Seis de cada 10 trabajadores no tienen estabilidad laboral

La última data disponible del INE, enero de este año, revela que en el país hay 13.100.203 trabajadores, de los cuales 58% (7.695.649) están en el sector formal, mientras que el restante 41,2% (5.394.922) trabaja en el informal. El mismo reporte detalla que comparado con enero del año anterior 205.697 personas pasaron a ser “trabajadores por cuenta propia”.
Aunque en el reporte oficial no se precisa con qué beneficios cuentan los empleados, una encuesta sobre Condiciones de Vida realizada en 2014 en 1.479 hogares por investigadores de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar, indica que al menos seis de cada diez trabajadores en el país carecen de estabilidad laboral.
En el estudio se señala que del total de ocupados 37% no tiene contrato; 12% tiene un acuerdo verbal; 13% cuenta con un contrato a término y 38% tiene un contrato a tiempo indefinido. “Es decir que existe una alta probabilidad de que estos trabajadores queden sin empleo y ello ocurre en un contexto sin institucionalidad que lo respalde. No hay por ejemplo un seguro por desempleo”, detalló Genny Zúñiga, profesora de la UCAB a cargo de la investigación.
Agregó que 80% de los ocupados no está afiliado a sindicatos y más de la mitad carece de beneficios que cualquier empleo debe otorgar (ley de política habitacional, guarderías, seguro social, caja de ahorros, vacaciones, prestaciones, contratación colectiva). “Lo que representa altos niveles de desprotección”, dijo.
La investigadora insistió en que el indicador de empleo no debe confundirse con un indicador de bienestar y aseguró que la caída del aparato productivo en el país ha hecho que se incrementen los puestos de trabajo en sectores como comercio con una menor calificación. “En el país está cambiando el valor del trabajo, pues es solo un medio para tener recursos y no parte del bienestar personal”, expresó.
– Conflictividad en aumento-
Para Maryolga Girán, abogada y presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria, las condiciones económicas del país están dadas para que sigan aumentando los puestos de trabajo en el sector informal en el que los trabajadores son más vulnerables.
“Por un lado tienes un gobierno bastante comprometido económicamente, con menos recursos para contratar, y por el otro tienes a una empresa privada que no está creando nuevos puestos de trabajo y que no está aprobando aumentos, más allá que los contemplados en las contrataciones colectivas, por la misma contracción y la caída de la producción”, dijo.
Coincidió con Zúñiga en la migración de los trabajadores a sectores como el comercio y dijo que una de las causas son los beneficios que surgen a partir de la especulación por ejemplo con la venta con sobreprecio de productos regulados.  “Hay personas que están en el sector formal con un salario mínimo de Bs 5.622,48 y ven como algo más rentable dedicarse a lo que han llamado el bachaqueo. Puede que decida incluso invertir las prestaciones sociales en productos de la cesta básica que luego venden hasta cinco veces por encima de su valor”, dijo.
Insistió en que se ha “pervertido por completo la cultura de trabajo” y agregó que se ha exacerbado la conflictividad entre otras cosas, por la disminución en la producción a propósito de las fallas de abastecimiento de los insumos.
“Ahora únicamente en Carabobo hay mucha conflictividad. Se ha acelerado por efecto de los dos laudos de la inspectoría de trabajo que autorizan el despido de los trabajadores de General Motors y Chrysler. Además hay trabajadores protestando en Alambres Vicson y Bigcola, por ejemplo”.
Se refirió también a los trabajadores de Empresas Polar, que han extendido una campaña denominada “Plan Garra”, con la que muestran su solidaridad con la compañía ante una posible intervención por parte del Ejecutivo.
– Deudas pendientes – 
Representantes sindicales del sector público y privado han insistido en que mantendrán las actividades hasta que alcancen las reivindicaciones exigidas a los patronos, y se atiendan las denuncias que han realizado.
Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, rechazó que en el país no se hayan terminado de asumir a los trabajadores bajo la figura de tercerizados a pesar de que el próximo 7 de mayo se acaba el plazo otorgado por la Ley Orgánica de Trabajo para que las empresas los absorbieran.
Además aseguró que desde el gobierno se ha “criminalizado la actividad sindical” y denunció que no se ha dado libertad a Leyni Quijada, Rederick Laiva y Herberto Bastardo, tres dirigentes de Sidor que fueron presos el año pasado por participar en protestas.
“Este año llevaremos ante la Organización Internacional del Trabajo más de 30 casos de violaciones laborales que hay en el país, el año pasado introdujimos 9 quejas. Lamentablemente en Venezuela hay un silencio administrativo cómplice por parte del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo.
Por su parte, Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional Unitaria de Empleados Públicos, recordó que desde diciembre está paralizada la discusión del contrato colectivo marco 2014-2016 e hizo un llamado al Ejecutivo para que presente la contraoferta de las cláusulas económicas.
“Nosotros entendemos que la realidad económica del país es otra y no tenemos problemas en revisar las cláusulas, pero queremos que se reanude la discusión. Nos preocupa que se está acumulando la discusión de otros contratos colectivos, como el del sector construcción, así como las jubilaciones que hay en la administración pública”.
Refirió que esta semana hubo una reunión entre representantes sindicales de Fedeunep y la Fentrasep, pro oficialistas, para exigir celeridad en la discusión.
Agregó que aplaudirían si el presidente Nicolás Maduro anuncia un nuevo aumento de sueldo el Día del Trabajador, pero aseguró que lo que quieren es un conjunto de beneficios. “Nos interesa más, claro está, el contrato marco. Nos preocupa como golpea la inflación cuando hay que ir a un prestador de salud privado. Por eso queremos un paquete completo de beneficios”, dijo.
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