Vinculan a colectivos y paramilitares con desapariciones en el estado Táchira

Pocas personas se atreven a denunciar a viva voz lo que parece haberse convertido en una práctica habitual en este territorio. Pero la fundación Redes, una ONG pro defensa de los derechos humanos, cuenta entre cuatro y cinco desapariciones por semana en los municipios del Táchira fronterizos con Colombia: Bolívar, Pedro María Ureña y Rafael Urdaneta.
Las desapariciones forzosas han sido vinculadas directamente con las operaciones de los grupos irregulares en territorio venezolano y colombiano.
Las pintas en las paredes, a lo largo de varias calles de la frontera revelan la presencia de irregulares, “colectivos armados”, como se hacen llamar.
Para muchos el arribo de estas organizaciones ilegales ha sido el comienzo de una pesadilla, aunque para otros la solución a ciertos males.
Cerro arriba, después de ascender algunos kilómetros en motocicleta por calles de cemento, empinadas, se llega al punto donde se divisa toda la Villa Heróica (San Antonio del Táchira), inclusive la rivera del rio Táchira que separa a Venezuela y Colombia.
En ese paraje, conocido como “El Cerro de la Cruz”, Teresa Blanco (los nombres han sido cambiados para este reportaje, para protegerla de represalias) es conocida como una líder comunal y como madre de uno de los desaparecidos.
El 1º de junio del año pasado un grupo de hombres llegó a la casa donde residía el hijo de Teresa con la familia, lo llamaron y cuando salió Francisco a la puerta, «los desconocidos hablaron con él… Luego se lo llevaron a la fuerza y nunca ha regresado, recuerda con lágrimas en los ojos la desconsolada madre.
“Antes de llevárselo entraron a la casa y lo arrodillaron a él y a la esposa, con pistola en la cabeza le gritaban: ¡perra lo vamos a matar si no entrega la plata! Ella no sabía de qué plata le hablaban porque no tenían nada. Voltearon la casa buscando armas o plata y nada consiguieron”, relata en medio de la tristeza.
Francisco era el menor de los siete hijos de Teresa. Al momento de la desaparición tenía 29 años, vivía en la comunidad de Llano Jorge, a pocos metros de la frontera del municipio Bolívar con el departamento colombiano de Norte de Santander.
Una zona caliente no solo por la temperatura (34ºC en promedio). Allí los conflictos violentos entre grupo armados en las cercanías a la línea limítrofe con Colombia son continuos.

Inesperadas ráfagas de disparos, interrumpen el silencio del caserío. La intensidad de las detonaciones se escucha hasta en el puente internacional Simón Bolívar, donde en innumerables ocasiones los transeúntes se ven obligados a lanzarse al pavimento para no ser alcanzados por una bala perdida.
La madre cuenta que Francisco hace unos años atrás trabajó en una fábrica de pantalones en San Antonio del Táchira. Con el cierre de la frontera en agosto de 2015, el negocio no logró sobrevivir y cerró sus puertas.
Francismo compró una motocicleta y se unió a una línea de moto taxis.
“Aquí todo se acabó. Él tenía que rebuscarse…como lo hace todo el mundo, incluyendo a los militares y lo mismo que hacen los grupos que tienen el control. Mi hijo se rebuscaba pasando gasolina a Colombia por las trochas. Se ayudaba así”, explicó.
Teresa muestra cansancio físico, a pesar que solo tiene 62 años aparenta más. El sufrimiento de no saber dónde está el menor de sus hijos la tiene mal, es diabética y hace mucho tiempo no toma sus medicamentos con regularidad.
“Él me los compraba en Cúcuta”, dice.

Desconoce si su hijo tenía algún trato con los grupos irregulares que operan en la frontera. “Aquí la gente tiene que tratarse con el que esté, si no, la matan”.
Francisco dejó dos hijas de cuatro y dos años de edad, las niñas fueron testigo de lo que le sucedió a su padre. La mamá de las pequeñas huyó a Colombia, fue amenazada de muerte y hasta ahora su rumbo es desconocido.
En medio del dolor por la desaparición del muchacho, la madre ha tratado por todas la vías de entablar conversaciones con los posibles captores o quienes puedan dar alguna información sobre su paradero.
“Yo subí a donde todos sabemos que están, me reuní con un fulano comandante Fidel. Le pregunté por mi hijo, me dijo que lo había ajusticiado la revolución. Que no lo esperara porque él no iba a volver. Le pedí que me entregara el cadáver que yo quería hacerle el entierro. Me respondió que no, no me lo va a entregar”, reveló consumida en llanto.

Luego de una prolongada pausa y de secar las lágrimas, Teresa dice que tiene una situación “dura” y que más allá del dolor que representa la desaparición del hijo, ella está “muy dolida”, la razón: siempre fue una fiel seguidora de la revolución y del ex presidente Hugo Chávez.
“Yo apoyaba la revolución. Toda la vida luché por ellos, luché por Chávez, siempre voté confiando y mire cómo me pagan, ahora no quiero saber nada de ellos”.
Se describió como una mujer “frentera” para defender al difunto ex presidente hasta el último momento.
Dijo haber también apoyado y votado por el presidente Nicolás Maduro, inclusive, “le defendí los votos en la frontera, fui testigo de mesa”, nombrada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”, agrupación política donde aún permanece inscrita.
De su mesa de noche, Teresa sacó como reliquias los recuerdos que guarda de sus años como revolucionaria, fotografías donde se ve acompañada de dirigentes políticos, entre ellos Aristóbulo Isturiz, Jorge García Carneiro, Ronald Blanco La Cruz, entre otros.
“Uno sabía que la guerrilla existía en Venezuela pero Chávez no les daba libertad de secuestrar. Si él viviera mi hijo estaría conmigo, no lo hubieran desaparecido, ni le hubieran quitado la casa. Porque se metieron a la casa y se adueñaron de ella…Mis niñas no tienen casa, se las quitaron. Yo las llamó las niñas del limbo porque de pronto así quedaron, en el aire”, narra haciendo referencia a sus nietas.

Está convencida que el gobierno venezolano es el responsable de la desaparición de su hijo, a su juicio la Fuerza Amada Nacional Bolivariana, (FANB) tiene conocimiento de lo que sucede en la frontera.
“Arriba en Llano Jorge está el Ejército, la Guardia (Nacional) y la guerrilla o colectivos a la vez. Yo ejercí mi derecho y fui a hablar con las fuerzas armadas que son las garantes de la soberanía de la nación porque (los secuestradores) se trataba de un grupo irregular, no son legales”, afirma.
Acusó al mismo grupo irregular de la desaparición de otros venezolanos en la zona de frontera.
Culpa al gobierno de dar carta abierta, logística y armamento a los guerrilleros y hasta de usarlos para entrenar a los grupos colectivos chavistas (civiles armados adscritos al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela).
“Eso aquí todo el mundo lo sabe, que a los colectivos los llevaban y la guerrilla era la que los entrenaba. Yo los vi, eran más de 100 muchachos que enseñaban a disparar”, dice.
Quienes se atreven a revelar detalles de la situación que allí se vive, comentan que los soldados del Ejército venezolanos no tienen el control de la zona. Inclusive, en medio de los enfrentamientos que se han dado allí los lugareños aseguran haber visto cómo los irregulares sacan de determinados espacios a la tropa nacional.

De acuerdo a información obtenida de fuentes militares venezolanas de alto rango, no solo los colectivos o grupos de choque han recibido entrenamiento, también los milicianos.
Un informe presentado por la ONG Redes  revela que dichos grupos han sido dotados de fusiles para la defensa de la revolución.
“Los colectivos están armados en la frontera y andan a sus anchas, actuando de manera impune bajo la mirada complaciente del gobierno venezolano”, denunció Redes en el documento.
Del otro de la frontera

“¿Dónde está mi hermano?” vociferaba Ingrid Muñoz, hermana de Marlon Muñoz, desaparecido desde octubre de 2017, en la fronteriza ciudad de Cúcuta.
En medio de una protesta el 8 de febrero, cuando el presidente Juan Manuel Santos visitaba la ciudad colombiana, la mujer exigió a las autoridades de ese país celeridad en las investigaciones.
Con pancartas y atravesándose en plena vía pública por donde transitaba el mandatario colombiano, Ingrid reclamaba a la policía de Colombia el no haber hecho lo que ella considera suficiente en el caso de su hermano.
Denunció que la frontera está abandonada y por eso ocurren delitos de este tipo.
“Volvieron mierda la frontera y nadie dice nada…si mi hermano está muerto yo quiero ir a donde está… queremos tener un sitio dónde rezarle, dónde llorarlo. Sabemos que aquí hay fosas, hay gente enterrada en el sector “La Isla”. No más desapariciones forzosas en la frontera”, reclamó la mujer.

Jacinto Jaimes, integrante del grupo defensor de los derechos humanos, “Comunidad de Naciones”, afiliado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y establecido en la población de Ureña, señaló que en enero de este año había un registro de cuatro desaparecidos en la zona.
Lamentablemente, dijo el activista, los familiares de los desaparecidos sólo buscan a la ONG para que les brinden asesoría legal al momento de identificar o repatriar los cuerpos desde Cúcuta, Colombia, hasta Venezuela.
“Cuando acuden a la organización es para que los apoyemos en el traslado del cadáver que aparece en Colombia y es traído a Venezuela. Nosotros apoyamos con los protocolos de identificación plena del cadáver para que lo entreguen porque en su mayoría son venezolanos”, dijo el abogado.
Los cadáveres generalmente son encontrados en el lado colombiano de los caminos verdes o trochas (pasos fronterizos no controlados por los agentes del Estado).
“Desaparecen sin dejar ningún rastro, las ejecutan en Colombia y luego liberan los cuerpos por ahí. Los recoge el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Colombia y los lleva a medicina legal, allí permanecen por 15 días hasta que los familiares los reclamen. Si en ese tiempo no hay quien los busque son llevados a una fosa común en el cementerio municipal de Cúcuta”, explicó.
La Fiscalía del Ministerio Público del departamento Norte de Santander, ha constado la aparición de las fosas comunes con cadáveres de personas desaparecidas en Venezuela y que eran buscadas por las autoridades.
Cuando se les pregunta a los familiares de los desaparecidos sobre la ocupación de sus parientes, ellos señalan que se dedican al comercio ilegal en la zona.
“Es bien sabido que existen dos grupos disputándose el control del contrabando, cuando quien lleva el contrabando hacía Colombia le paga el impuesto de guerra a los grupos paramilitares, al otro grupo no le gusta que le paguen a paramilitares sino a ellos y por eso se toman medidas”, dice Jaimes.
Impusieron su ley

La zona fronteriza está controlada por grupos colectivos que patrullan a cualquier hora del día las calles y avenidas, asintió el empresario, ex presidente de Fedecámaras Táchira y habitante de San Antonio, José Rozo.
Reveló que estas agrupaciones se han concentrado en la comunidad de Llano Jorge y desde allí iniciaron el control del contrabando de combustible que permiten a cualquier hora del día, inclusive sin cobrar un impuesto.
La venta de combustible de manera clandestina en la zona de frontera es conocida por todos y su venta ha aumentado.
“La gasolina es lo único que se puede contrabandear en la zona. El contrabando de alimentos no se permite, como lo hacían los llamados paramilitares”, expuso Rozo.
“¿Si estos grupos no extorsionan, ni secuestran, no contrabandean, ni cobran a quienes pasan la gasolina desde Venezuela a territorio Colombiano, de qué viven?”, se pregunta al cuestionar la verdad oficial.

Para el empresario mantener una tropa de entre 30 a 40 hombres representa un gasto económico considerable en relación a alimentación, alojamiento, armamento y municiones. Rozo insiste que a los grupos armados que hacen vida en la localidad limítrofe con Colombia no se les puede catalogar como guerrillas.
“No son guerrilleros. Las guerrillas tienen como propósito llegar al poder a través de la lucha armada, no son creadas para defender gobiernos. Los grupos que operan en la frontera son paramilitares o fuerzas paraestatales, constituidas por los gobiernos para combatir las guerrillas y defender al mismo gobierno ante guerras internas provocadas por grupos guerrilleros”.
Etiquetarlos como guerrilla confunde a la población, a la que logran intimidar, mientras contrarrestan la actuación de los grupos delincuenciales provenientes de Colombia.
“En la frontera lo que existe es delincuencia armada, denominada colectivos armados. Además de grupos paraestatales que se desprenden de la desmovilización de paramilitares del país vecino”, señala.
Entre los años 2006 y 2008 el ex presidente regional de Fedecámaras, alertó al gobierno venezolano sobre el control ejercido en la frontera por parte de grupos irregulares. Luego de la desmovilización (facilitada por los acuerdos de paz en Colombia) siguieron delinquiendo.
“De esta situación provienen las guerras entre ambos grupos por el control de las trochas o pasos ilegales de Venezuela a Colombia”, afirma.
Los grupos paraestatales o paramilitares arribaron a Llano Jorge un día antes de la elección de la Asamblea Constituyente impuesta por el chavismo el 30 de julio de 2017.
Desde entonces se fueron imponiendo normas de carácter político y social en la comunidad que antes era resguardada por el Ejército venezolano.
En Llano Jorge nadie habla. El temor de los habitantes al percatarse de la presencia de alguien ajeno a la comunidad es evidente…Corren, tiran las puertas de las viviendas y quien está en la calle esquiva miradas y saludos para evitar cualquier encuentro que los pueda conllevar a responder preguntas.
Parados en esquinas y bajo la sombra de cualquier árbol de “cují”, se perciben las miradas cómplices de quienes vigilan cada paso de los habitantes y transeúntes del lugar.
Quienes viven en Llano Jorge conocen la realidad latente y diaria del lugar que luego de las 10 de la noche nadie se atreve a recorrer sin autorización previa.
A la medianoche, habitantes del sector Cayetano Redondo y Libertadores de América de San Antonio, cercano al lugar, escuchan el tropel de personas que marchan por los cerros…»uno no sale, ni dice nada porque ya sabemos que son los botas de caucho que salen a vigilar el pueblo”, dijo una pobladora que prefiere mantener en anonimato su identidad.
Botas de caucho, de media pierna, son las que usan los miembros de grupos irregulares.
Algunos habitantes del sector dicen estar agradecidos y dan fe de que este grupo paramilitar ha hecho «limpieza social». Pero otros los vinculan a desapariciones forzosas, asesinatos y desplazamiento de extorsionadores hacia territorio colombiano, señala Rozo.
Al caer la tarde el flujo de inmigrantes disminuye por el puente Simón Bolívar y mientras los vendedores informales se retiran a luchar por un lugar para dormir en cualquier calle de San Antonio, sobreviene la noche y con ella el cierre formal de la frontera, para dar paso a una realidad que grita entre el silencio del llamado “pueblo sin ley”.]]>