el texto.
A continuación el texto íntegro del comunicado emitido por la Academia en su portal oficial en Internet.
“La población venezolana viene padeciendo un acelerado deterioro en sus condiciones de vida desde hace tres años. La tasa de inflación, actualmente la más alta del mundo, se une al desabastecimiento, la desmejora de los servicios públicos, la mengua de los salarios, la grave situación de inseguridad y la penuria en que se encuentran los servicios de salud, para empobrecer a las mayorías, no obstante los cuantiosos ingresos captados por el país bajo la presidencia de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera su deber pronunciarse sobre las causas y consecuencias de tan lamentable situación, en beneficio de contribuir con su comprensión y con la formulación de políticas que puedan sacar al país de tal extravío. Si bien este empobrecimiento se ha agravado por la caída en los precios de exportación del petróleo, sus causas anteceden a esta situación. Encuentran sus raíces en el proyecto económico implantado por ambos gobiernos, que ha despilfarrado los enormes recursos percibidos, destruido la capacidad productiva doméstica, alimentado la inflación, y aumentado nuestra dependencia del ingreso petrolero y de proveedores foráneos.
Un cálculo somero de los recursos manejados por el régimen bolivariano entre 1999, su primer año de gobierno, y 2014, da una cifra superior a 1,3 billones[1] de dólares entre ingresos al Gobierno Central, incremento de la deuda pública y gasto social (parafiscal) de PdVSA. El objetivo económico principal proseguido ha sido el de centralizar en manos de la Presidencia de la República estos cuantiosos recursos para su aplicación discrecional con fines políticos. Para ello se desmanteló el marco institucional del Estado de Derecho que regulaba la Hacienda Pública, así como las relaciones entre el Estado y el sector privado, al acceder Chávez al gobierno.
En el ámbito de lo macroeconómico, los proventos de la venta de petróleo en los mercados mundiales pasaron a disposición directa del Ejecutivo para su reparto directo a través de “misiones”, se eliminó en la práctica el control legislativo sobre el gasto público, se estableció un control cambiario que pretende ocultar la devaluación sostenida del bolívar y que reservó el usufructo de las divisas al arbitrio del Ejecutivo, y se acabó con la autonomía del Banco Central de Venezuela. En el plano microeconómico se socavaron los derechos de propiedad y las garantías procesales y para la solución de controversias, se sometió la economía a una serie de regulaciones y controles, y se congeló el mercado laboral, tanto en lo que respecta a su movilidad, como en relación con la contratación colectiva.
Como resultado de estas medidas, el Sector Público Restringido[2] aumentó su peso en la economía venezolana desde un 26% del PIB en el último año del gobierno de Rafael Caldera, hasta un 40% en los últimos cuatro años. Desde el 2010, el déficit público ha superado el 10% del PIB, llegando a ser más del 15% durante el último trienio.
Ello está asociado a una política monetaria expansiva y permisiva. A partir del 31 de diciembre de 2010, la liquidez monetaria se ha multiplicado 10 veces, un 97% de incremento sólo en lo que va de 2015, sin que se haya aumentado el crédito bancario a la inversión reproductiva. Una tercera parte de la liquidez se origina en el financiamiento del BCV al flujo de caja de PdVSA, hecho posible por La reforma de la Ley del Instituto Emisor de 2010.
Por su parte, el régimen de control cambiario implantado desde comienzos de 2003, en vez de impedir la fuga de capitales, fortalecer la moneda y defender las reservas internacionales, se ha traducido en una salida de más de $180 millardos por las cuentas financiera y de errores y omisiones, una caída de las reservas a los niveles precarios de ese año, y una cotización del dólar en la frontera que ha llegado a ser 130 veces superior a la tasa oficial de Bs. 6,30. Y como el otorgamiento de divisas a este último precio está fuertemente racionado y sujeto al arbitrio discrecional de los funcionarios que deciden al respecto, su cotización en el mercado paralelo se ha convertido en referente para la fijación de precios domésticos, impulsando aun más la inflación. Todo lo anterior ha socavado la confianza en el bolívar, que ha dejado de operar como depositario de valor y unidad de cuenta, colocando a Venezuela al borde de la hiperinflación.
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