Economía

10 propuestas para superar la crisis

La Comisión de Finanzas de la AN realizó una serie de consultas para elaborar un cuerpo básico de propuestas a ser presentadas al gobierno y al país para superar la crisis, promover el crecimiento económico sostenido, bajar la inflación y mejorar la inclusión social. Con el fin de dar su aporte fueron invitados los profesores Leonardo Vera, Ronald Balza, Felipe Pérez Martí, Asdrúbal Oliveros, Rodrigo Agudo y, quien suscribe, Víctor Álvarez.

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Este proceso de consultas fue coordinado por una Subcomisión dirigida por el diputado José Guerra y para contribuir a la difusión de sus resultados presentamos en una apretada síntesis las 10 propuestas más importantes que fueron sistematizadas en función de detener el deterioro, superar la crisis económica y evitar un mayor impacto social:

1. Respetar el derecho de propiedad y el Estado de derecho: los países donde los derechos de propiedad están plenamente garantizados son los que tienen mejor desempeño económico y social. La inversión se concreta cuando existen reglas claras y confianza por parte de los inversionistas. Pero en Venezuela las expropiaciones y confiscaciones la han ahuyentado.

2. Disminuir la inflación y mejorar el ingreso de la población: para evitar que el auge inflacionario devore el poder de compra de los salarios hace falta cerrar la brecha fiscal estimada en 15% del PIB, eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, disminuir la tasa de crecimiento de la emisión de dinero y recuperar las funciones del bolívar como medio de cambio y reserva de valor. Igualmente se requiere incrementar la oferta interna de alimentos y medicinas, y estimular la competencia promoviendo la entrada de nuevas empresas al mercado.

3. Apoyar la producción nacional: proveer divisas para la adquisición de materias primas e insumos para los sectores productivos, restablecer las líneas crédito internacionales al cancelar la deuda comercial válidamente contraída, incrementar la generación de electricidad y suministro de agua, garantizar la seguridad personal, eliminar el monopolio de las importaciones públicas y reasignar esos recursos a la compra de bienes nacionales, sincerar precios rezagados para reactivar la producción.

4. Incentivar la diversificación de la economía: mantener un tipo de cambio real que favorezca la producción nacional e incentive las exportaciones no petroleras, impulsar el desarrollo productivo identificando sectores donde haya ventajas comparativas, establecer un programa de compras gubernamentales en favor de la producción nacional, y ejecutar una política de comercio exterior que apoye las exportaciones de productos y servicios nacionales.

5. Unificar gradualmente los tipos de cambio: en Venezuela no existe una política cambiaria sino un sistema de asignación de divisas. Las distorsiones de tres tipos de cambio deben ser sustituido por la unificación de las cotizaciones del bolívar, estableciendo como objetivo que a principio del 2017 se tenga una tasa de cambio única y fluctuante. La unificación cambiaria debe ser complementada con la política monetaria y fiscal para moderar las oscilaciones del tipo de cambio.

6. Flexibilizar el control de precios: la forma más eficiente de asignar los recursos es mediante el funcionamiento eficiente del mercado con su debida regulación. Esto implica modificar o derogar la Ley de Precios Justos y sustituirla por una legislación que estimule la competencia y combata los monopolios. Solo se controlarán precios en situaciones excepcionales.

7. Diseñar una nueva política petrolera: la política petrolera basada en recortes de producción han llevado a perder mercados y a desperdiciar recursos y oportunidades. En adelante se plantea: mantener a PDVSA como empresa estatal y concentrar sus funciones solo en las actividades petroleras, expandir la producción petrolera en la próxima década al menos en 100.000 barriles/año, abrir nuevos espacios a la inversión nacional y extranjera en el negocio petrolero para financiar ese aumento de producción, incrementar la producción de gas y refinados como base de una política de industrialización de los hidrocarburos.

8. Aplicar una política social eficiente para reducir la pobreza: el nivel de gasto social no se corresponde con los resultados obtenidos. Para que la política social sea efectiva debe ejecutarse en un ambiente de estabilidad económica. Subsidios generalizados y dispersos ya no son financiables. Se propone: focalizar los subsidios en todas sus modalidades, otorgar subsidios en bolívares y no subsidios implícitos en divisas que subvencionan la producción extranjera al mantener una moneda sobrevaluada, establecer fondos de participación donde una porción de la renta petrolera vaya directamente a los hogares venezolanos, ordenar las políticas sociales en un sola ente gubernamental.

9. Refinanciar la deuda externa: Con un precio petrolero de 35 $/b, la renta no alcanza para financiar importaciones, pagar los servicios y cancelar la deuda. Conseguir capitales frescos implica diseñar y aplicar un programa económico coherente y creíble. La Subcomisión sugiere: abordar la deuda externa como un problema de Estado, nombrar una comisión bipartidista de la AN que coordine con el Gobierno un plan de refinanciamiento de la deuda externa, propiciar canjes voluntarios de deuda para toda la estructura de vencimientos, evitar solapamientos y gestionar financiamiento con agencias y bancos internacionales.

10. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: La estructura del gasto público en Venezuela presenta una proliferación de fondos y entes que realizan erogaciones fuera de la Ley de Presupuesto, violando el principio constitucional de la unidad del tesoro. Se plantea: consolidar el gasto que realizan los fondos para-fiscales en el presupuesto nacional, facilitar y simplificar los trámites usando las tecnologías modernas, publicar oportunamente las cifras de cualquier naturaleza, aprobar la Ley de Transparencia, someter la Administración Pública Nacional al control constitucional.

Son propuestas sensatas y viables para elevar la calidad del diálogo político y crear los consensos entre los poderes ejecutivo y legislativo en función de acordar un Programa Básico de Estabilización Económica y una Agenda Legislativa para la Reactivación Productiva que permitan superar la escasez, el acaparamiento, la especulación e inflación que azotan a la población.

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