¿Viene un aumento del salario mínimo?

Venezuela tiene el salario mínimo más bajo en América Latina, agravando la crisis humanitaria que signa la vida de millones de personas. En medio de lo que se esperan sean presiones crecientes, como lo fue la movilización de este jueves 12 de marzo que llegó hasta la Asamblea Nacional, todo apuntaría a mantener la política de entregar bonos (otra vez) con montos mejorados o a un incremento bastante modesto del salario mínimo.

A pesar de las expectativas generadas por el aumento en los ingresos petroleros, estimados en alrededor de 32.000 millones de dólares para 2026 gracias a una exportación de 1.100.000 barriles diarios a 80 dólares por barril (o más, según transcurra la guerra contra Irán) los economistas venezolanos coinciden en que un ajuste significativo no es inminente.

Las razones radican en restricciones presupuestarias, la ausencia de reformas estructurales en la legislación laboral, la opacidad en las cifras fiscales y el riesgo de inflación descontrolada si se opta por incrementos no sostenibles.

Con el uso de la herramienta de inteligencia artificial Grok hicimos una búsqueda de las opiniones recientes de destacados economistas venezolanos como Asdrúbal Oliveros, Luis Oliveros, José Guerra, Tamara Herrera y Hermes Pérez, quienes -a través de entrevistas, publicaciones en redes y foros públicos- han explicado por qué, pese a la disponibilidad de recursos adicionales, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no puede —o no debe— decretar un aumento masivo en el corto plazo.

Sus puntos de vista revelan un consenso: cualquier ajuste debe ser realista, gradual y respaldado por reformas profundas para evitar repetir errores del pasado, como los que llevaron a la hiperinflación entre 2017 y 2019.

Insisten en cada una de sus intervenciones públicas en la necesidad de solvencia fiscal, productividad y transparencia para una recuperación salarial genuina.

Asdrúbal Oliveros, uno de los analistas más consultados en el país, ha sido enfático en que la recuperación real de los salarios depende de tres factores centrales: solvencia económica, disciplina fiscal y reformas estructurales en el Estado y el marco laboral. En una entrevista radial proyectó importantes ingresos adicionales este año, impulsados por el conflicto en Medio Oriente que eleva los precios del petróleo. Sin embargo, advirtió que un incremento del salario mínimo a 200 dólares comprometería casi la totalidad del excedente estatal, dejando poco margen para inversiones en infraestructura y servicios públicos.

«Sé que es lo justo que el sueldo mínimo arranque en unos 200 dólares y vamos a decir que 100 dólares las pensiones. Estamos hablando de que prácticamente todo el excedente se iría para cubrir los salarios, y el Estado es más que los empleados», afirmó Oliveros.

Según sus estimaciones, un ajuste realista se situaría alrededor de los 100 dólares para el salario mínimo y entre 50 y 80 dólares para las pensiones, considerando los ingresos petroleros proyectados y los compromisos existentes.

Luis Oliveros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Metropolitana (Unimet), comparte una visión similar, centrada en la restricción presupuestaria que limita cualquier aspiración de incremento salarial significativo. En una entrevista radial, Oliveros explicó que el Estado venezolano «no tiene en estos momentos la capacidad, ni la tendrá en el corto-mediano plazo para hacer mejoras salariales importantes».

Oliveros apuntó que la complejidad radica en la nómina pública inflada —millones de empleados y pensionados dependen del Estado— y en la necesidad de equilibrar el gasto sin generar más inflación.

A su juicio, cualquier ajuste debe priorizar productividad y sostenibilidad a largo plazo, ya que decretos unilaterales sin respaldo fiscal han demostrado ser contraproducentes.

El exdiputado José Guerra, profesor universitario en Economía, aunque propone incrementos, enfatizó que estos deben ser financiables y no inflacionarios, lo que implica que no son inminentes ya que deben consensuarse en el alto gobierno, junto con otros factores de la vida nacional.

En un foro sobre la situación económica, Guerra concluyó: «Hay que aumentar el salario mínimo en un monto que sea financiable». Su propuesta es incorporar bonos al salario progresivamente y revisar cada tres meses según la devaluación, pero insiste en un nuevo sistema laboral y de previsión social.

Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, destacó la rigidez de la legislación laboral como barrera principal para un ajuste inminente. En un análisis reciente, Herrera explicó que los salarios no suben porque la ley impone compromisos «imposibles e insostenibles» tanto para el Estado como para las empresas.

Herrera sostiene que, sin reformar la Ley del Trabajo, cualquier discusión salarial se basa en datos débiles, y el gobierno de la presidenta encargada no cuenta con recursos para un aumento suficiente.

Hermes Pérez, profesor de la Universidad Metropolitana y analista económico, reconoce que hay recursos para un ajuste, pero advirtió que la opacidad y la falta de un plan estratégico lo hacen no inminente. En un foro, Pérez afirmó que el Estado tiene capacidad fiscal para al menos 100 dólares, pero «existe dinero en las arcas para poder aumentar el salario mínimo» solo si se hace progresivamente.

Pérez señaló que sin diagnóstico claro de la nómina estatal y reformas legales en materia laboral y de prestaciones, un aumento podría no ser viable pronto.

Venezuela acumula cuatro años sin ajustes en el salario mínimo y pensiones, el período más largo en 29 años, según la ONG de derechos humanos Provea. La interrogante es cómo lidiará la presidencia de Delcy Rodríguez con este asunto. Es posible que en el corto plazo no decida un aumento o que en caso de anunciarlo sea más bien modesto. Esto a su vez puede ser un catalizador del malestar social contenido entre gremios, especialmente del sector público.

Los anuncios de reactivación petrolera a gran escala y ahora la crisis que rodea a Irán no han hecho otra cosa que aumentar las expectativas de que Venezuela tendrá nuevamente un maná de recursos vía petróleo. Si bien los economistas recomiendan prudencia, gradualidad y reformas laborales, desde Miraflores se guarda silencio, por ahora.